La marcha universitaria pone en foco las críticas a las medidas de ajuste

Convertida en el principal foco de atención política de la jornada, la Marcha Federal Universitaria movilizará hoy en todo el país a estudiantes, docentes, egresados, rectores, investigadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil en rechazo al ajuste del presupuesto de las universidades públicas.

La convocatoria es "contra del ajuste presupuestario" de las universidades, que -según advierten- dejó a los fondos para la educación superior en su piso histórico y podría llevar a la caída del sistema de estudios público.

Desde el gobierno nacional hubo intentos por desactivar la protesta, centrados en un aumento de las partidas para gastos de funcionamiento (no salarios) y en un discurso centrado en acusaciones por falta de transparencia en el manejo de los fondos, adelantando que se pondrán en marcha auditorías, así como también del “adoctrinamiento” que atribuyen a las Casas de Estudio. También hubo gestiones específicas a través de contactos con rectores y vicerrectores para pedir que se deje sin efecto la marcha o se reduzca su voltaje, aunque ya sin margen para ello.

Partidas de último minuto

En las últimas horas, un comunicado del Ministerio de Capital Humano, del que depende el área de Educación, informó que se transfirieron a las 65 universidades públicas poco más de $21.888 millones.

“Tal como estaba planificado cuando se estableció el cronograma de pagos con el CIN, en el día de hoy se realizó el depósito del 100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, con un aumento del 70% y por un total de $10.075.851.995, lo que concluye la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior”, indicó la cartera que dirige Sandra Pettovello.

“Este gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y la ejecución de toda partida asignada. La Subsecretaría de Políticas Universitarias continuará trabajando en auditar y fiscalizar todo gasto que se apruebe, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 2 de la ley N° 24.521 [de Educación Superior]: «El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y la fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y la fiscalización de las universidades privadas»”, concluye el comunicado.

Presupuesto congelado

La situación que dio pie al reclamo es que el Gobierno actual prorrogó el presupuesto de 2023, dado que el 2024 nunca se aprobó en el Congreso. Por lo tanto, con una inflación interanual de 275,5%, las universidades comenzaron el año –al igual que tantas otras áreas del Estado– con el mismo presupuesto con el que contaron en 2023, y se votó a fines de 2022, casi $1,4 billones.

Según concluye un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en base a la plataforma oficial Presupuesto Abierto, aun incorporando los dos últimos aumentos del Gobierno, el presupuesto total para las universidades solo aumentaría un 4,1%, lo que significa un 71% menos en términos reales que en 2023. Y sería el presupuesto universitario más bajo desde que entró en vigencia la Ley de Educación Superior (1996).

A la vez, los fondos destinados a salarios, que explican el 82,6% del presupuesto total, no aumentaron con respecto al presupuesto inicial y en el primer trimestre la ejecución de partidas fue un 30% menor que respecto a igual período del año pasado.

El mismo reclamo que motoriza la protesta de hoy ya había hecho que el 14 de marzo las 55 universidades nacionales hicieran un paro de 24 horas “en rechazo al congelamiento del presupuesto y a la caída de los salarios”, y el 21 de febrero emitieron un comunicado en el que denunciaban que las universidades públicas se encontraban en una situación crítica. Ahora, en las jornadas previas a la marcha se dieron una serie de clases públicas y abrazos a las instituciones de todo el país.

Respaldos

Todos los actores, gobierno incluio, coinciden en prever una marcha multitudinaria, tomando en consideración que cuenta con el respaldo de la comunidad docente y estudiantil de las universidades públicas, con la Universidad de Buenos Aires (UBA) a la cabeza, y también de entidades privadas como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Torcuato Di Tella (UTDT) y San Andrés (UdeSA), que anunciaron sus adhesiones.

Además, está comprometida la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Coalición Cívica (CC), mientras que también se sumarán dirigentes de Unión por la Patria (UxP), de Hacemos Coalición Federal y del Frente de Izquierda (FIT). El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su Gabinete ya anticiparon que darán el presente en la marcha, al igual que el titular de la UCR, el senador nacional Martín Lousteau.

Críticas

Mientras se llevaban adelante contactos entre funcionarios del gobierno y representantes universitarios, el voltaje discursivo (incluyendo la circulación y aval de memes o publicaciones en las redes sociales) no disminuyó. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el reclamo por el recorte presupuestario como "un berrinche".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en tanto, aseguró que la movilización convocada para este martes en reclamo de aumentos presupuestarios es "incentivada por la política".

"Transforman la marcha en una marcha incentivada por la política. Es genuino el reclamo, lo que no es genuino es que desde un escritorio incentiven a que estas cuestiones ocurran con cierto incentivo detrás. Está demás decir que el Gobierno como todo Gobierno liberal valora la educación pública, laica y federal. Esa educación pública nos hizo ser un faro en América, lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares sean utilizadas por políticos de turno para beneficio propio. No lo vamos a permitir", remarcó Adorni.

En tanto, el reclamo universitario recibió el respaldo de organizaciones de la sociedad civil, como la Mesa del Diálogo Santafesino, que en un pronunciamiento formal expuso que “el acceso equitativo a la educación universitaria es un pilar para la igualdad de oportunidades, permitiendo que todos los ciudadanos, independientemente de su origen socioeconómico, puedan contribuir al progreso de la nación. Sin embargo, los problemas de financiamiento en el sistema educativo y científico-tecnológico pueden socavar este pilar, limitando la capacidad de las universidades -en particular- para cumplir con su misión”.