Asentamiento en El Pozo: 57 familias y todo un barrio a la espera de una respuesta del Estado

Pasó mucho tiempo, en medio de la pandemia, y la solución al problema que acarrea un asentamiento irregular en el barrio El Pozo no llega. Se trata de un caserío de precarias viviendas, la mayoría de chapas, levantado hace ya más de una década a la orilla de la laguna Setúbal, en la zona donde antes había una playa pública: Los Alisos.

Allí viven al menos 57 familias, muchas de ellas numerosas, entre chapas y con piso de tierra, casi a la intemperie, en medio de esta ola de frío que llegó para inaugurar el invierno. Una realidad que no es nueva. Tiene más de una década.

Lo último que se supo del tema a nivel institucional es que desde el área de Hábitat del gobierno provincial y del municipal habían censado a la población que ocupa dichas tierras para brindarles mejores condiciones de vida. El objetivo era contar con una radiografía, y luego tomar decisiones para concretar un proyecto de integración sociourbana -en materia habitacional- que los incluya. Al mismo tiempo, lo que se pretendía era liberar esa zona, que por sus condiciones de riesgo hídrico no debe ser habitada, y recuperar un espacio público sobre la playa.

A través del último censo realizado en febrero pasado, se pudo constatar que son 57 las familias que viven en el asentamiento, entre los que además de niñas y niños, hay personas con discapacidades. Otro relevamiento anterior, realizado en junio de 2019, había arrojado que eran 51 las familias ocupantes. Es decir que en los últimos dos años el asentamiento habría crecido muy poco. Pero desde la Vecinal aseguran que no es así, y arriesgan que son más de 80 las familias.

Para evitar que el asentamiento siga creciendo, la Provincia colocó una garita policial con custodia permanente. Es un contenedor que hace las veces de comisaría y está en la esquina noroeste de barrio El Pozo, contra la orilla. Esto es en la intersección de las calles Cortes Pia y Jiménez de Asúa, donde estaba la parada de colectivos. Con ello se controla también la convivencia.

Es que muchos de los frentistas de calle Cortes Pia se quejan por los altos niveles de música y los conflictos interpersonales que hay en el asentamiento. También dicen que sufren hechos de inseguridad. Antes tenían la mejor vista de la Setúbal y el balneario público frente a sus casas. Ahora, en cambio, tienen un drama social frente a sus narices, con vecinos en condiciones de vida indigna. Y eso también duele. En consecuencia, ambos sectores sociales están en problemas.

"Nosotros vinimos de Alto Verde hace unos cuatro años", cuenta Gabriel, mientras barre el piso de tierra y pone basura en una bolsa. "Después del censo nos dijeron que nos iban a sacar de acá, pero nunca vinieron", dice. El hombre es joven y subsiste de changas. Duerme en un rancho junto a otras cinco personas que son su familia. Cuatro son niñas y niños. De fondo ladran los perros. Y más atrás está la Setúbal, seca por la bajante. Pura greda.

Al lado de Gabriel vive Mariana junto a otras seis personas. Ellos llegaron de Chaco hace un año y se instalaron allí, cuentan. "Necesitamos una casita, que nos ayuden, porque se vino el frío y se puso difícil", pide.

Al otro lado

"Yo tuve que poner todas estas rejas al frente", dice Mary señalando su casa. Ella es jubilada y vivió toda su vida frente a la playa. "Antes se me metían los chanchos que criaban acá en frente -relata, señalando el asentamiento- y me comían las plantas o revolvían la basura". La señora enumera sus padecimientos y agrega "los ruidos molestos, la inseguridad y la convivencia, que se hace difícil", se queja.

El resto de las casas de esa manzana 15 de El Pozo también tienen flamantes rejas. "Ahora estamos tratando de hacer una colecta para colocar cámaras de seguridad", apunta Jorge, otro vecino preocupado por la situación. En frente de su casa, sobre el asentamiento, hay un cartel que dice "Merendero" y otro cartel más chico -escrito en un pedazo de cartón- que dice: "Usar tapabocas". Allí van a diario las pibas y los pibes del asentamiento en busca de un jarro de leche caliente. Para la mayoría ese es el único alimento que reciben por día. Hace frío y no sobra nada en el precario caserío de chapas.

"De la Manzana 1 de Alto Verde llegué yo, hace un año ya", dice Vicente, que carga una pila de leña en su moto y va rumbo a su rancho para prender fuego y calentarse junto a sus hijos. Son diez personas bajo ese par de chapas. "Necesitamos un terrenito para poder hacernos algo, porque de acá en cualquier momento nos sacan", asegura sin que le pregunten.

-¿Por qué se vinieron para acá?

-No se podía vivir allá. Había mucha inseguridad, mucha vagancia, cuenta Vicente.

