Se multiplican los asentamientos en el valle de inundación junto a la ruta 168

Los techos se ven desde la ruta nacional 168. Son ranchos y casas de material que fueron levantadas en los últimos meses en zonas de riesgo hídrico. Es el valle de inundación por donde escurre la laguna Setúbal. El agua pasa por debajo de los puentes aliviadores de la ruta e inunda el bañado. Pero ahora ese bañado está seco y es ocupado por familias que levantaron sus viviendas en zonas donde no deben hacerlo.

En una recorrida por el lugar, un equipo periodístico de El Litoral pudo comprobar como crece día a día este asentamiento. Son familias, algunas numerosas, con niños que corretean por el lugar y crecen en la naturaleza. Aunque esa misma naturaleza puede transformarse en una amenaza para ellos y para el resto de su familia. Porque ahora el río Paraná está bajo, muy bajo, históricamente bajo, desde hace ya tres años. Pero en algún momento va a crecer. Y cuando crezca el agua alcanzará toda esa zona. Por lo que se generará un grave problema social.

Esas familias se van a inundar. Deberán escapar del agua, con la consecuente pérdida de lo poco que tienen. Algunos de los habitantes de esta zona ya lo vivieron. Claudio es uno de ellos. Un albañil que vive junto a su familia en la zona conocida como Nueva Esperanza. "Acá en la última inundación nos tuvimos que rajar", dice. "Porque el agua llegó a la ventana", agrega. "Yo me tuve que ir de mi suegro, y cuando el agua bajó volvimos, pero perdimos todo".

La inundación

La inundación que recuerda Claudio es la última, la de 2016. Aquella vez el Paraná puso en jaque a esta zona y a otras que no están defendidas con terraplenes, en el resto de la Costa. Antes hubo otras inundaciones, como la del '92.

Pese a ello, Claudio volvió. Es que para la mayoría de estas familias es el único lugar a donde pueden vivir. Es su tierra, su lugar. Un ambiente en el que conviven con el riesgo y la amenaza del río. Lo mismo ocurre en Bajada Distéfano y en todo el resto del valle de inundación que nace pasando al este el barrio El Pozo a un lado, y el megamercado, al otro. Toda esa franja de tierras bajas se prolonga hacia el este, a ambos lados de la ruta 168, hasta La Guardia.

La zona es inundable. Cuando el río crece queda bajo el agua. Es que todo el caudal que escurre por la laguna Setúbal tiene que pasar por su desembocadura en el río Santa Fe y por debajo de todos los aliviadores de la ruta 168 hacia el riacho Santa Fe.

Es por ello que todas estas familias no deberían ocupar estas tierras. Como también es cierto que el Estado, en todos sus niveles, debería controlarlo y evitarlo.

Servicios

Sin embargo esa zona es habitada hoy por familias que levantaron sus casas. Los que viven en el sector de Nueva Esperanza cuentan además con un precario tendido de energía eléctrica y una red de agua potable. También tienen una pequeña placita con hamacas y juegos infantiles.

Un problema paralelo es el ingreso al asentamiento, del lado de la laguna Setúbal. En ese sector se retiró un guardarrail para que los vehículos puedan entrar y salir del bañado. Pero el acceso no está señalizado ni tiene la infraestructura necesaria, por lo que cada vez que sale un auto o un camión se genera un riesgo vial ante la gran cantidad de tránsito que circula por la ruta nacional 168.

Advertencia

El año pasado, los concejales de la oposición alzaron la voz para advertirle al gobierno local sobre los serios riesgos e inconvenientes que puede llegar a causarle al Estado el avance de los asentamientos ilegales en la ciudad, más allá de la situación de vulneración social en la que viven quienes ocupan estas zonas.

Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio, le reclamaron al Municipio en junio pasado que intervenga "de inmediato" para frenar los asentamientos en zonas de riesgo hídrico. Además pidieron patrullajes de la GSI en dichas zonas, defensas y reservorios. También, que se atienda la situación de las familias que ocupan los terrenos para su posterior relocalización.

