Los acuerdos que vienen en la provincia de Santa Fe

En los meses que nos separan del fin de año, la política santafesina deberá definir una serie de importantes cargos vacantes o a quedar vacantes para la justicia penal así como para organismos de control como Tribunal de Cuentas, Enress o Defensoría del Pueblo. Sillas vacías que la política deberá ocupar teniendo en cuenta las apetencias de la Casa Gris con un Poder Legislativo donde el gobierno no tiene mayoría y necesita establecer canales de entendimiento para lograr ocuparlas.

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, había anticipado a principios de año que el propósito del Poder Ejecutivo era convocar en este semestre a los concursos para los principales cargos del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, para enviar a Legislatura los doce pliegos antes de fin de año. El martes pasado empezaron a correr los plazos y será fundamental conocer los interesados en ocupar cargos claves para la justicia penal. Las actuales autoridades tuvieron en los primeros años de mandato un cambio en el sistema de juzgamiento de sus conductas que es cuestionado por los propios fiscales e incluso asociaciones que los nuclean. Parece poco probable que la Legislatura dé marcha atrás con esa facultad que se arrogó y que el Poder Ejecutivo convalidó. El tema preocupa a las estructuras de ambos sistemas y para muchos puede ser un desaliento a presentarse al concurso.

En pocos días, el Poder Ejecutivo publicó el decreto para ampliar el cuerpo evaluador de autoridades del MPA y de la Defensa, que fue sorteado al día siguiente. A ellos se sumaron personalidades del Derecho nacional e internacional que fueron invitados a participar de esta selección. Los jurados deberán elevar ternas para que el Poder Ejecutivo designe los nombres a elevar a Legislatura, donde el oficialismo no tiene mayoría propia para lograr la aprobación de pliegos. Es allí donde se abren los interrogantes. ¿Habrá diálogo previo para buscar coincidencias sobre qué justicia penal se busca?. Las nuevas autoridades penales deberán convivir con el final de la gestión de Omar Perotti y con la totalidad de la gestión siguiente. En las últimas semanas se observan movimientos de mujeres fiscales que hacen saber la necesidad de cumplir con la ley de paridad a la hora de enviar pliegos, tema que además deberá ser observado a la hora de proponer los nombres.

Semanas atrás, la Asamblea Legislativa aprobó trece pliegos, el primer paquete completo de nombramientos propuestos por el Ejecutivo que fue corolario de un cambio de metodología encarada por la Casa Gris: acuerdo primario con los bloques justicialistas y después con sectores de la oposición. En estos días se ensaya un nuevo acuerdo para designar dos vocales del Tribunal de Cuentas (un abogado y un contador), Defensor del Pueblo, Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes y cuatro directores del Enress. Un buen globo de ensayo para lo que vendrá a fin de año para esos doce cargos claves donde deberán compatibilizar capacidades técnicas, acuerdo político y paridad, todo un rompecabezas político en meses previos a la largada del proceso electoral.

Sobre el Tribunal de Cuentas ya se hizo público el nombre de Marcelo Terenzio y en días más será propuesta una mujer, contadora pública. En ambos casos son decisiones de Casa Gris que ha hecho saber a la oposición que no está dispuesta a negociar esos nombres. En cambio, hay apertura para Enress y Defensoría. A propósito de Enress tiene un solo vocal en funciones y si el año próximo, ASSA quiere un aumento de tarifas, deberá estar conformado el organismo que lo convalide.