Historia repetida: nuevo ajuste a nuestros jubilados

Por Guillermo Rey Leyes (*)

El sistema previsional ha sido siempre un elemento central en las discusiones políticas, sociales y económicas en la Argentina. En la actualidad, las distintas reformas que se han realizado en los últimos años han dado como resultado una configuración del sistema que dista de ser estable y equilibrado.

No es razonable que el Estado decida sistemáticamente que no cumplirá lo que le impone la ley, o cambiará los términos cada vez que le convenga y/o lo necesite, en detrimento de los jubilados.

No es casual que todos los gobiernos, cualquiera sea su signo político, hayan recurrido a utilizar los fondos de los jubilados y a decidir unilateralmente cuál sería el porcentaje de su obligación que terminarían cumpliendo, como si ello significaría hacerles "un favor" a nuestros jubilados. Todo lo contrario.

En este sentido, el primer año de gestión del Gobierno Nacional, atípico si los hay, no podía ser la excepción ya que -una vez más- terminamos el 2020 con una nueva fórmula de ajuste sobre los haberes jubilatorios, contrario ello a las promesas electorales de los que ahora están en el poder y a lo que dicta la Constitución Nacional. Quizás este ajuste se debe al alto déficit fiscal y a la decisión política de no bajar el gasto del Estado, que es la jalea real con que se nutre el creciente asistencialismo y el mayor gasto público de un Estado altamente prebendario. En esta premisa, entonces, queda cómodo ajustar e incumplir a los jubilados, cuyos magros bolsillos muchas veces ya casi no resisten en miras de cubrir sus necesidades básicas.

En este contexto, no hay duda alguna de que en algún momento deberá cambiarse el sistema jubilatorio, no solamente por la relación entre aportantes y beneficiarios, sino por otras variables y cuestiones técnicas, filosóficas, de eficiencia y libertad.

Por eso afirmamos que el sistema de la Seguridad Social en nuestro país no es sustentable, al igual que en muchos países del mundo. Eso se debe, en gran parte, al aumento de las expectativas de vida, a lo que se suma que cada vez hay menos empleo en relación de dependencia, lo que también hace caer los aportes al sistema y la recaudación fiscal. Pero la situación en Argentina es aún más particular por la gran cantidad de coberturas que se destinan a la ancianidad.

Parte de ese déficit se debe, en cierta medida, a las recurrentes moratorias que permitieron sumar mucha más gente a los beneficios previsionales. Por un lado, se hizo justicia con aquellos que no podían jubilarse por faltarle pocos años de aporte, pero también ingresaron muchas personas que no tenían ni siquiera un aporte realizado. Y todos ellos forman parte del universo que cobra la mínima que comprende el 80 % de los jubilados. Todo ese combo hace que el sistema no sea sustentable si es mal administrado.

La Naturaleza Jurídica de la jubilación es ser una prestación económica sustitutiva del salario. Y el sistema de reparto que rige en Argentina significa un pacto solidario intergeneracional, por el cual los empresarios y trabajadores de un país aportan para pagar las jubilaciones de sus padres, en el entendimiento de que luego -cuando ellos se jubilen- sus hijos financiarán su vejez, es decir: los que están trabajando, con sus aportes, mantienen a los jubilados. Pero también se nutre de varios impuestos que aportan a la ANSES para financiar sus prestaciones.

A su vez, lo que debe tenerse en cuenta es que el Estatuto del Jubilado es la ley vigente al cese. Es decir que cuando cesa la relación laboral, y el trabajador accede a la jubilación, nacen en su cabeza un conjunto de derechos y acciones. Una de ellas es la movilidad jubilatoria, que constituye un derecho adquirido.

Paradójicamente, la "Movilidad" es lo que ningún gobierno cumple, debido a que todos han metido mano en los recursos de la ANSES, haciendo que el trato a los jubilados haya sido bastante bastardeado en nuestro país, por todos los gobiernos, sin excepción.

El sistema que existió en la época de Menem y Cavallo fue pésimo. Se engañó al jubilado. Las AFJP ganaban fabulosas comisiones y estaban obligadas a invertir en títulos del Estado. Ese sistema iba al colapso total.

Luego, la ley 26.425 eliminó el sistema de AFJP, para pasar al Régimen de Reparto, donde todos los empleados aportan a la ANSES, que fija los haberes jubilatorios en función del promedio de los salarios de los últimos 10 años, negándoseles el 82% móvil.

En la gestión de Cambiemos, vino la Reparación Histórica de Macri, que, entre otras medidas, tenía el propósito de bajar la litigiosidad, para la cual se implementó un programa de actualización automática de los haberes, estableciendo que los beneficiarios que adherían al mismo "renunciaban" a reclamar por vía judicial el reajuste. Ello ha sido otro fiasco ya que, por un lado, debido a la incontrolable inflación, se hacía inviable cubrir los ajustes jubilatorios; y por el otro, la litigiosidad nunca bajó, debiendo el Estado cubrir esas costas judiciales.

El pasado 2020 no fue la excepción: "amparados y justificados" por la Pandemia Sanitaria del Covid-19, el Gobierno Nacional suspendió -por medio de DNU- la fórmula de movilidad aprobada por ley a fines de 2017, para otorgar en su lugar bonos de sumas fijas no remunerativas, dejando en sus manos la facultad discrecional para recomponer los haberes previsionales, como un modo de cumplir con la tan manoseada "movilidad" jubilatoria. Una herramienta que ya fue rechazada hace más de una década por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En estos tiempos difíciles de pandemia, y por una decisión arbitraria del Ejecutivo, se decidió durante todo el 2020, no cumplir con lo establecido en la ley anterior de fijar aumentos trimestrales, y en cambio, disponer por decreto las subas de las jubilaciones. Una vez más observamos que la variable de ajuste son los jubilados. Estas decisiones no los benefician en nada, ya que hubieran recibido aumentos porcentuales muy por encima de los decretados.

Está claro que el objetivo era el achatamiento de la pirámide, sobre el cual se dio un paso fuerte, al otorgar aumentos diferenciales durante el 2020, todos ellos de forma discrecional decididos por el actual Gobierno. En la parte media de la pirámide se dieron diferentes niveles de aumentos porcentuales: cuanto mayor el haber, menor porcentaje de suba.

Así, se puede concluir que el motivo real para sancionar una ley que modifique el mecanismo de ajuste establecido en la Ley 27.426 no está en lograr resultados sustancialmente distintos a los que se obtendrían aplicando dicha legislación, que establece las prestaciones reales que obtienen los distintos beneficiarios, y que mejoran la transparencia y seguridad de las prestaciones otorgadas. El objetivo podría ser distraer la atención pública para evitar que sea tan evidente que el retraso de las prestaciones reales durante el 2020, con fines de ahorro fiscal, se consolidará en los años siguientes.

Es una pena que la discusión sobre la reforma que requiere el sistema previsional sea tan pobre y maniquea. Como si resultara absolutamente imposible construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, que otorgue seguridad jurídica y estabilidad al sistema y que termine de -una vez por todas- ser la variable de ajuste de los errores en los que incurren los sucesivos gobiernos.

La sostenibilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) requiere aplicar cambios paramétricos y estructurales distintos a la intervención oportunista sobre la fórmula de movilidad. De lo contrario no es muy difícil anticipar que la "nueva" regla volverá a ser modificada, como históricamente se viene haciendo. Mientras tanto, en el medio… los jubilados.

(*) Concejal de la ciudad de Santo Tomé (PDP –FPCyS). Abogado-Magister en Asesoramiento Jurídico Empresario. Docente Universitario