La provincia, frente a un replanteo del control de los servicios públicos

Con el objetivo de avanzar hacia un nuevo marco regulatorio del servicio sanitario en Santa Fe que sustituya al "transitorio" y prorrogando desde hace doce años, se constituyó formalmente la comisión que revisará el texto actual y propondrá uno alternativo. En diálogo con El Litoral, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, explicó que se apunta a una redacción "adecuada y aggiornada" a la realidad que hoy transita en la provincia este servicio en particular.

"Tenemos que tener en cuenta que esta decisión está destinada a modificar un régimen sancionado en 1994 con la ley 11220, en un contexto diferente porque esa ley preveía un marco regulatorio para un servicio que se estaba privatizando -recordó-. En ese sentido se toman una serie de decisiones que tenían que ver con la privatización del servicio. Para que tengamos una idea, la cuarta parte del texto de esa ley está destinada a la resolución y disolución de la ex Dipos que era el organismo que prestaba el servicio dentro del Estado. Se trata, entones, de modificar una ley que estaba dada en el marco de la privatización. Pero además, en 2006, a partir de una serie de conflictos con la empresa que había ganado la concesión, se resolvió dejarla sin efecto y constituir una sociedad que hoy es ASSA y que presta el servicio pero solo en 15 ciudades. Eso constituye el 55% de los usuarios. El resto está constituido por 128 cooperativas, por 29 municipios y más de 200 comunas. Esto genera un conjunto de situaciones diferentes dentro de la propia provincia, porque hay un marco general - la ley 11220- pero después hay normativas propias, según quién preste el servicio. Sabemos, entonces, que hay lugares donde hay agua potable y otros en los que no. Entendemos que un marco regulatorio también debe definir un modelo de desarrollo de la prestación. Hoy a nivel mundial el agua cotiza en bolsa por lo que hay que establecer mecanismos de cuidado y racionalización. Por un lado debemos tener una política que evite el derroche y al mismo tiempo, garantizarla porque es un derecho de todos. La norma debe responder a esa complejidad porque el actual marco regulatorio está muy lejos ya de la realidad. En 2006, cuando el servicio vuelve al Estado para estas 15 localidades, se dictó una norma que era transitoria hasta tanto hubiese un texto definitivo. Esa transitoriedad se fue prorrogando y ya lleva 12 años; no hago juicio de valor de eso, sino que describo una realidad. No siempre se dan los contextos para generar este tipo de debates pero entendemos que es el momento de hacerlo", planteó.

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- ¿Hay un plazo para el trabajo de esa comisión y para la formulación de un nuevo proyecto de ley?

- No establecimos plazos porque la idea es poder convocar a todos los actores que tienen injerencia en esto. Hay universidades con cátedras que tienen propuestas, hay organismos de defensa al consumidor, están los municipios y comunas, las cooperativas y los legisladores. Ya hay propuestas legislativas en este sentido, entonces, es muy difícil establecer tiempos cuando lo que se pretende es escuchar voces y hacer la mejor síntesis.

- ¿Esto va de la mano del anuncio del gobernador de constituir un único ente de control para todos los servicios públicos de la provincia?

- Sí, la propia ley 11220 tenía un capítulo por el que se creaba el Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios); un ente público para controlar a una empresa privada. La idea es que hoy haya un único ente regulador para todos los servicios públicos en general; agua, luz y el gobernador hasta habló de transporte. Un ente regulador que realice un monitoreo de la prestación de los propios servicios del estado. Y eso tiene una lógica diferente a la que existe cuando el servicio lo presta el sector privado.

- ¿Dicho ente entendería en la cuestión tarifaria de cada servicio, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las prestaciones?

- Sí, porque si bien cada servicio tiene su mecanismo porque la tarifa de cada uno de esos servicios tiene componentes diferentes, hay una lógica común que es generar un esquema tarifario justo que evite derroches y al mismo tiempo, garantice la accesibilidad de todos y todas a esa prestación. Es una lógica compleja pero ése es el desafío.

- ¿Se pretende, incluso, ampliar el control teniendo en cuenta que hoy esa instancia sólo existe para el servicio sanitario y no así para EPE o transporte?

- Sí, exacto, se apunta a eso; a que haya un esquema de control de la prestación del servicio para todos los entes de servicios públicos, porque los controles que existen hoy, son los legales, administrativos o del Tribunal de Cuentas, pero no de la prestación de los servicios.

- ¿El nuevo ente absorbería al Enress?

- Sí sí. El Enress pasaría a ser parte de ese nuevo ente; ya no habría un ente único para el agua, sino que habrá un ente para todos y una parte estará dedicada al servicio sanitario.

- Cuando el agua volvió a estar en manos del Estado, se puso en duda la continuidad de un ente estatal para controlar a una empresa también estatal. ¿No cabe la misma interpretación para este nuevo gran ente que se piensa crear?

- No estoy de acuerdo con eso; cambia la lógica. Uno cuando controla a un privado, controla todo: las prestaciones, un plan de obras y demás. Aquí estaríamos definiendo una estrategia de servicios públicos y desde ese ente propio se controla que esa estrategia se cumpla. El proyecto está en redacción. Se enviará a Legislatura en un tiempo perentorio.