Conducía una "coronacombi" y podría terminar ante la Justicia Federal

El fiscal federal general Daniel Adler solicitó que el hombre que llegó a la ciudad el pasado viernes con tres personas a bordo de una camioneta que no está habilitada para traslados sea llamado a indagatoria por no respetar al aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y que su vehículo sea embargado.

Las actuaciones se iniciaron a partir de la información aportada por el coordinador operativo de la zona Atlántica del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Manino Iriart. El funcionario había tomado conocimiento a través de publicaciones en la red social Facebook y mensajes de Whatsapp recibidos que una persona ya identificada estaría transportando personas en forma clandestina desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hacia Mar del Plata. Se tenía información del vehículo que usaba y se sabía que, bajo la fachada de trasladar paquetes y encomiendas, el ahora imputado trasladaría personas de manera ilegal a cambio de una suma de dinero.

La hipótesis se comprobó el pasado viernes 10 de julio cerca de las 20.30 cuando en el kilómetro 342 de la autovía 2, sentido a Mar del Plata, personal policial del Destacamento de Seguridad Vial Coronel Vidal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y autoridades de la Comisión Nacional de Transporte (CNRT) interceptaron el rodado, que era conducido por la persona investigada y llevaba a bordo a otras tres personas.

En ese marco se labraron actuaciones policiales y las autoridades de la CNRT confeccionaron un acta que incluyó diversas infracciones, entre ellas no contar con la verificación técnica vehicular ni habilitación alguna. En la causa se investiga la posible infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal, por el incumplimiento al aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, con motivo de la situación de emergencia sanitaria por la circulación del virus COVID 19.

Ausencia de solidaridad

Al enmarcar los hechos, el fiscal general Daniel Adler indicó, en primer lugar, que se encuentra expresamente prohibido el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, como herramienta fundamental para evitar la circulación y el esparcimiento del virus. Por otro lado, calificó la conducta del conductor de la camioneta “particularmente grave”, dado que implica el trasporte clandestino de personas desde una zona en la que la autoridad sanitaria considera de “circulación comunitaria” del virus (AMBA), hacia otra con menor intensidad (Mar del Plata). “Esa actividad era realizada a cambio de una suma de dinero, lo cual implica la obtención de un lucro de parte del imputado para desarrollar una actividad ilegal en el marco de una pandemia en la que se han impuesto normas básicas de convivencia para evitar la propagación del COVID 19. Ello importa un riesgo potencial epidemiológico de relevancia y denota de parte del imputado ausencia de solidaridad con la comunidad toda”, sostuvo Adler en su dictamen.

A su vez, señaló que si bien la “distribución de paquetería” es una de las actividades exceptuadas del cumplimiento del ASPO, el acusado no se encuentra inscripto ante el organismo tributario ni las autoridades administrativas para realizar esa actividad. Y, por último, reparó en que el transporte clandestino de pasajeros implica desnaturalizar cualquier permiso de circulación que pudiera tener el acusado y una violación flagrante a las disposiciones de la autoridad sanitaria en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los pedidos de la fiscalía

La requisa del vehículo solicitada por el fiscal Adler tiene como finalidad el secuestro de toda documentación del utilitario, de aquellos elementos que pudieran estar vinculados al transporte clandestino de personas, y a los fines de descartar que allí no se trasladan otros elementos o sustancias ilegales o peligrosas para la salud, precisó el fiscal.

Por otro lado, pidió se dicte medida cautelar de embargo sobre la camioneta, una Peugeot Expert, y que se ordene su anotación por ante la Dirección Nacional del Registro Automotor. “Ello en virtud de que el transporte clandestino de personas fue realizado a cambio de una suma de dinero, lo cual permite afirmar que nos encontramos en presencia del ánimo de lucro que exige el artículo 22 bis del Código Penal de la nación, para la aplicación de una pena de multa genérica de hasta $ 90.000”, detalló el fiscal general.

Hasta tanto se cumplimente el registro de la medida cautelar, Adler pidió que se disponga el secuestro del vehículo por haber sido utilizado como instrumento del delito, más allá de que la CNRT mantenga la retención del automóvil, que permanece en la estación ferroautomotora.