Cañada Rosquín confirma que se puede producir cerca sin afectar la población

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

Con la certificación de “Municipio Verde”, la comuna de Cañada Rosquín, un pueblo de 5.300 habitantes a 150 kilómetros de la capital santafesina, demostró que con voluntad política los gobiernos pueden dar soluciones concretas a problemas reales en lugar de ejecutar acciones demagógicas, rentables en términos políticos pero muy nocivas para la comunidad.

Por ejemplo, si allí hubiesen tomado el atajo de prohibir el uso de estos productos en una franja de 500 metros -como se estila- hubieran quedado fuera del sistema unas 4.000 hectáreas de 15 productores, con el consiguiente perjuicio económico del que no hubiese quedado exenta la comunidad (¿cuantos fletes menos al año representaría para el transporte local; o ventas de insumos; o reparaciones en talleres locales? por citar algunas posibilidades).

Fue la ingeniera agrónoma María Eugenia Racciatti, actual vocal suplente y electa vice presidenta comunal, quien hizo los primeros esfuerzos que luego derivaron en esta certificación. En una entrevista radial recordó que se gestó con el diseño de una ordenanza del que participaron todo los actores involucrados (productores, operarios, ingenieros agrónomos, aplicadores, vendedores de insumos). Ese texto empezó a circular hasta que llegó a conocimiento de AAPRESID, desde donde les propusieron aplicar el “sello IRAM” del Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

“Me llena de orgullo haber podido juntar a las partes; trabajar en equipo; tener como localidad un proyecto común y que se haya plasmado”, dijo, en oposición a “la queja continua, el ‘me opongo porque me opongo’, el mirar desde afuera y decir ‘ustedes deberían...’”. Incluso valoró que en el diseño de la normativa hubo técnicos de obras públicas para incluir en el análisis la posible expansión territorial del ejido urbano (que, en el caso de una prohibición, hubiera perpetuado el conflicto a medida que se fuera corriendo el límite urbano).

Antes de la certificación IRAM se promulgó la ordenanza 066/2018, estableciendo un protocolo de gestión y control ante los “grises” que tenía la Ley provincial 11.273. “Fue superadora; todos aportaron y la fueron validando en el terreno”, recordó la funcionaria.

Racciatti explicó en qué consiste el protocolo. Como es lógico, es esencial el uso de la receta agronómica donde consta el aval del profesional habilitado, los productos a usar y la ubicación del lote. Para trabajar con este documento en tiempo real se creó una web app mediante que sirve para cargarlo en el sistema y hacerlo llegar hasta las autoridades que hacen las verificaciones correspondientes (principio activo, dosis, cultivo). Una vez aprobada la receta se avisa al profesional fiscalizador, que a su vez debe coordinar con los operarios que realizarán el trabajo (también figuran en la receta) el día y horario para hacer la aplicación. Ya en el lote, “la obligaciones son: todas la medidas de seguridad para el operario; que los productos que figuran en la receta de aplicación sean los que están en el lugar; obviamente en envases cerrados; se procede a la carga de los productos en el orden que corresponde; se miden las condiciones ambientales (temperatura, humedad y dirección y velocidad del viento) y si se puede se da el alta de la aplicación”. Todo, agregó, queda registrado en la app y en formato papel. A su vez, destacó que para una escuela rural de la zona se dispuso que sólo puede pulverizarse en las inmediaciones durante los fines de semana.

Además de esto, el protocolo de AAPRESID demanda un seguimiento del periurbano (cuantas veces y qué se aplica, qué rotación de cultivos y monitoreo de plagas). Y sobre el sello IRAM, Racciatti lo consideró “una seguridad para nosotros como municipio” porque es la certificación de que todo se hace según lo establecido. También puertas adentro “para gestionar con conciencia” y para los vecinos “para estar seguros que la certificación es válida”. Incluso enfatizó que es una garantía de continuidad, porque “no hay vuelta atrás” y para mantener el sello hay que validarlo todos los años con inspecciones periódicas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación. “Entonces ahora el compromiso es mucho mayor”, remarcó.