El juez Civil y Comercial, Carlos Dávila, hizo lugar a un recurso contencioso administrativo planteado por estos vecinos, quienes demandaron judicialmente a la Municipalidad de Santa Fe reclamando que se deje sin efecto la transferencia del inmueble donde funcionaba el emprendimiento comercial.
Se trata de 23 hectáreas que en 1997 fueron transferidas a la firma Future Maker SA por 28.320 pesos y con una serie de condiciones que, según los denunciantes, no se cumplieron.
Básicamente, estos vecinos reclaman a la Justicia la rehabilitación y reapertura del local “conforme a su destino, sea bajo directa administración municipal, gestión comunitaria o cooperativa de comerciantes, adjudicación por licitación pública o la figura jurídica que mejor se adapte a los intereses de todos los santafesinos”.
Este reclamo está formulado en el marco de la ley 10.000, denominada de “protección de intereses difusos”. Esa ley permite que los particulares que se sienten lesionados en sus intereses simples o colectivos -por su misma condición de ciudadanos- promuevan recursos sumarios contra la administración pública, reclamando la tutela judicial para la conservación ambiental, la preservación del patrimonio histórico, cultural o artístico o la defensa de valores similares de la comunidad.
El abogado Diego Genesio, representante de los denunciantes, explicó que el planteo judicial se centra en dos cuestiones fundamentales.
Por un lado, “el incumplimiento por parte del inversor de las condiciones bajo las cuales la ciudad se desprendió de un predio de gran superficie y estratégica ubicación”.
Por otro, el hecho de que dicho shopping “pasó a formar parte de la ciudad con su aporte cultural, cambiando definitivamente hábitos de convivencia y de diversión, al proponer una nueva forma de disfrutar del ocio”.
“Cuando se anunció la construcción de un shopping en el puerto, todos creímos que la ciudad pasaría a contar con dos paseos de estas características, pero no fue así”, insistió.
































