El gobierno nacional creó una Comisión para recibir y analizar denuncias sobre violencia institucional en Jujuy durante y después de las protestas contra la reforma de la Constitución provincial.
La medida fue adoptada por el presidente Alberto Fernández a través de un decreto y busca juntar las acusaciones contra la gestión del radical Gerardo Morales en el marco de las protestas en rechazo a la reforma constitucional provincial.

El gobierno nacional creó una Comisión para recibir y analizar denuncias sobre violencia institucional en Jujuy durante y después de las protestas contra la reforma de la Constitución provincial.
La medida fue adoptada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través del Decreto 435/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Se trata de la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la Provincia de Jujuy, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos.
De acuerdo al texto publicado, estará integrada por un mínimo de cinco y un máximo de siete representantes, quienes se desempeñarán con carácter ad honorem.
Entre los objetivos de la Comisión se encuentra "receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional" local.
Además, también deberá "recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unida para los Derechos Humanos (ACNUDH), relativas a la actuación de la fuerza policial provincial durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos en Jujuy".
La meta es elaborar un informe en un plazo máximo de 60 días para elevarlo a Congreso y la Corte Suprema de Justicia, "conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos".




