Fallo clave: la Justicia obliga al Gobierno Nacional a ejecutar la ley universitaria

El Gobierno Nacional deberá aplicar de manera "inmediata" la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), que se había aprobado en el Congreso el año pasado, según lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Finalmente, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría . Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de "poco serios".

En la misma línea, también exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025. Resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley "es ilegítima".

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El caso se originó a partir de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las universidades públicas del país, en medio de un contexto de fuerte desfinanciamiento. La cautelar inicial había sido dictada en diciembre de 2025 y luego apelada por el Gobierno a través de la Procuración del Tesoro.

Creciente tensión

El pronunciamiento de la Cámara se conoce tras dos semanas de paro nacional universitario -la del 16 de marzo y esta que comenzó el 30-, en el que docentes y trabajadores reclamaron mejoras salariales y mayor presupuesto para el funcionamiento de las casas de estudio. La medida de fuerza tuvo impacto en la mayoría de las universidades públicas y reavivó el conflicto entre el Ejecutivo y el sistema universitario.

Con este fallo, la Justicia no solo reafirma la vigencia de la ley, sino que también fija un precedente en torno a la obligación del Estado de garantizar el financiamiento del sistema universitario público, en un escenario de creciente tensión por los recursos destinados a la educación superior. (Noticias Argentinas - El Litoral)