Reunión de la oposición para discutir la nueva emergencia en seguridad

Las fuerzas políticas que trabajan en la constitución de un frente amplio en la provincia de Santa Fe están definiendo los detalles de un plenario a realizarse el miércoles próximo, en Rosario, para discutir los alcances del mensaje del Poder Ejecutivo declarando hasta el 31 de diciembre la emergencia en seguridad pública y del servicio penitenciario.

El mensaje fue enviado esta semana al Senado y más allá de que ambas cámaras están en receso hasta el 31 del corriente, la oposición pretende tener una postura unificada para dar el debate. "No se le quiere atar las manos al Poder Ejecutivo pero (Omar) Perotti debe explicar porqué no usó en todos sus alcances la emergencia en el 2022" dijo el radical Maximiliano Pullaro a El Litoral. En tanto, la diputada socialista Lionella Cattalini manifestó su preocupación por la "incapacidad de Perotti para avanzar en una cuestión prioritaria como es la seguridad de los santafesinos". Pullaro, ex ministro de Seguridad, optó por no tener emergencia en gran parte de su gestión en el área durante el gobierno de Miguel Lifschitz.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, el radical Juan Cruz Cándido advirtió que en el mensaje el gobierno "habla del tema seguridad, pero en el texto no se plantea ningún plan de acción ni objetivos concretos de las políticas públicas". Subrayó que "en seguridad pública no enumera acciones como sí lo hace en materia de Servicio Penitenciario: compra de mobiliario, construcción de espacios nuevos, tecnología para modernizar el funcionamiento y la administración e incorporación de personal como objetivos".

El mensaje 5.019 firmado por Perotti y el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, tiene cinco carillas de fundamentos y un proyecto de ley de once artículos donde resaltan nuevos montos para compras o adjudicaciones directas de obras así como plazos más estrictos de comunicación de las operaciones a las comisiones de Seguridad de ambas cámaras (72 horas) y de pronunciamientos del Tribunal de Cuentas (20 días).

En los fundamentos, se explica que el objetivo es "poder disponer de mecanismos tendientes a paliar las necesidades más urgentes en la materia, garantizando a la ciudadanía la plena efectividad del derecho humano a la seguridad ciudadana, entendida ésta como el marco propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, posibilitando la realización de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad". Menciona "la obligación del Estado Provincial de adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles tendientes a asegurar este derecho humano, priorizando la profundización de las políticas públicas, en el entendimiento que los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar acabada respuesta a una situación que, holgadamente, excede a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor". Acota que "es prioritaria la realización de acciones y la toma de medidas de carácter urgente tendientes a lograr la reducción, en lo inmediato y dentro del respeto a las garantías vigentes, de los factores de delito y la violencia interpersonal -vinculada o no a hechos delictivos".

Tras reconocer la situación delictual en las ciudades de Rosario y Santa Fe considera que "el primer paso para paliar de manera rápida, mientras se continúa avanzando en políticas profundas de combate a la criminalidad organizada, es reconocer y hablar del tema, tomando cartas en el asunto sin distinciones de filiaciones, tal como lo sostiene el Poder Ejecutivo".

Un largo párrafo de los fundamentos los dedica a la seguridad en el ámbito penitenciario en base a informes de la plana mayor del Servicio Penitenciario que recomienda "concretar medidas urgentes para no menoscabar el cumplimiento de las misiones y funciones asignadas por la Ley N°8183 que organiza al Servicio". Esa descripción pasa por condiciones de seguridad, traslados de internos, cumplimiento de órdenes judiciales, prestación de servicios de salud a los internos, condiciones mínimas de habitabilidad para los internos, superpoblación carcelaria, y déficit de personal. Considera urgente la compra de equipamiento mobiliario; al arreglo y la compra de móviles, la realización de obras de mejoras esenciales en unidades penitenciarias para garantizar condiciones dignas de habitabilidad para internos y laborales para el personal. También reclama la construcción de nuevos espacios de alojamiento de internos con recursos humanos, así como la compra de elementos de seguridad y de tecnología.

En cuanto al proyecto en sí, declara la emergencia desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial hasta el 31 de diciembre, para "atender la seguridad pública y al sistema penitenciario provincial a los fines de brindar seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática".

Uno de los artículos centrales es el 5 que lleve como, excepción legal, el límite máximo para la realización de licitaciones y concursos privados previstos en la Ley 12.150 de Administración Financiera hasta la suma de $ 12.000.000. "La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno", aclara.

En el marco de la Ley 5.188 de Obras Públicas eleva a $ 18.000.000 la posibilidad de adjudicar mediante licitación privada, concurso de precios o contratación directa trámites de la licitación "por ser urgentes, impostergables o exigidas por circunstancias imprevistas que demandan una pronta ejecución".

Adjudican la obra del acueducto San Javier – Tostado

El Ministerio de Obras Públicas de la nación adjudicó a la unión transitoria integrada por las empresas Supercemento S.A.I.C; Benito Roggio e Hijos S.A; Rovella Carranza S.A.; y Centro Construcciones S.A, la ejecución del Acueducto San Javier – Tostado en la provincia de Santa Fe, por una inversión de $ 56.948 millones.

El mencionado acueducto es una de las obras hídricas más importantes del Plan Argentina Grande, que permitirá que 124.000 personas de 14 localidades del norte de la provincia, que hasta al momento carecen de agua potable, accedan a este servicio.

La construcción del acueducto tendrá, en esta primer etapa, una extensión de 330 km en siete tramos consecutivos. La obra se iniciará con la toma de agua en el Río San Javier y desde allí, un conducto principal la trasladará hasta la planta potabilizadora, ubicada al norte de la ciudad de San Javier. La obra contará también con nueve estaciones de bombeo ubicadas a lo largo del tramo troncal que impulsarán el líquido desde la obra de toma de San Javier hasta Tostado.