Protesta policial en Rosario: la provincia apuesta al diálogo y garantiza la operatividad

El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Esteban Santantino, brindó una conferencia de prensa en Rosario en el marco de la protesta que protagoniza personal policial frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. Allí, el funcionario buscó marcar una línea política clara: diferenciar el reclamo legítimo por condiciones laborales de las dificultades organizativas que impiden hoy canalizar el conflicto por vías institucionales.

Santantino remarcó que la gestión provincial reconoce la legitimidad de los reclamos vinculados a la recomposición salarial, la salud mental y la calidad del trabajo policial. Sostuvo que existe una voluntad firme de sostener el diálogo y de continuar fortaleciendo un plan de seguridad que, según afirmó, permitió revertir los niveles de violencia registrados en los años más críticos de Rosario y de la provincia.

A pesar del conflicto, el funcionario aseguró que la operatividad del sistema de seguridad se mantiene activa. Patrullajes, atención del 911 y despliegues preventivos continúan funcionando, aunque reconoció que no se trata de una situación de normalidad plena. “Hay dificultades, pero los niveles de operatividad hoy son aceptables y mejores que los que tuvo la ciudad en años anteriores”, señaló.

Un reclamo legítimo, un conflicto sin interlocutores claros

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue la falta de canales de comunicación definidos. Santantino explicó que el gobierno provincial enfrenta dificultades para establecer interlocutores válidos que representen de forma clara a los manifestantes, lo que complica la construcción de acuerdos concretos y respuestas efectivas.

“No es falta de voluntad ni de recursos. El problema es la ausencia de voceros claros y de una representación organizada que permita transmitir con precisión qué se reclama y cómo avanzar”, sostuvo. En ese marco, ratificó que el diálogo sigue abierto y que la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro es resolver el conflicto por vías institucionales.

El funcionario recordó que desde el inicio de la gestión se planteó que la salida a la crisis de seguridad de Santa Fe debía construirse con la policía provincial como actor central. “La recuperación de la tranquilidad en Rosario fue posible con la policía de Santa Fe, y ese sigue siendo nuestro camino”, afirmó.

Seguridad garantizada y respaldo al plan provincial

Consultado sobre la situación operativa, Santantino sostuvo que el gobierno trabaja “minuto a minuto” para garantizar la presencia policial en las calles y la respuesta ante emergencias. Aseguró que no existe una situación de alarma generalizada y que los dispositivos de seguridad continúan activos en toda la ciudad.

También ratificó la vigencia de los incrementos salariales ya anunciados y descartó cualquier retroceso en las medidas adoptadas. “Los decretos están vigentes y el impacto en los ingresos del personal operativo será considerable”, señaló, al tiempo que remarcó que el diálogo seguirá abierto para abordar otras problemáticas estructurales del trabajo policial.

Finalmente, el funcionario destacó la articulación con el gobierno nacional y las fuerzas federales en el marco del comando unificado, como parte del esquema de seguridad integral que se despliega en Rosario y la provincia. “La prioridad es sostener la seguridad de los rosarinos y resolver el conflicto sin poner en riesgo ese objetivo”, concluyó.

Se investiga

En tanto, la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción Rosario recibió por parte del área de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe diversas actuaciones sobre 20 agentes policiales a partir de los hechos sucedidos en la madrugada en las inmediaciones de la Jefatura de Policía de Rosario.

Surgiría en principio de las mismas que personal policial no habría cumplido con el servicio al que estaban afectados.

Ante esta presentación la Fiscalía inició una investigación penal preparatoria ante la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Las medidas investigativas serán llevadas adelante por la Unidad de Flagrancia y Turno y por la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional.

Es dable destacar que el MPA también se abocará al análisis de las actuaciones en aquellos casos en que la conducta desplegada por el personal policial haya comprometido la seguridad pública, particularmente si se hubiere producido un hecho delictivo que pudo haberse evitado con la normal prestación del servicio.