Piden indagatorias para los acusados por los incendios

El fiscal Federal N° 1 Jorge Gustavo Onel solicitó media docena de indagatorias por los últimos incendios desatados en la zona costera de nuestra región. El funcionario del Ministerio Público hizo el pedido este lunes a través de un escrito, en el que da por concluida “la investigación instruida a los fines de detectar responsables por las recurrentes quemas de pastizales registradas a uno y otro lado de los cursos de agua que rodean a la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas y bajo su jurisdicción”.

Onel comenzó su investigación el 18 de julio, cuando el olor a quemado se sentía las 24 horas y las densas columnas de humo se veían en todos los horizontes.

Cabe recordar que la distinta normativa nacional señala al respecto que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlas” y que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

Los autores de este tipo de delitos pueden ser sentenciados a penas que pueden llegar a los 15 años de prisión, si no provocan víctimas fatales.

Relevamiento

Como primera medida, el fiscal solicitó a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura que lleven a cabo de manera conjunta un relevamiento en toda la zona. También se entabló comunicación con la Secretaría de Protección Civil de la provincia de Santa Fe.

Como resultado de esas diligencias, se constataron numerosos incendios en los días siguientes, en la zona del corredor vial de la ruta nacional 168, en el tramo comprendido entre el puente colgante y el empalme con la intersección con la ruta provincial 1, como así también en la periferia de las localidades de San José de Rincón, Arroyo Leyes y hasta la localidad de Cayastá. Las llamas también hacían estragos en las islas Las Animas, La Manzana, Las Flores Este, Carabajal y Los Cuatro Hermanos.

Con la información reunida, se iniciaron tareas preliminares tendientes a determinar la presunta comisión de delitos de acción pública de competencia federal y a la individualización de sus autores. Los uniformados también fueron instruidos para que intenten prevenir nuevos incendios.

Onel destacó la labor realizada por las fuerzas federales y provinciales, que arrojó como resultado “la constatación de al menos veinte focos ígneos en distintas islas y campos de esta jurisdicción, respecto de algunos de los cuales se han colectado suficientes elementos de juicio para formular imputación penal”.

Los uniformados registraron los focos ígneos con croquis, fotos y videos. En algunos casos, se trató de incidentes totalmente descontrolados y con llamas de hasta cuatro metros de altura, que pusieron en peligro la vida de animales y también bienes materiales. Además, lograron individualizar al menos a seis de los presuntos responsables, que ahora están en la mira del fiscal.

Peligroso

Onel consideró que “existen suficientes elementos” para citar a prestar declaración indagatoria a distintas personas. “Al respecto, se ha aceptado doctrinariamente la noción de ‘fuego peligroso’ para indicar la existencia de la fuerza del fuego que adquiere una entidad tal que escapa al control de aquél que lo generó; se trata de la causación de un fuego de vastas proporciones, determinando un peligro común, que es propio de todos los delitos contra la seguridad pública (Eusebio Gómez, Tratado de Derecho Penal). La noción de peligro, además, se vincula con la expansibilidad del fuego, que implica la posibilidad cierta de que el fuego se extienda a bienes distintos de aquel en que se originó, volviéndose incontrolable. Y en los casos concretos que se imputarán, se aprecia ‘prima facie’ además la existencia de peligro para el ganado existente en los lugares, además del peligro para el medio ambiente en general”, explica el funcionario.

“Se trata de un delito doloso -agrega-, extremo que se sustenta en el conocimiento de la naturaleza y la aptitud destructiva del medio empleado y en la voluntad de emplearlo a pesar de ese conocimiento, y sin autorización legal”.