Perú: realizan nueva marcha nacional para que "cese la represión criminal"

La Confederación General de Trabajadores del Perú convocó para este martes a una nueva marcha nacional, bajo la consigna "Cese de la represión criminal". La principal central sindical del país exige también el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se eleva a 74 el número de piquetes que tenían bloqueado en la víspera el paso en rutas de diez de las veinticinco regiones del país.

Las masivas protestas que sacuden Perú, que ya causaron al menos 46 muertos y buscan la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, continuarán, advirtió este lunes el ministro de Interior, Vicente Romero, quien además defendió la actuación policial, en vísperas de la nueva "marcha nacional" a desarrollarse en la capital, Lima.

"Las protestas sociales aún van a seguir, estamos trabajando intensamente con el ministro de Defensa cómo solucionarlo", expresó Romero a la televisora estatal TV Perú. El funcionario defendió la represión policial, cuestionada fuertemente por grupos civiles de la sociedad por considerarla brutal y abusiva, y destacó el profesionalismo y el respeto de los derechos humanos de las fuerzas del orden.

"En este momento, estamos viviendo uno de los niveles de violencia más alto de todos los últimos tiempos, después de los años 80; sin embargo, creo que las capacidades que está mostrando nuestra policía ha sido espectacular", agregó. "Hemos capacitado a más de 5.000 hombres, sobre todo en derechos humanos", aseguró Romero, a la vez que admitió que "hay justos reclamos que el gobierno tiene que atender", pero denunció la presencia de vándalos entre los manifestantes.

Piden restaurar la calma

La policía peruana estuvo en el ojo de las críticas por el ingreso violento -sin fiscales- a la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima, que había sido tomada por manifestantes llegados desde regiones andinas y que dormían ahí. De 193 detenidos, 192 fueron liberados durante la noche del domingo último.

Justamente, desde la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instó a "asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso" a raíz de dicha intervención. Mientras que la Unión Europea, que alzó el sábado la voz sobre la crisis, lamentó "el gran número de víctimas mortales", a la vez que llamó al gobierno y a la oposición "a tomar medidas urgentes para restaurar la calma".

Mientras tanto, en Ica, unos 350 kilómetros al sur de Lima, un grupo de personas atacó e incendió explotaciones agrícolas de empresas exportadoras. Los aeropuertos de Arequipa y Juliaca (esta última, en la región de Puno) seguían cerrados bajo custodia militar para evitar que fueran tomados por asalto.

El servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu, joya del turismo de Perú, estaba suspendido por el cierre hasta nuevo aviso de la famosa ciudadela debido a motivos de seguridad. Las protestas se iniciaron luego de la destitución y la detención del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, después de que anunciara la disolución del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.