El Gobierno intervino e investiga graves irregularidades en la tercera obra social más grande del país

El Gobierno Nacional ha decidido intervenir la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), la tercera más grande del país, debido a la falta de documentación presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta decisión se vio fundamentada en el elevado monto de sus deudas (más de 40.000 millones de pesos), incluso a pesar de haber recibido $ 26.000 millones de parte del Estado. Esto fue precisamente lo que generó sospechas en el Ejecutivo -la gestión de esos fondos públicos- y llevó a la intervención.

Mediante la resolución 1612/2024, la Superintendencia de Servicios de Salud anunció la intervención de Osprera y designó una administradora provisoria. La resolución menciona que el artículo 27 inciso 3° de la Ley Nº 23.660 permite a la Superintendencia proponer la intervención de las obras sociales cuando se evidencien irregularidades o deficiencias graves en su funcionamiento.

El Gobierno expresa "serias dudas" sobre la administración de los fondos millonarios de Osprera, una obra social con cerca de 700.000 afiliados. A pesar de las transferencias recibidas del Estado, que suman $ 26.090.429.115 según cifras oficiales, la entidad está descrita como "quebrada" debido a sus deudas prestacionales que alcanzan los $ 43.949.000.000, de acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial.

La falta de rendición de cuentas (según se expuso en más de un año no se presentaron informes, memorias ni balances) dio lugar a las auditorías que culminaron en la intervención. Según la información recabada, que publican medios de Buenos Aires, una parte de la deuda prestacional, aproximadamente $ 1.500 millones, corresponde a hospitales públicos descentralizados, mientras que más de $ 40.000 millones están pendientes de pago a prestadores privados.

Las auditorías del Gobierno también encontraron que "el 90% de los prestadores" que la obra social afirma tener no tienen convenio con ella. Incluso, la resolución publicada en el Boletín Oficial también reveló que un relevamiento telefónico aleatorio en todo el país no logró verificar de manera fehaciente que las prestaciones fueran proporcionadas por los prestadores listados por Osprera en su cartilla médica.

Respecto a los $ 26.090 millones recibidos del Estado, $ 3.350 millones corresponden a fondos transferidos el 4 de octubre del año pasado. El Gobierno informó que Osprera había solicitado asistencia financiera para cubrir sus deudas, y la Superintendencia de Servicios de Salud de la administración anterior aprobó esta ayuda. Las autoridades actuales están investigando la rendición de cuentas de estos fondos, que, según ellos, fueron firmados el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del Gobierno anterior) sin que se observara una mejora financiera en la obra social. Además, entre mayo de 2020 y mayo de 2024, Osprera recibió $ 22.740 millones del Fondo Solidario de Redistribución.

La resolución del Gobierno también destaca la falta de satisfacción de los afiliados como otro grave incumplimiento por parte de Osprera. Existen 16.410 reclamos de beneficiarios y 172 acciones judiciales en su contra, abarcando temas como “medicamentos, afiliación, cirugías, prótesis y problemas con las prestaciones”.