El oficialismo intenta apurar la estatización de las jubilaciones

Al ritmo de la caída de los mercados y las críticas opositoras, el gobierno decidió acelerar los tiempos y convertir en ley el nuevo sistema previsional antes del 30 de noviembre. Por eso, tras el envío del proyecto al Congreso y en medio de la inquietud por los efectos financieros de la movida, los acontecimientos se precipitaron y comenzaron las reuniones destinadas a lograr este objetivo.

La nueva fecha fue confirmada por el presidente de la bancada kirchnerista de senadores, Miguel Pichetto. “Queremos evitar ciertas situaciones que se están dando en el mercado financiero relacionadas con el anuncio del gobierno”, sostuvo el legislador, en momentos en que la prohibición judicial a las AFJP de hacer operaciones bursátiles durante una semana provocaba la caída en picada de los indicadores de la Bolsa y se hacían sentir las repercusiones internacionales.

El jefe del bloque K de diputados, Agustín Rossi, evitó confirmar que existiese una orden del Ejecutivo, pero sí trató de apurar los plazos en una reunión que sostuvo ayer, junto al presidente provisional del Senado, José Pampuro y el propio Pichetto -y en el despacho de éste- con los jefes de los bloques radicales, el senador Ernesto Sanz y el diputado Oscar Aguad, y presidente del partido, Gerardo Morales.

La propuesta fue que la discusión del proyecto en las comisiones, que comenzará el martes de la semana próxima y con la asistencia del ministro de Trabajo Carlos Tomada y el titular de Anses, Amado Boudou, se haga de manera pública y conjunta entre ambas cámaras. “La intención es no repetir el mismo debate y que todos los aportes se hagan de una sola vez”, explicó Pichetto.

Plazos y condiciones

Según el cronograma del oficialismo, la iniciativa obtendrá media sanción en Diputados el 5 de noviembre. El mismo día en que el Senado espera convertir en ley el presupuesto 2009, también adelantándolo en una semana.

El problema es que la condición puesta por los radicales para acceder al mecanismo propuesto es, precisamente, postergar el tratamiento del presupuesto, a la luz de los significativos cambios en los ingresos que representará la absorción de los fondos jubilatorios por parte del Estado.

“Con el traspaso de las cuentas privadas aumentarán un 46% los recursos del Estado”, explicó Ernesto Sanz. Pero el kirchnerismo no está dispuesto a ceder en este punto, como tampoco en la inclusión de una cláusula de intangibilidad de los fondos que, de manera unánime, reclaman las bancadas opositoras, aún cuando éstas anticipan su voto afirmativo si se cumple con este recaudo.

“Hay suficiente control”

Si bien no descartó la posibilidad de “analizar” algunas alternativas “para hacerle modificaciones al proyecto”, Rossi afirmó que “en términos generales, la filosofía de la iniciativa cuenta con un alto nivel de consenso”. y, con respecto al resguardo que pide la oposición, destacó que “con la serie de controles” que prevé el proyecto de eliminación de la jubilación privada, “de alguna manera estamos garantizando ese objetivo”.

No obstante, señaló que “la intangibilidad a secas, por la misma composición de la cartera de las AFJP, es difícil de sostener porque es una cartera de títulos y de acciones, no una cartera de dinero en efectivo. Entonces, si esos títulos o acciones bajan o suben, ya se modifica esa situación de intangibilidad, dependiendo ya no de una decisión del gobierno, sino de lo que termina opinando el mercado”.

Para Rossi, “lo importante es tener los suficientes controles de cómo se usan esos fondos, de manera tal de tener la garantía de que nuestros jubilados y pensionados cobren una pensión digna”.

Rossi remarcó que “a partir de que los fondos estén incorporados a la masa de la Anses, habrá un consejo de administración, que está presidido por el titular de la Anses (Amado Boudou); un consejo asesor, donde están representadas las instituciones intermedias más importantes; una comisión bicameral integrada por diputados del oficialismo y de la oposición, y van a tener el control de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación”.

“Me parece que con este menú de controles podemos decir que los fondos van a estar bien administrados y van a cumplir con el objetivo que es garantizarles a los actuales y futuros jubilados la jubilación digna a la que todos aspiramos”, reiteró.