¿Por qué nadie se enteró de una amenaza de bomba en tribunales?

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La detención de un hombre de 43 años producida el viernes de la semana pasada, acusado de realizar una amenaza de bomba en los tribunales locales llamó doblemente la atención; primero por el hallazgo del presunto responsable, y segundo, porque nadie recordaba el suceso, que debió haber causado un enorme trastorno en las inmediaciones del barrio Sur cuando por protocolo debió haber sido evacuado el edificio.

Sucede que la llamada anónima se produjo en febrero, cuando todavía hay clima de feria. Pero además, sucedió el 10 de ese mes que era sábado y el edificio estaba cerrado. Por eso no hubo que evacuar más que al personal de la guardia policial, que durante los fines de semana se limita a un puñado de personas.

La amenaza ingresó a las 17.45. Sin preámbulos, una voz masculina dijo: “Ahí te dejé una bomba en tribunales” y cortó. La respuesta no se hizo esperar. Inmediatamente se puso en marcha el protocolo de evacuación del edificio, cerramiento de zonas aledañas y posterior inspección de las instalaciones.

Detenido

En forma concomitante, fue informada del caso la fiscal María Laura Martí, que ordenó las primeras medidas para dar con el “bromista”. Y como el número del cual se realizó la llamada había quedado registrado, comenzaron a rastrearlo, hasta llegar a un hombre de 43 años, al que finalmente detuvieron dos meses y medio después en su casa del barrio Centenario.

El sábado pasado Edgardo David Ramírez fue llevado a tribunales, donde fue imputado por los delitos de “atentado a la autoridad calificado por el uso de arma impropia” e “intimidación pública”, en una audiencia que estuvo a cargo de la jueza en lo Penal, Sandra Valenti, y contó con el asesoramiento de la Dra. Silvina Corvalán, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

Éste miércoles tuvo tratamiento la cautelar, en la cual la fiscal pidió a otro juez -en este caso al Dr. Héctor Gabriel Candioti-, que imponga la prisión preventiva para “Tito” Ramírez, de quien se supo, había sido arrestado un mes antes por otro caso de “intimidación pública” y “amenazas” en las inmediaciones de la cancha de Colón; y venía de purgar tres condenas por delitos menores, que ya se encuentran prescriptas por el paso del tiempo.

Imputaciones

La fiscal Martí pidió de entrada que se revoque la alternativa a la prisión preventiva de la que gozaba Ramírez desde el 23 de marzo último. El Ministerio Público de la Acusación lo responsabilizó por “infundir temor público” con un arma blanca con la que “amenazó” a dos policías, el 21 del mismo mes, en avenida J. J. Paso y calle San Lorenzo.

Primero fue contra una policía que estaba franco de servicio, a la cual según las cartas de incidencia del 911, rozó con un cuchillo en uno de sus brazos cuando salía de una panadería. La mujer dio aviso al 911 a las 9.41 de la mañana, mientras Ramírez caminaba hacia el oeste por el cantero central. Al llegar al cruce con calle Gobernador Freyre, “comenzó a afilar el cuchillo contra el asfalto”, precisó Martí; hasta que a la altura de Dr. Zavalla, otro policía que esperaba el colectivo le dio la voz de “alto” y lo redujo. Por ese caso le atribuyeron los delitos de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca” e “intimidación pública”.

En tanto, tras su última detención el viernes pasado, la fiscal Martí lo imputó no sólo por la llamada anónima (intimidación pública), sino también por el ataque al personal policial, cuando éstos ingresaron a su casa de calle Pietranera al 3100, del barrio Centenario. Según el relato fiscal, “atacó a uno de los policías con dos vidrios que tomó del suelo”, por lo que también se lo acusó por “atentado a la autoridad calificado por uso de arma impropia”.

Quedó libre

Por su parte, la defensora Corvalán rechazó la prisión preventiva y marcó falencias en el legajo acumulado. “No hay declaraciones de los policías en el hecho de marzo y del acta del 911 no surgen las amenazas”, dijo para que el juez no tuviera en cuenta dicho encuadre legal. Además, sostuvo que todavía “no se ha podido acreditar que el llamado lo haya hecho Ramírez”.

También cuestionó que su pupilo haya quedado detenido en el marco de una causa por “intimidación” cuando la orden de allanamiento firmada por un juez sólo pedía el secuestro del teléfono buscado. “Ramírez no fue aprehendido por un delito en flagrancia” recordó. Y como si fuera poco agregó que “no hay secuestro del celular”.

Finalmente el juez resolvió conceder la libertad a Ramírez, con alternativas a la prisión preventiva que fueron propuestas por la defensora Corvalán; y rechazó el pedido de la fiscal Martí de continuar con la privación de la libertad. Claro que previamente el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal deberá garantizar que se den las condiciones para que dichas alternativas se cumplan, esto es, fijar un domicilio y nombrar un guardador. Entre otras medidas, el juez Candioti estableció una distancia mínima de 200 metros respecto de las víctimas o testigos que surjan del caso.

Nombre propio

Mientras la Policía de Investigaciones trataba de dar con el teléfono desde el cual se hizo la llamada anónima, cuyo número quedó registrado en la operadora, al día siguiente -el 11 de febrero- se efectuó otra llamada al 911 en la que nuevamente una voz masculina se dirigió con insultos y amenazas al operador. Pero eso no fue todo. Además formuló una denuncia por un supuesto homicidio cometido hace 20 años y cerró la conversación diciendo que era “Ramírez David”. Si bien no fue hallado el teléfono, mediante la lista de llamadas se pudo reconstruir el circuito de relaciones del sospechoso y así llegaron hasta él.

Efecto negativo

La Fiscalía relató que el llamado con una amenaza de bomba, registrado el sábado 10 de febrero a las 17.45 movilizó personal de la Seccional 1ra., de la Guardia de Tribunales que tuvo que ser evacuada, del Comando Radioléctrico que se encargó de resguardar el área y cerrar calles y de la Brigada de Explosivos de la URI que revisó el edificio para desactivar la amenaza.

La fiscal Laura Martí resaltó el efecto negativo en términos de seguridad que genera este tipo de eventos, que al Estado le cuesta “más de $ 50.000” y la movilización de personal hace que “se deje de prestar seguridad y hacer prevención en otros lugares para atender la amenaza”.