Amnistía Internacional acusó a las empresas farmacéuticas que producen vacunas contra el coronavirus de alimentar una "crisis de derechos humanos sin precedentes" y pidió que se suministren 2.000 millones de dosis a los países de ingresos bajos y medios, que, hasta ahora, han recibido solo el 0,3% de las distribuidas hasta ahora.

































