¿Ni un centavo para los buitres?

De la redacción de El Litoral
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La Argentina debe afrontar la fallida estrategia presidencial que estipuló “ni un centavo” para los buitres. El juez neoyorkino Thomas Griesa le había pedido a la Casa Rosada -en octubre de 2012- una propuesta de “tratamiento igualitario” a los tenedores de bonos que no entraron al canje, respecto de los que sí lo habían hecho.

Aquella negativa directa y pública de la presidenta fue cuestionada en privado por Hernán Lorenzino, que sin embargo cumplió la orden. Griesa advirtió entonces que el gobierno nacional no estaba dispuesto a acatar un eventual fallo en contra, lo que suponía desconocerlo como juez de la causa.

Como la Argentina no aceptó el pari passu en un primer momento, el juez sentenció el pago total de lo que reclamaban los buitres: U$S 1.330 millones de dólares al contado más intereses.

Sólo cuando el país apeló ese fallo ante la Cámara de Nueva York, la Casa Rosada cambió su estrategia y enunció la posibilidad de pagar a los buitres lo mismo que había reconocido a los bonistas que entraron al canje. Pero el tribunal consideró para entonces que el país es un deudor “reacio” y “empedernido”, y ratificó el fallo de Griesa.

Menos oportuno que tarde, el ministro Lorenzino dijo ayer en el programa “6, 7, 8” que “somos respetuosos de los sistemas judiciales”. El gobierno nacional busca seguir pagando a los bonistas que entraron al canje sin padecer un embargo que favorezca a los “buitres”.

Por eso, el ministro señaló que “tenemos que dar mensaje muy claro a los que entraron al canje y garantizarles que vamos a seguir cumpliendo en los mismos términos, con la misma moneda”.

El funcionario sostuvo que “no nos van a llevar al 2001” y ratificó que a los fondos buitre no se les pagará “algo distinto” de lo que reciben quienes ingresaron al canje de la deuda”. Pero el gobierno no puede garantizar algo que en realidad depende de un fallo que parece encaminado a la Corte norteamericana, si es que ésta admite revisar el caso, lo que ocurriría recién en 2014.

Axel Kicillof aclaró que “no estamos en lucha contra el sistema capitalista, sino que venimos a pagar la deuda y es lo que nos impiden desde sectores recalcitrantes”. “Ante un ataque de estos fondos buitre, lo que va a hacer este gobierno es pagar a todos los que tienen los títulos según el canje”, afirmó.

Soberbia

Federico Sturzenegger (PRO) consideró que la adversidad judicial en Nueva York es producto de la “soberbia” del gobierno nacional. Recordó que “Argentina en vez de hacer una cosa lógica de pagar lo mismo que le pagamos ya al 93 % que aceptó, que me hubiera parecido un planteo muy defendible; en vez de decir eso, salió Cristina a decir: ‘Mirá, aunque me digas que tengo que pagar un peso no lo voy a pagar’, y salió el ministro de Economía Hernán Lorenzino a decir lo mismo”, cuestionó. “Eso fue lo que generó el fallo muy adverso”, recordó.

“Irracionalidad y contradicciones”

El economista Claudio Lozano dijo que el fallo adverso de la Corte de Apelaciones de Nueva York se debe a la “irracionalidad, contradicciones y falta de responsabilidad” del gobierno, por “no haber puesto en marcha una auditoría de la deuda” y por la “cesión de soberanía” de Néstor Kirchner, cuyo gobierno contrató un estudio jurídico de tiempos “menemistas “ y a un banco norteamericano como agente de pago.

“Este conjunto de disparates presentado bajo un discurso vacío de supuesta defensa del interés nacional y en el marco de ‘bravuconadas’ insostenibles” derivaron en “el resultado frente al cual hoy estamos”.

Lozano remarcó que “en la supuesta ‘década ganada’ la Argentina ha triplicado los pagos netos por deuda pública con respecto a la década de los noventa”. “Andamos clandestinos y juzgados por el mundo y, como si fuera poco, estamos hoy frente a la posibilidad de un default técnico”, lamentó.

El legislador propuso rescindir contrato con el Banco de Nueva York para pagar a los acreedores que entraron al canje, revisar la deuda en el Congreso y proponer un nuevo canje, recuperando la soberanía en la defensa de los intereses argentinos.