Nación debe a los bomberos voluntarios $ 59 mil millones de un impuesto a los seguros

Una comunicación votada por unanimidad en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe pone el foco en la arbitraria (e ilegal) retención de fondos de un gravamen con asignación específica, que pone en riesgo la labor de los bomberos voluntarios de todo el país.

El senador por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla, logró el apoyo de sus pares para la aprobación de un proyecto de comunicación cuyo tema central es la enorme deuda que el gobierno nacional tiene con esos servidores voluntarios.

Por razones de formas, el texto no se dirige directamente a la Casa Rosada en Buenos Aires, sino que solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de los organismos correspondientes, eleve los reclamos planteados por la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

En pocas palabras, la Cámara busca con su pronunciamiento fortalecer el reclamo de los bomberos voluntarios que la semana pasada se manifestaron con un sirenazo a nivel nacional.

En sus fundamentos, Borla considera que los Bomberos Voluntarios "constituyen un servicio esencial para todas comunidades y cumplen una función indispensable en la prevención y atención de emergencias, sostenida diariamente por el compromiso, la capacitación y la vocación de miles de hombres y mujeres".

La Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios ha expresado públicamente su preocupación ante distintas situaciones que afectan el funcionamiento y la capacidad operativa del sistema.

Entre ellas la falta de transferencia de fondos legalmente previstos, las dificultades para la adquisición de vehículos y equipamiento de emergencia y la falta de aplicación integral de las herramientas de fortalecimiento contempladas por la legislación nacional.

El sistema se financia a partir de aportes directos de los particulares. Cada vez que se contrata un seguro para un vehículo en la Argentina el 0,5% (cinco pesos por cada mil) son recaudados por la Superintendencia de Seguros de la Nación y de allí deberían ir a los cuarteles. Pero eso no sucede desde 2025.

Una ley del menemismo

El reproche a la gestión libertaria es que no cumple la Ley Nacional Ley Nacional N° 27.629 de 2021, que creó el Fondo Nacional de Bomberos Voluntarios y los impuestos para sostener a los más de 1.100 cuarteles que existen en todo el país.

Esa ley reformó otra muy anterior, de 1998, cuando gobernaba el presidente peronista Carlos Menem. Fue en ese gobierno que se iniciaron los aportes desde el Estado a los cuerpos de bomberos voluntario.

Curiosamente, a la gestión menemista hoy la reivindican las actuales autoridades políticas en numerosos aspectos. Pero se incumple lo que ordena la ley en cuestión, que creó un gravamen para sostener los cuarteles.

Rutas concesionadas

El reclamo de las asociaciones y la federación de los bomberos voluntarios también comprende la "implementación de mecanismos que contemplen la compensación de los gastos derivados de la atención de emergencias en rutas concesionadas".

Los bomberos ponen recursos propios, vehículos, equipamiento y personal para intervenir en siniestros sobre esas trazas y reclaman que los nuevos contratos de la Red Federal de Concesiones, impulsada por el Gobierno mediante el Decreto 97/2025, incorporen mecanismos obligatorios de compensación.

La propuesta incluye una contraprestación mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y una compensación por eventuales daños sufridos por los cuarteles que intervienen en accidentes sobre esas rutas.

El planteo abre así otra discusión: quién debe afrontar los costos de un servicio de emergencia cuando el siniestro ocurre dentro de corredores concesionados a empresas privadas.