Duro informe sobre Fútbol para Todos

La Justicia tiene en sus manos un lapidario informe de la Auditoría General de la Nación sobre Fútbol para Todos, que la AGN no puede dar a conocer porque aún es preliminar, porque el gobierno retrasa información. La jueza María Servini de Cubría, que investiga supuestos desmanejos del gobierno y de la Asociación del Fútbol Argentino relacionados con los millonarios fondos asignados, le pidió a ese organismo que de todos modos le envíe los datos. Los integrantes del cuerpo de la Auditoría, que encabeza Leandro Despouy, no terminaron de aprobar el informe, por la demora de la Jefatura de Gabinete en efectuar su descargo sobre las imputaciones. En el último oficio enviado por el juzgado, fechado el pasado 5 de marzo, Servini de Cubría había insistido con reclamar la documentación. En ese mismo escrito, además, la magistrada había solicitado a la Auditoría un perito contable “para prestar colaboración por la gran cantidad de documentación a peritar y la copiosidad de la misma”. La AGN aclaró a la jueza que no realiza pericias, sino auditorías, aunque designó a una persona para que colabore con los peritos oficiales en el estudio de la documentación. Defraudación La investigación de Servini de Cubría, rotulada “Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y Asociación del Fútbol Argentino s/defraudación contra la administración pública” se inició el año pasado luego de una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña. Además de dirigentes del fútbol, en la investigación quedaron imputados los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina y el actual jefe de ministros, Aníbal Fernández. Según la denuncia de Ocaña, los supuestos desmanejos se habrían realizado en el reparto de unos 3.084 millones de pesos destinados al fútbol entre el 2009 y el 2012. Hacia fines del año pasado, la jueza impulsó más de veinte allanamientos en las sedes de diversos clubes en la búsqueda de documentación. Entre los detalles más polémicos trascendieron la falta de control sobre el saneamiento financiero de los clubes, diferencias millonarias en la ejecución presupuestaria y la sumatoria de órdenes de pago ($ 2.967 millones contra $ 2.788), ausencia de cláusulas que permitan al Estado monitorear la ejecución del gasto por parte de la AFA y numerosas deficiencias e irregularidades en el pago a proveedores y prestadores; con predominio de contrataciones directas con las mismas empresas (La Corte en la producción de los partidos, VTS en los móviles y Farolito International Entertainment por “servicios de producción técnica integral y servicios de relator y comentarista de primer nivel”).