El rey Juan Carlos dejará de percibir este año 161.034 euros de su asignación

El rey emérito dejará este año de percibir 161.034 euros por la decisión de Felipe VI de retirar a su padre la asignación presupuestaria que venía percibiendo hasta el momento.

La casa real ha publicado este lunes en su página web el estado de liquidación de su presupuesto a fecha de 31 de marzo, quince días después de que el rey hiciera pública su decisión, el pasado 15 de marzo.

Don Juan Carlos ha percibido este 2020 la cantidad de la asignación correspondiente a esos dos meses y medio, del 1 de enero al 15 de marzo, que estaría en torno a los 40.000 euros.

Los 161.034 euros que dejará de recibir pasarán a incrementar el fondo de contingencia del Presupuesto de la casa real.

Felipe VI también renunció a la herencia de su padre

Fue el pasado 15 de marzo, un día después de que se decretara el estado de alarma por la pandemia del COVID-19, cuando Felipe VI compartió públicamente su decisión de renunciar a la herencia que personalmente le pudiera corresponder de don Juan Carlos, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen pueda no estar en consonancia con la legalidad o con criterios de rectitud.

En ese momento también anunció que el rey emérito dejaría de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey, una cifra que en la actualidad era cercana a los 200.000 euros, ya que el último dato publicado en la web de la casa real corresponde a 2018 y ascendía a 194.232.

El comunicado de la casa real llegó después de que varios medios publicaran informaciones en las que Felipe VI aparecía como beneficiario de una sociedad offshore creada por su padre y vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí.

Recientemente, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación que trata de aclarar el destino de 80 millones de euros que, según la empresaria Corinna Larsen, se habrían repartido, entre otros, el rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011. Esa investigación está vinculada a un posible delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.