Nutrida marcha en repudio por las dos inundaciones

Cientos de santafesinos colmaron el domingo la plaza 25 de Mayo al cumplirse cuatro años de la catástrofe hídrica de 2003 y un mes de la última inundación.

Con pancartas, redoblantes y panfletos, los vecinos de distintos barrios de la ciudad y localidades de la provincia se ubicaron de espaldas a Casa de Gobierno, en una clara manifestación de la actitud que denuncian de las autoridades.

Fue un acto pacífico en el que primó el reclamo de justicia, el recuerdo de los fallecidos, la denuncia hacia funcionarios (actuales y anteriores) de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el pedido de un plan de obras para Santa Fe.

Estos puntos estuvieron contenidos en el documento que se escuchó ayer y que contó con la adhesión de unas 70 organizaciones. En el texto, las entidades hicieron un racconto de los reclamos y denuncias realizados cuando se conmemoraron los tres aniversarios anteriores e incorporaron un párrafo especial destinado al intendente Martín Balbarrey al que calificaron de "prepotente" por la gestión que realizó durante la emergencia en las últimas inundaciones. "Echó a los voluntarios de los centros de evacuados y responsabilizó a las vecinales y a las organizaciones civiles de lo que él no hizo", dijeron.

Con tono duro, denunciaron estar manteniendo "una ríspida y desigual lucha contra el poder político y judicial que ha negado, ocultado y protegido a sus inundadores".

En el discurso aparecieron mencionados, entre otros nombres, el de Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Horacio Rosatti, Marcelo Álvarez y Edgardo Berli, pero también los legisladores que votaron la ley 12.183 que estableció el Régimen de Reparación excepcional destinada a reparar "los daños materiales y espirituales" ocasionados por el desborde del Salado. El documento consideró "injusta, extorsiva, arbitraria e inconstitucional" a la normativa y reclamaron su derogación. Uno de los puntos más conflictivos es que la ley obliga al beneficiario a renunciar a una eventual pretensión de indemnización por daños y perjuicios derivados de las inundaciones contra el Estado.

Frente a Tribunales

El momento más emotivo del acto, que se extendió durante casi tres horas, fue durante la lectura de los nombres de los muertos que dejó la catástrofe hídrica de 2003 y del que falleció en la última inundación. En este tramo del discurso, no se obvió una dura crítica a las declaraciones del ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, respecto de este último caso.

Además de estos nombres, se sumaron a las pérdidas humanas "tres personas -dos de barrio Chalet y una de Villa del Parque- que no murieron ahogadas sino del impacto y el dolor que les causó esta última inundación", dijo Claudia Albornoz, integrante de la Carpa Negra de la Memoria y la Dignidad.

Luego de recordar a las víctimas, un nutrido grupo de vecinos cruzó la calle y manifestó su indignación frente a Tribunales. Las impresiones de los presentes fue que en el poder judicial -al que calificaron como la "cosa nostra santafesina"- "también se recicla, se pagan favores, se compran lealtades y por sobre todo, se emplean familiares y amigos de los poderosos".

La disconformidad con el avance de la causa judicial mereció una alusión destacada. "Se repudió al actual juez de la causa inundaciones, Patrizi, por su inacción y porque sigue sin tener en cuenta las pruebas que se les estuvieron presentando en estos cuatro años y que todas apuntan a que Reutemann es uno de los principales responsables", señaló Albornoz.

Pedidos concretos

Al igual que en 2005, denunciaron las "dos caras de Santa Fe": "una provincia rica" pero sin las obras de infraestructura necesarias para que la gente no se inunde. Por eso solicitaron puntualmente la "finalización de obras de defensa y obras accesorias: el funcionamiento y mantenimiento de las casabombas, limpieza de los desagües, zanjas y reservorios y la elaboración de un plan de contingencia con participación de la ciudadanía".

Entre los reclamos también figuraron: la sanción de la ley de indemnización integral; que se investiguen los hechos posteriores a las dos inundaciones: desvío de donaciones, atención en centros de evacuados, manejo y sobreprecio de la asistencia, secuelas, entre otros; inhabilitar de por vida a los responsables políticos para ejercer cargos públicos; que sean concursados los cargos públicos técnicos; reglamentación total y cumplimiento de la Ley 11.730 de uso de zonas inundables; políticas, planes y programas de salud, que asistan en el lugar de residencia de los afectados, y la creación de planes de viviendas dignas y de urbanización, para la conformación de barrios y no asentamientos.