Traferri acusa a fiscales que lo investigan de haberlo concretado de manera ilegal

Cuándo, dónde y con quiénes habló mediante su teléfono celular el senador Armando Traferri antes de que los fiscales intentaran ante el Senado de la provincia reclamar su desafuero, para imputarlo, en diciembre de 2020. A la forma como el Ministerio Público de la Acusación obtuvo esa información refiere -en buena medida- la denuncia que contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos presentó el legislador que preside el bloque Juan Domingo Perón en la Cámara alta. La otra mitad de la acusación quizá menos estridente pero más inquietante habla del acuerdo judicial avalado por un magistrado que benefició con la excarcelación al ex fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, que estaba preso por pedir coimas a un empresario del juego ilegal. El tema merece su propio desarrollo.

El senador por San Lorenzo presentó esa denuncia -sobre hechos ocurridos hace casi un año- ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa y pidió a sus cuatro pares senadores y ocho diputados que la componen el avocamiento, es decir, que estudien si hay o no elementos suficientes para un proceso (político) contra ambos fiscales por haber cometido lo que considera "faltas graves".

Buena parte de la nota de Traferri contra Edery y Schiappa Pietra habla de por qué el tema no fue llevado a la justicia (aunque hace la correspondiente reserva del caso) y describe el apoyo que la conducción del MPA ha dado a ambos, así como el "corporativo" respaldo de otros fiscales a la labor de los señalados por el senador. Una profusa lista de declaraciones públicas, acciones y documentos que respaldan a su entender su prevención para denunciar el caso ante la Legislatura y no en la auditoría del MPA.

Uno de los apartados de la denuncia habla del "ilegal acceso a los datos de tráfico de la línea de celular que el H. Senado me asignó" y consigna el número que los cronistas parlamentarios conocen desde hace años.

Dice que "puedo afirmar con certeza absoluta, que los denunciados, antes, durante y después del fallido pedido de desafuero, realizaron directamente pesquisas indiscriminadas sobre datos de tráfico de mi celular y, a partir de esos datos ilegalmente obtenidos, establecieron mi localización al momento de las llamadas entrantes o salientes del dispositivo, a través de las celdas de antenas".

"Que ya antes de mi desafuero lo hicieron, lo deja entrever las mismas exposiciones efectuadas por los Sres. Fiscales ante la Comisión Legislativa. Esto, sin perjuicio del cacareo en el sentido contrario de lo que, como he señalado más arriba, se cansaron de pregonar. Sería algo así como el grito del tero, que no coincide con donde pone los huevos".

El texto de Traferri se inicia con una cita de una declaración del ex ministro de Seguridad y ex director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain: "Un poquito de seriedad institucional en la persecución penal no vendría mal en Santa Fe".

"No solamente no lo tenían permitido hacer en razón de mis fueros, lo cual no es poca cosa; sino que ese tipo de información recolectada –con fuero o sin él-, por sus características y extensión, requiere necesariamente de la orden de un juez, de la cual carecieron absolutamente", advierte Traferri.

"Desde ya que ningún juez de la provincia –al menos sin prevaricar-, hubiera autorizado alguna intervención sobre mis comunicaciones. De allí que ir por fuera del sistema, era la forma de obtenerla, y así lo hicieron. Eso es ilegal sin vueltas", sostiene.

La presentación resalta "la manifiesta ilegalidad con que actuaron y actúan los denunciados. Y, esta realidad, como ya lo adelanté al comienzo del escrito, no tiene que ver principalmente con mi persona –aunque sea el objeto directo de la vejación-; sino con una forma y modo de actuación, que afecta al sistema judicial y a la sociedad en general" y sigue: "si con un Senador –no por privilegio, sino por exposición pública-, se actúa de ese modo, esto puede significar que cualquier ciudadano de la provincia está bajo el peligro latente de investigaciones arbitrarias y fuera de toda legalidad. Es remontar el derecho a épocas bárbaras", afirma.

"En una franca violación a mis derechos constitucionales de privacidad e intimidad (arts. 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), obtuvieron los 'datos de tráfico' correspondientes al teléfono" mencionado y "sin el levantamiento de la inmunidad que me corresponde por mi rol de senador provincial".

Cita un informe técnico que "solicitó uno de mis letrados patrocinadores" a cargo del ingeniero Miguel Camino que concluye: "Se realizó un "SEGUIMIENTO/OBSERVACION/REGISTRO DE TRAFICO DE DATOS Y LLAMADAS" entre el 01/01/2015 al 31/12/2020, los cuales fueron solicitados en forma general sin un período específico y/o criterio de análisis puntual; Se utilizó el N° NOTA/OFICIO RO2990/21 en forma genérica para todas las prestatarias de Telecomunicaciones; se utilizó para pedido DaJuDeCo ref. Expte. Adm. N° AJUO3/2021 Nota DaJuDeCo N° 6248/2021 con fecha 29 de abril de 2021; al no haberse observado un "PROTOCOLO DE SEGURIDAD" para el resguardo de datos obtenidos de la línea en cuestión, se accedió indiscriminadamente a todos los movimientos del usuario de la línea", sostiene.

Aclara que para la realización de ese informe "el perito tuvo en consideración las planillas de llamadas entrantes y salientes desde mi número asignado, que obran en la causa CUIJ 21-08608259-1 adjudicada a la investigación del ex diputado Scataglini".

"No sólo tomaron conocimiento de las líneas telefónicas con las que me comuniqué en esos 4 años, sino que también de mi localización durante el mismo período de tiempo", subraya. Y sigue "los Sres. Fiscales no desconocían el obstáculo legal existente en la Constitución Provincial y el ordenamiento procesal penal santafesino que les impedía investigarme y someterme a proceso (…) Considero que los dos hechos que han motivado los extensos acápites precedentes, revisten tal gravedad, que se subsumen cómodamente en el catálogo de faltas graves previsto en el art. 52 de la ley 13013".

Cartago

Entre otros datos, en su presentación Armando Traferri menciona "una circunstancia de público conocimiento: mi distanciamiento político con el gobernador, que tuvo su génesis casi al inicio de su gestión, por mi participación en la aprobación del Presupuesto del año 2020". Y sigue "se comprende, entonces, que hoy mi persona sea molesta para algunos. Lo que no se comprende es que, por esa situación, sea objeto de una brutal e ilegal embestida, cuyo ariete sean los fiscales denunciados. Mi persona evoca aquel grito del viejo Catón: Carthago delenda est: hay que destruir a Cartago, que es como decir, hay que destruir a Traferri".