"Presentamos un proyecto de Resolución para que el Ejecutivo Municipal tome una serie de medidas urgentes para frenar las ocupaciones ilegales en zonas de defensas hídricas y, por otro lado, para relocalizar a las familias que ya ocupan dichas tierras", dijo aquella vez la concejala Adriana Molina. "Son medidas realizables y concretas: la primera es que reanuden las rondas de la GSI en esta zonas vulnerables, y la segunda, que la Agencia de Hábitat del Municipio realice un relevamiento detallado de las familias que ocupan estas tierras, para que luego nos informen en el Concejo y se gestione la relocalización".

"Lo que planteamos es que hay que tomar todas las medidas para que esto no siga sucediendo, necesitamos garantías para que no se ocupen los reservorios ni las defensas", señaló luego Hugo Marcucci. Cabe mencionar que el mantenimiento y control de algunas de las defensas depende también del gobierno provincial.

La respuesta municipal

Desde la Municipalidad de Santa Fe dicen que "el tema se aborda desde los comienzos de la actual gestión". También dicen que trabajan "sobre la informalidad y la precariedad habitacional en varios frentes". Uno de ellos es el control "para que no se multipliquen las viviendas en zonas inundables, a punto tal que se evitó una cantidad de casos muy significativa", manifestaron voceros del gobierno local consultados por El Litoral.

En paralelo, "se desarrollan acciones relacionadas con el ordenamiento de áreas ocupadas de manera irregular, tal es el caso de aquellas que se registraban en zonas de reservorios. En casos puntuales se consiguió reubicar a las familias, siempre llevando la correspondiente información sobre los inconvenientes que trae aparejada la radicación en terrenos inundables, como sucedió, por ejemplo, en barrio Santa Rosa de Lima", apuntaron las mismas fuentes.

En ese sentido, desde el Municipio destacaron las gestiones llevadas a cabo ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, "las cuales permitieron desarrollar proyectos con la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Prueba de ello es el financiamiento logrado para el desarrollo de obras integrales en los barrios Los Hornos (por 700 millones de pesos), Transporte y Villa Elsa (por 1.000 millones), Varadero Sarsotti (por 210 millones) y 29 de Abril (por 1.000 millones). En todos los casos, los trabajos ya iniciaron e incluso algunos de ellos, fueron supervisados funcionarios municipales y nacionales".

Los barrios mencionados están incluidos en el Plan Integrar que la Municipalidad puso en marcha a principios de 2020 y se cuentan entre los 33 barrios santafesinos que forman parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). "Gracias a ello, la definición de obras prioritarias se concretó junto a los habitantes de cada barriada, en el marco de las Redes de Instituciones, un proceso democrático que incluye la participación de los vecinos en la toma de decisiones y que la Municipalidad lleva adelante", destacaron desde el Palacio.

"Este es el caso puntual de El Bañado (o Los Bañados) y Los Alisos, dos asentamientos incluidos en el Renabap. Por lo tanto, la regulación de las zonas habitables se inscribe en ese proceso. De este modo, no se trata de usurpaciones propiamente dichas, ya que son barrios reconocidos nacionalmente e incluidos en esta lista nacional. Debido a que ya forman parte de esa nómina, el proceso a completar para iniciar un acercamiento con sus habitantes es más complejo y debe ser abordado de manera integral", aclararon las fuentes municipales consultadas por El Litoral.

Asentamiento en El Pozo

Otro de los asentamientos irregulares en la zona es el que creció detrás del barrio El Pozo, a orillas de la laguna Setúbal. Allí el Municipio realizó un relevamiento y asistencia social a los ocupantes. La idea era trasladarlos a una zona segura, porque las viviendas fueron levantadas en tierras inundables. Pero ello nunca ocurrió.