El Gobierno ofrece $20 millones de recompensa para capturar a Galvarino Apablaza Guerra

El Gobierno nacional formalizó este martes una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, un ciudadano chileno sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y responde a un pedido de la Justicia Federal en el marco de un proceso de extradición impulsado por Chile.

Recompensa millonaria

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 302/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, donde se detalla que la suma de $20.000.000 será destinada a aquellas personas que, sin haber participado en los hechos investigados, brinden datos útiles que permitan concretar la detención del prófugo.

Según se desprende del documento oficial, Apablaza Guerra, de 75 años, tiene una orden de captura vigente desde el 31 de marzo de 2026, dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. La medida apunta a hacer efectiva su extradición a Chile, país que lo reclama por su presunta participación en delitos vinculados al terrorismo.

El texto oficial aclara que la recompensa se enmarca en el Programa Nacional de Recompensas, establecido por la Ley 26.538, que habilita al Estado a ofrecer compensaciones económicas para obtener información clave en investigaciones complejas o de gravedad institucional.

En este caso particular, las autoridades consideraron que se trata de un expediente de alta relevancia, tanto por la naturaleza de los delitos investigados como por el contexto internacional en el que se inscribe el pedido de extradición.

La causa que involucra a Apablaza Guerra tiene un largo recorrido judicial. De acuerdo con lo consignado en la resolución, el proceso de extradición permaneció suspendido durante años debido a distintas instancias de apelación e impugnaciones presentadas por la defensa del acusado.

Además, el expediente atravesó instancias administrativas y judiciales vinculadas a su condición de refugiado, en el marco de la normativa internacional sobre protección de personas perseguidas.

Sin embargo, la situación cambió recientemente cuando la Justicia determinó que el acusado dejó de cumplir con las condiciones impuestas en el proceso, lo que derivó en la orden de detención inmediata.

Este incumplimiento, definido como “inconducta procesal” en el documento oficial, fue clave para reactivar las medidas judiciales y avanzar en la búsqueda del imputado.

Cómo aportar información

El Ministerio de Seguridad detalló que las personas que cuenten con información relevante pueden comunicarse de forma gratuita a la línea telefónica 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas.

Uno de los puntos centrales del sistema es la confidencialidad: las autoridades garantizaron que la identidad de quienes aporten datos será preservada durante todo el proceso.

Asimismo, el pago de la recompensa estará sujeto a la evaluación de la información brindada. Es decir, solo se abonará el monto en caso de que los datos aportados resulten útiles y determinantes para concretar la detención del prófugo, previo informe de la autoridad judicial interviniente.

La resolución también instruye a las fuerzas de seguridad federales a difundir ampliamente la búsqueda, incluyendo la publicación de afiches y la difusión en medios de comunicación de todo el país.

El pedido de captura de Apablaza Guerra tiene implicancias que trascienden las fronteras argentinas. La solicitud de extradición fue impulsada por la República de Chile, que lo acusa formalmente de delitos considerados de extrema gravedad.

En ese contexto, la decisión del Gobierno argentino de ofrecer una recompensa busca acelerar su localización y detención, en línea con compromisos de cooperación judicial internacional.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la medida responde a la necesidad de dar una respuesta urgente ante un caso complejo, que involucra tanto aspectos judiciales como diplomáticos.

Con esta resolución, el Ejecutivo refuerza el uso de herramientas previstas por la ley para colaborar con la Justicia y promover la participación ciudadana en la resolución de delitos de alto impacto.