Procesaron a los hermanos Mustafá de Barranquitas

El Litoral | sucesos@ellitoral.com

El juez Federal N° 1, Reinaldo Rodríguez, procesó a Diego Martín Mustafá (36) como autor del delito de “lavado de activos”; y a su hermana Carina Verónica Mustafá (39) por el delito de “encubrimiento” del hecho principal. Asimismo, el magistrado confirmó las libertades provisionales que ambos ostentaban hasta el momento del dictamen; y ordenó mantener el secuestro de los vehículos que estaban a nombre del principal imputado, como el embargo de las propiedades que poseía su hermana.

La medida adoptada el jueves 26 de julio, fue el resultado de más de dos años de investigación. La pesquisa se inició el 1 de junio de 2016 mediante un oficio enviado por el Ministerio Público de la Acusación, en el que se remitió información acerca de Diego Mustafá y su entorno, para que se investigue sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas.

En ese entonces el juez Rodríguez delegó la pesquisa a la Fiscalía Federal N° 1, actualmente a cargo del Dr. Jorge Gustavo Onel. Así se requirieron los primeros informes de campo y se acumularon otras denuncias donde se nombraba a Diego Mustafá y su séquito.

Llegado un punto de la labor, y ante los antecedentes que ostentaba el principal sospechoso y su esposa, el fiscal Onel pidió que se lo indague por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Junto con él, la fiscalía acusó a su hermana Carina.

Con antecedentes

Para sostener sus sospechas el fiscal argumentó que Mustafá y su pareja Cecilia Georgina Maldonado (hija y hermana de Marcelo “El Diablo” y Héctor “Bam, Bam” Maldonado respectivamente, quienes actualmente se encuentran con prisión preventiva y camino a un juicio oral con múltiples involucrados), venían de ser condenados por el comercio de drogas a la pena de 4 años y 2 meses el hombre, en carácter de autor; y 2 años para su mujer, como partícipe. La sentencia del Tribunal Oral Federal data del 31 de agosto de 2017 y los hechos se habrían cometido durante el verano del mismo año.

Con esos elementos, la Fiscalía pidió informes a los principales organismos estatales para tener un mapa certero del patrimonio y las actividades reales que los involucrados desempeñaban como fuente de su riqueza.

En tal sentido, el juez Rodríguez coincidió con el MPF en que “la presunta puesta en circulación de activos de origen ilícito con el fin de darles apariencia de haber sido obtenidos por medios legítimos, por parte de Diego Martín Mustafá y de su círculo familiar más cercano (su hermana Carina Mustafá), se encuentran íntimamente relacionados con los sucesos por los que fuera condenado” el año pasado. Asimismo, recordó el juez que Mustafá recibió una condena unificada de 8 años y medio, a raíz de otro delito cometido en el ámbito de la Justicia provincial.

También le endilgó a Mustafá haber “tenido una participación activa en el comercio y distribución de material estupefaciente principalmente en el barrio Barranquitas desde tiempo indeterminado y al menos desde que recuperó su libertad”. Para dicha afirmación el juez Rodríguez se remitió a otra causa en la que se investiga al clan Maldonado, liderado por su cuñado y su suegro, y que tenía como radio de acción el mismo barrio.

Informe patrimonial

“No puede desconocerse que en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, existen vínculos no sólo familiares sino también comerciales entre las familias Maldonado y Mustafá” en cuanto al tráfico de drogas, aseguró el juez Reinaldo Rodríguez en los considerandos del fallo. La evidencia recolectada tiene su eje en escuchas telefónicas, pero también en trabajo de campo, con observaciones, seguimientos y una minuciosa investigación patrimonial de los encausados.

Según un informe de la Unidad Especial de Procedimiento Judiciales, dependiente de la Gendarmería Nacional Argentina y de la investigación fiscal Mustafá no registraba actividad económica alguna para los órganos de control. Sin embargo adquirió una vivienda de dos plantas en la que reside en Sauce Viejo y realizó operaciones de compra y venta de más de diez vehículos desde el año 2012.

A fines de enero de 2014 compró un cuatriciclo y en septiembre una moto Honda XR 250, según el Registro de la Propiedad Automotor. Además, compró un VW Vento 2.5 modelo año 2016 en agosto de ese año. Y el día del allanamiento el 12 de diciembre de 2017 Gendarmería halló en su vivienda una lancha Tracker con motor Mercury de 25hp, la cual finalmente no estaba a su nombre pero él reconoció haber comprado.

Casas y lotes

En relación a la situación de Carina Mustafá, la Justicia pudo acreditar que “llevó adelante operaciones tendientes a convertir, aplicar, transferir, y poner en circulación el dinero producto de la actividad ilícita” realizada por su hermano, en el período 2007-2016. En dicho lapso incorporó “numerosas propiedades que por su propia actividad no podría haber obtenido”, y ello “con el objetivo de encubrir o disfrazar ante los organismos de control el origen ilícito del dinero utilizado”.

A diferencia de su hermano, la hermana tenía una caja de ahorro, una cuenta corriente y dinero a plazo fijo en diversas entidades bancarias.

Igualmente su crecimiento comenzó a notarse a partir de septiembre de 2007 cuando inscribió a su nombre dos lotes de 737,52 m2, en la localidad de Arroyo Leyes. Asimismo, la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble comunicó que, al año siguiente -17 de octubre de 2008- inscribió una casa de calle La Paz al 4700, con una superficie de 388 m2; a la que le realizaron “mejoras” en dos oportunidades (2011 y 2014), donde en realidad se construyeron cinco departamentos chicos para alquiler.

El 17 de noviembre de 2009, Carina Mustafá adquirió otro inmueble en calle Cochabamba al 4600, también en el barrio Barranquitas. Por último inscribió un inmueble de calle Primera Junta al 3800 el 3 de febrero de 2011, según marca la investigación.

Para el juez Rodríguez, “la encausada habría actuado como “prestanombre o testaferro” de su hermano Diego Martín Mustafá, incorporando a su nombre bienes que ella por su propia actividad nunca podría haber adquirido, con el objeto de encubrir ante los organismos de control el origen ilícito del dinero utilizado”, cerró.