Docentes se quejan porque se complicó el trámite de licencia

Esta semana se conoció que una supervisora de Reconquista pidió licencia psiquiátrica y se fue de vacaciones a Cancún. Pero en la moneda del ausentismo docente hay otra cara: la de los docentes que realmente necesitan una licencia por enfermedad y ahora se les complica el trámite porque se añadieron más requisitos.

“¡¡Qué injusto!! Por culpa de algunos vivos, pagamos todos los platos rotos.... tengo a mi madre (que vive conmigo) con metástasis en huesos, pulmones, riñones, etc. Hace un mes que no duermo y tengo una nena de tres años, la cual requiere de mi atención también. Y ahora ponen más palos en la rueda, no tengo ni el tiempo, ni los medios suficientes como para hacer todo eso, así que voy a tener que seguir trabajando y arreglarme como Dios me ayude, mientras otros se dedican a pedir licencias al doctor amigo y se van de vacaciones. ¡Qué triste!”.

El mensaje de María José está colgado en la página web del Ministerio de Educación, junto con otros tantos reclamos de docentes que se quejan por la burocratización del trámite de licencia. “Pagamos obra social, pagamos órdenes, recetario, plus y ahora quieren que paguemos estampillados. ¡Por favor, menos burocracia y más salud!”, pide Verónica.

En la mayoría de los mensajes, dejados en esta suerte de “libro de quejas virtual”, se advierte que tanto el 0-800 como la página web destinados a pedir las licencias, no funcionan bien.

El pasado mes de julio, el Ministerio de Educación de la provincia renovó el convenio con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para que la Facultad de Medicina continúe ocupándose del servicio centralizado de licencias médicas docentes. Como se recordará, a partir de julio de 2008, el maestro que debe faltar por enfermedad propia o de un familiar ya no tiene que ir a las oficinas de Salud Laboral -que se desarmaron- sino que avisa a la escuela y llama al 0-800 de Salud donde se le da un número de trámite, deben completar un formulario LM y se le advierte que podrá ser visitado por un médico auditor.

Estampillado y otros requisitos

Desde la firma del nuevo convenio, aparecieron nuevos requisitos como otro certificado médico anexo que deberá contar con un estampillado (excepto que el docente se atienda en un hospital público) y la solicitud de declaraciones juradas por familiar a cargo, todo lo cual entorpece el trámite que deja de ser “ágil”, según pretendían los funcionarios de la cartera educativa.

Hasta ahora, el médico del docente debía firmar el formulario LM y con eso bastaba para justificar la licencia, además del llamado al 0-800 para informar de la inasistencia. Ahora, además de firmar el formulario, el médico debe emitir un certificado común que el docente debe legalizar con la compra de una estampilla en el Colegio de Médicos.

La tarea se complica si un maestro reside en alguna localidad del interior y debe viajar hasta el colegio de profesionales más cercano para comprar la estampilla. De igual manera, carece de agilidad para aquel docente que se está reponiendo en cama de una dolencia.

“Nos preocupa el estampillado porque si bien el Ministerio de Educación debe cumplir con una cuestión legal, es una erogación más a cargo del docente. Nos parece que no es responsabilidad del maestro tener que garantizar ese estampillado, sino del médico”, dijo Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe provincial.

La otra queja que se escucha es que al docente que pide días para atender a un familiar enfermo debe adjuntar la fotocopia de la declaración jurada que certifique que esa persona está a su cargo.

Simplificación

Alesso dijo que ya se pidió a las autoridades ministeriales una audiencia para abordar estos inconvenientes y buscar “simplificar” el trámite. Pero lo que más le interesa a la gremialista es discutir “políticas de fondo” tendientes a la prevención de las enfermedades comunes entre el magisterio. “Queremos que se enfermen menos y para esto es necesario discutir la sobrecarga de los catedráticos con 44 horas y de los maestros que deben tener dos cargos para conseguir un salario digno”, indicó.

Por su parte, Oscar Lozeco, secretario general de Amsafe La Capital, reconoció que el estampillado o la declaración jurada son cuestiones legales atendibles. “Pero si se obliga a un universo de 70 mil docentes a ir a buscar estampillas a unos pocos lugares, esto se convierte en burocracia. El Estado peca de no entender la masividad del sistema y de no consultar con los involucrados. Por eso creemos que el reclamo de los docentes es justo y razonable y que se deben buscar mecanismos para agilizar las licencias”, planteó, al tiempo que pidió solucionar los problemas del 0-800 y de la página web.