Es una mañana gris con temperaturas bajas y mucho viento. A la leña la repartió la Municipalidad, que asiste a estos vecinos que no tienen nada. Ello desató la queja de un concejal opositor. A Carlos Suárez (UCR -Juntos por el Cambio) le dijeron algunos vecinos de El Pozo que la Municipalidad les estaba "entregando materiales para construir o ampliar viviendas", a los ocupantes, y lo tuiteó. Pero era leña para calentarse. Así, el drama social se politiza -en un año electoral-, sin solución para nadie.

"Acá no podemos edificar nada, porque de un día al otro nos van a sacar, así que hay que quedarse abajo de las chapas, nomás", dice Vicente. "Lo único que tenemos son las chapas", repite.

-Se hace difícil la convivencia con los vecinos de El Pozo, ¿no?, preguntó El Litoral.

-Sí, y ellos tienen razón, porque pagan impuestos y tienen sus casas, y uno no paga nada. Encima acá se hace bulla con la música y a ellos les molesta. Yo los entiendo. Si estaría en su lugar pensaría que este asentamiento no puede estar acá, tendría que estar todo limpio todo esto -confiesa, clavado como un Cristo en su realidad.

"La verdad que el gobierno no hace nada con esto", se queja desde la vereda de enfrente Santiago, un vecino de hace más de dos décadas de El Pozo. "Es un barrio hermoso, parece un barrio privado, porque no tenés nada alrededor, y desde que está el asentamiento cambió muchísimo", cuenta. "Se perdió la playa y el parque, que era un lugar verde al aire libre para los que viven en las torres y no tienen patio".

"Los vecinos tienen miedo de hablar, porque se exponen, pero yo ya perdí el miedo", añade Santiago. "Siempre lo mismo con los políticos, antes era la inundación, ahora la pandemia, y no nos dan una solución".

La solución

Luego del censo realizado en febrero pasado, el siguiente paso que debe dar el gobierno es gestionar un terreno a donde trasladar a estas familias, en otra zona de la ciudad, y así brindarles mejores condiciones habitacionales. Pero ello todavía no sucedió. Según pudo saber El Litoral, la Municipalidad de Santa Fe es la encargada de obtener dicho terreno y lo está gestionando. Por el momento y ante la requisitoria periodística, prefieren no hablar del tema.

Por su parte, el representante de Hábitat de la provincia, Amado Zorzón, detalló en diálogo con este diario que "algunas de las 57 familias son numerosas y otras no", y dijo que de acuerdo a lo relevado, "la mayoría vive de changas, en condiciones muy precarias y en una zona donde prácticamente no se puede vivir". Ello se puede constatar a simple vista con una visita al lugar. Son los olvidados de esta sociedad.

Este asentamiento sobre la playa Los Alisos de barrio El pozo está incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que reúne información sobre las villas y asentamientos de toda la Argentina para brindar una solución habitacional a las personas. "El Renabap contempla que, si se constata que ese espacio no es habitable, las familias se trasladen a otro lado, que es lo que haremos en conjunto con el Municipio", dijo Zorzón. "En este momento estamos analizando a dónde trasladarlas".

Esa es la principal traba que demora la solución definitiva del problema. A dónde trasladar a las familias. Hoy su destino es incierto. Y permanecen allí, en precarias condiciones, en este comienzo del segundo invierno pandémico.

¿Y los asadores?

"En la época de (Mario) Barletta (intendente 2007-2011), el barrio votó tres propuestas para darle un destino final a esos terrenos. Ganó una propuesta para construir asadores y tener así un espacio de recreación sobre la laguna. Estaban los fondos para hacerlo, eran $ 500 mil, pero Barletta se fue, el dinero no apareció y la obra nunca se hizo", cuenta la presidenta de la Vecinal El Pozo, Estela Santacruz.

"Hay diez familias más y se va agrandando"

Estela Santacruz es la presidenta de la Vecinal El Pozo. Desde la entidad "hace años que venimos luchando para que desde el Estado den una respuesta al problema que ocasiona el asentamiento, y que los vecinos recuperen ese espacio", dice.

"Nosotros hablamos con la Municipalidad y nos dieron la palabra de que lo iban a solucionar -cuenta la vecinalista-. Ellos tienen un proyecto que lamentablemente por la pandemia no se puede realizar, eso fue lo que nos dijeron. Mientras tanto vemos que el problema se va agravando, porque ya hay diez familias más que en el último censo", advierte. "Si esto sigue en el tiempo se va a hacer inmanejable, porque ahora son 87 familias", dice. La cifra dista mucho de las 57 familias que dice el Estado que habitan el lugar, según el relevamiento de febrero pasado.

"No creo que este año los puedan trasladar, y lo lamentamos sobre todo por la gente que vive en frente", finaliza la vecinalista, con resignación, "porque hay criaderos de animales, ponen la música a todo volumen y hay conflictos", pero también "hay otro drama, porque allí viven criaturas, así que tampoco es humano para ellos, a los que se les debe dar dignidad".