Duras penas tras el segundo juicio oral y público en Venado Tuerto por venta de drogas

Con motivo de la "causa Lescano", donde se investigó el accionar de una banda dedicada a la venta de estupefacientes, durante el 31 de octubre y 1, 2, 7, 8, 9, 22 y 23 de noviembre del 2022, se sustanció en la Casa del Bicentenario de Venado Tuerto el juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario. Fueron parte los jueces Mario Gambacorta, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano, en tanto que el Ministerio Público Fiscal de la Nación estuvo representado en esta instancia por el fiscal general Federico Reynares Solari y el Ministerio Público de la Defensa, llegando al dictado del veredicto en las últimas horas.

Las condenas resueltas por el TOF N° 3 son las siguientes: Emanuel Lescano (seis años y dos meses de prisión); Martín Emanuel Roldán (seis años de prisión y se le unificó en ocho años de prisión con otra condena que recaía por infracción a la ley de drogas); Marcos Carlos López (seis años y cuatro meses y se le unificó en 11 años de prisión con otra condena que recaía por infracción a la ley de drogas); Andrea Noemí Albelo (seis años de prisión); Luis Adrián Ramón Escobar (tres años y nueve meses de prisión - dos penas unificadas); y Alejandro Eduardo Carranza (a quien se le sumó la tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal), Reinaldo Damián Muñoz, Maximiliano Fidel Rodríguez Neyra, Aldana Soledad Farías Gatti, Marcos Damián Torelli Lucero y Jorge Daniel Guzmán (tres años de ejecución condicional como partícipes secundarios).

Todos ellos, en función de la comisión del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada (artículos 5 C y 11 C de la ley 23.737). En relación con Fernando David Gil y Emiliano Fernández, se los condenó a ambos a cuatro años de prisión como coautores del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización (artículo 5 inciso C de la ley 23.737).

Origen de la causa

La denominada "causa Lescano" se inició el 24 de septiembre de 2018, cuando el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo de Aurelio Cuello Murúa, recibió una denuncia vía mail, que antes había sido presentada ante la Comisaría 13° de Firmat, donde se mencionaba a Emanuel Lescano, domiciliado en dicha localidad, como vendedor de estupefacientes. Poco después, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de Javier Arzubi Calvo, asumió la investigación, convocando para las tareas de vigilancia y de inteligencia a la AIC (entonces BOA Departamental VIII) e interviniendo varias líneas telefónicas.

A raíz de ello, el 18 de septiembre de 2019 se realizaron 17 allanamientos en Firmat, Chabás, Villada, Sanford y Rosario, secuestrándose unos 88 gramos de cocaína y 390 gramos de marihuana, 3 gramos de semillas de cannabis sativa y 37 plantas de la misma especie. Asimismo, se hallaron cuatro armas de fuego, numerosos celulares, dinero en efectivo y elementos de corte (balanzas, bolsas de nailon, etc.).

Debido a que no todas las personas investigadas fueron encontradas en sus domicilios al momento del allanamiento, con el transcurso de la causa se fueron realizando las correspondientes detenciones, declaraciones indagatorias y procesamientos.

En consecuencia, a lo largo de la investigación se corroboró que existía una organización dedicada a la venta de estupefacientes conformada por unos 14 miembros radicados en Firmat, Chabás y Casilda, cuyo modus operandi era variado, siendo en algunos casos tipo delivery y en otros usando domicilios particulares como boca de expendio, y en general comunicándose de manera telefónica entre ellos, lo que hizo que las intervenciones de las líneas fueran clave para probar los hechos imputados.

De esta manera, en fechas 11/10/2019, 05/02/2020, 03/03/2020 y 23/09/2020, se dictó el auto de procesamiento de los 14 imputados por los delitos previstos en el artículo 5 incisos a) y c) agravados por el artículo 11 inciso c) de la ley 23.737 (tenencia de estupefacientes con fines de comercio y guarda y cultivo de semillas y plantas para producir estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada).

Además, en algunos casos se procesó por el delito previsto en el artículo 189 bis 2° apartado, primer párrafo, del Código Penal (tenencia de arma de fuego uso civil sin autorización legal), ya que de las intervenciones telefónicas surgía que esas armas estaban vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

Estas resoluciones fueron luego confirmadas parcialmente por la Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario mediante acuerdos de fechas 29/07/2020, 20/11/2020, 17/12/2020 y 19/03/2021.

Trascendencia institucional

Una vez conocida la sentencia, El Litoral consultó al juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien valorizó la “trascendencia institucional” que tiene la causa, ya que la misma, como la “causa Castelli” (primer juicio oral y público impulsado por el Juzgado Federal de Venado Tuerto) y otras que también se podrían destacar, “fueron íntegramente desarrolladas, y cumplimentada la etapa de instrucción que marca el proceso penal aún en vigencia, en la sede del Juzgado Federal de Venado Tuerto, además de que la etapa propia del juicio oral y público, gracias al traslado de los magistrados, fiscales y defensores, también se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa del Bicentenario, cedida para esa ocasión por la Municipalidad de Venado Tuerto, lo cual permite visibilizar -aseveró el juez- el funcionamiento íntegro del proceso que se generó por el tráfico de sustancias estupefacientes, es decir, se están brindando respuestas concretas, en plazos razonables, a problemáticas de competencia federal de nuestra región, y que responde al espíritu que animó a la creación de nuestro Juzgado Federal; esto en lo específico de la competencia penal, sumado a los múltiples pronunciamientos que a diario atienden cuestiones de competencia no penal, como cuestiones de salud, tributarias y previsionales".

Causa Castelli

En julio último, 17 personas habían sido condenadas en una causa por tráfico de estupefacientes, en el marco del primer juicio oral y público federal desarrollado en Venado Tuerto, a cargo del Tribunal en lo Criminal Oral N° 3 de Rosario, integrado por Mario Gambacorta, Eugenio Martínez y Osvaldo Fasciano, como vocales, el mismo triunvirato que hizo justicia en la reciente “causa Lescano”.

La investigación de la "causa Castelli" se había iniciado en 2018 y se realizaron 20 allanamientos, adquiriendo mayor trascendencia mediática aún porque en la causa declaró el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, como denunciante y testigo.

El juez Aurelio Cuello Murúa y el fiscal Javier Arzubi Calvo iniciaron las actuaciones el 7 de octubre de 2018 en virtud de un llamado anónimo efectuado a la Central de Emergencias 911 de la Policía provincial, mediante el cual una persona puso en conocimiento que en una vivienda ubicada en Monseñor Borgarino y Vieytes, de Venado Tuerto, se estarían llevando a cabo conductas relacionadas con el comercio de material estupefaciente.

En razón de los distintos seguimientos efectuados y de las intervenciones telefónicas, se determinó que las personas investigadas se dedicaban al comercio de estupefacientes, llevando a cabo las maniobras en Venado Tuerto, Rufino, Firmat y Melincué, operando algunos desde la cárcel de Coronda.

En consecuencia, se hicieron efectivos 20 allanamientos el 27 de febrero 2019, donde se procedió al secuestro de distintas cantidades de material estupefaciente, elementos de corte, balanzas, teléfonos celulares y otros. Y se procedió a la detención de varias de las personas investigadas.

A un número importante de los aprehendidos se les atribuyó "sembrar, cultivar y guardar para producir estupefacientes" distintas plantas de cannabis sativa que fueron encontradas en los domicilios. Como así también, en otros casos, la comercialización de cocaína.