Argentina presidirá la Alianza Global de Gobierno Abierto

La delegación argentina, presidida por Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete de la Nación y secretario de Gobierno de Modernización, se encuentra en Ottawa participando de la Cumbre Global de la Alianza del Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés). En este contexto, el Gobierno de Argentina fue elegido para ejercer la presidencia del organismo en un mandato que durará un año a partir del 1 de octubre de 2019.

“Es un gran reconocimiento para Argentina, por el compromiso y el trabajo que se viene realizando. La tecnología y los datos siempre estuvieron, pero por mucho tiempo la tendencia fue difundir información que únicamente muestre logros y esconder aquella que desacredite. Por eso, en 2015 nos propusimos pasar de un Estado cerrado que favorecía las prácticas oscuras a un Estado abierto que pone toda la información a disposición y garantiza la transparencia absoluta en los actos de Gobierno. ‘ expresó Andrés Ibarra, Vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Es la primera vez en la historia que un país sudamericano presidirá ésta organización, que reúne 80 gobiernos nacionales y 20 subnacionales teniendo como objetivo la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia gubernamental. El traspaso será en septiembre, en un evento que se realizará en marco de la Asamblea de la ONU en Nueva York, Estados Unidos.

Además, durante la visita a Ottawa, Ibarra mantendrá reuniones bilaterales con funcionarios locales e internacionales, miembros de asociaciones civiles y referentes de tecnología. Entre ellos la Ministra de Gobierno Digital de Canadá, Joyce Murray, el Director de la Práctica Global de Gobernanza de Banco Mundial, Jim Brumby, la Comisionada de Asuntos Digitales de Alemania, Dorothee Bär, el Responsable de Asuntos Digitales del Gobierno Francés, Henri Verdier, y el referente internacional de la web, Tim Berners-Lee, entre otros.

Como presidente, Argentina apoyará a los nuevos miembros para desarrollar un plan de acción que les permita implementar una política de apertura y promoción de la transparencia, aplicar los más altos estándares de integridad y lucha contra la corrupción a través de la rendición de cuentas públicas e incrementar la participación ciudadana.

Estamos sentando las bases sobre las que crece un país, construyendo un Estado que cumple con sus obligaciones, dejando atrás años de oscuridad. Aún queda mucho por hacer, pero ser el primer país sudamericano en presidir la OGP, nos motiva a seguir consolidandonos como un referente de la materia en la región”, concluyó Ibarra.

Avances de transparencia en Argentina

> Licitaciones/obra pública: se rompió con la cartelización y bajaron los precios un 40%, generando un ahorro de más de 100 mil millones de pesos. Hoy se presentan más de 15 empresas por licitación. Antes se presentaban sólo 3.

> Compr.AR y Contrat.AR: Sistemas en línea para la compra de bienes y servicios del Estado y donde se pueden ver las futuras licitaciones, las inscripciones de proveedores, montos y pliegos. Ya se encuentran inscriptos más de 25.000 proveedores y se han ejecutado 2 millones de pesos en procesos ya iniciados. Previamente este tipo de procesos solían darse de manera discrecional y sin ningún tipo de transparencia.

> Argentina pasó del puesto 54 al 17 según el Índice Global de Datos Abiertos.

> Hackatones de Innovación: Encuentros de trabajo entre la ciudadanía y equipos de gobierno para desarrollar en conjunto soluciones innovadoras a problemas concretos.

> Datos.gob.ar: Presenta información de la gestión en formato abierto para los ciudadanos. Más de 800 sets de datos (distribuidos en 24 portales) como sueldos de funcionarios, declaraciones juradas, audiencias públicas, presupuesto, pauta oficial, etc.

> Ley de Acceso a la Información Pública: ya hubo más de 3 mil consultas públicas. Previamente cualquier consulta de información pública era desestimada automáticamente.

> Oficina anticorrupción: Tiene como objetivo controlar y publicar las Declaraciones Juradas de los funcionarios, y evalúa las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito, incompatibilidad o conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública.