Alejandro Tizón: "Hay que evitar el populismo judicial y también el populismo legislativo"

A días de comenzar a regir en Santa Fe los juicios por jurados, y en un año de reformas judiciales profundas, el juez de Cámara Alejandro Tizón —actual presidente del Colegio Pleno de Jueces Penales de la Circunscripción Judicial Nº 1— repasa los desafíos y transformaciones que vive la justicia santafesina.

Desde la implementación del nuevo Código Penal Juvenil hasta la ley de microtráfico, pasando por su mirada sobre el rol del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública, Tizón comparte su perspectiva con el estilo calmo pero firme que lo caracteriza. “No hay que caer en el populismo judicial”, advierte, y subraya: “La defensa pública debe ser fortalecida como pilar esencial del sistema”.

—Este año marca el inicio de una etapa inédita con la implementación de los juicios por jurados. ¿Cuál es la mirada de la judicatura frente a este cambio?

—Era una vieja deuda que tenía la República, tanto a nivel nacional como provincial. Es una forma de incorporar al pueblo en la justicia, de que la ciudadanía intervenga en decisiones fundamentales. En realidad, es parte de un proceso de apertura democrática que viene desde 1983. Antes fue la consulta popular... ahora le toca a la justicia abrirse. Soy optimista: la gente sí quiere participar, al contrario de lo que algunos creen. Es como cuando se dudaba si el pueblo podía votar. Este sistema no solo es valioso, sino que representa un paso más en la democratización de la justicia.

—¿El protagonismo del jurado popular no desplaza el rol del juez?

—No. El juez sigue teniendo una intervención clave: conduce el juicio, dicta las instrucciones, explica el delito al jurado. Se genera una empatía con los ciudadanos que potencia la figura del juez, lo humaniza. El juez no pierde poder, lo enriquece. Escucha a las partes, guía al jurado y mantiene el control del proceso. Esa cercanía con la comunidad fortalece nuestra función.

Medios y redes sociales

—El contexto actual expone aún más a los jueces. ¿Cómo se maneja la presión social, especialmente con el peso que hoy tienen las redes?

—Siempre hubo presión: de los medios, de las partes. Hoy, con las redes sociales, todo es más inmediato, más público. Esa exposición nos exige mayor concentración, mayor templanza. El juez tiene que abstraerse de todo lo que no sea el expediente, resolver con base en las pruebas, las posiciones de las partes y la normativa aplicable. No se trata de condicionamientos, pero sí de presiones que uno debe manejar con equilibrio.

—¿Y si esa presión proviene de otros poderes del Estado?

—No es lo general, al menos en Santa Fe. No hay una presión directa, aunque puede haber intentos. Incluso se puede utilizar a los medios para canalizar esos mensajes. Pero repito: el juez debe mantenerse sereno, ajeno a cualquier tipo de influencia externa. Las decisiones se toman conforme a derecho.

Justicia penal juvenil

—En unos días entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Juvenil. ¿Qué significa esta reforma?

—Santa Fe se pone a tono con un proceso adaptado a los tiempos actuales. Se trabajó con consenso político y se logró una normativa que otorga iguales garantías y obligaciones a todas las partes. Requiere un gran esfuerzo de jueces, fiscales, defensores, pero confío en que con el tiempo se va a implementar plenamente. La medida es adecuada tanto para los menores y sus familias como para las víctimas.

—¿Qué lugar ocupa el menor de edad dentro de este nuevo esquema?

—El menor pasa a ser un sujeto de derechos y de obligaciones con este nuevo código. Y las medidas socioeducativas son muy importantes, más allá de lo que se resuelva desde el punto de vista procesal penal.

—A nivel nacional se discute la baja de edad de imputabilidad. ¿Cuál es su postura?

—No estoy de acuerdo. El nuevo código prevé mecanismos para intervenir en situaciones graves, incluso cuando no hay imputabilidad, a través de la Secretaría de Niñez y con participación de los padres. Ese es el camino. Hay que evitar el populismo judicial y también el populismo legislativo. Un juez no puede fallar por lo que pide la calle, sino por lo que se demuestra en juicio. Las reformas legales tampoco deben responder a climas de época. Es una tarea difícil, pero fundamental.

Órganos extrapoder

—¿Qué piensa del MPA como un órgano extra poder?

—(Germán) Bidart Campos, un muy conocido autor de Derecho Constitucional, empezó a sostener la posición del órgano extrapoder, que podría estar relacionado, pero no dentro de cada uno de los tres poderes tradicionales. Y no solo cuenta para el MPA, sino también para la Defensa Pública, porque la idea del nuevo sistema procesal penal era equiparar acusación con defensa. Un órgano extrapoder implica tener autonomía financiera, no depender de otra autoridad. Y cualquier decisión institucional que se tome debe tener en cuenta la opinión de los empleados y funcionarios a través de sus representantes para no perjudicarlos en la carrera judicial.

—A propósito de la Defensa Pública, pasó de tener una importante presencia a prácticamente no tener voz pública. ¿Con qué tiene que ver este cerramiento?

—Puede ser una cuestión estratégica. Pero en la práctica, en el día a día judicial, los defensores siguen siendo muy activos. Apelan, discuten, defienden con firmeza. Quizás hoy la acusación tiene mayor exposición, por el contexto delictivo y el avance del crimen organizado. Pero la defensa está actuando con la misma solidez de siempre.

—¿No se corre el riesgo de que una defensa fuerte sea vista como protección a la delincuencia?

—Ese es un error muy común. En un Estado democrático, la defensa es un derecho. No se trata de liberar culpables, sino de garantizar juicios justos. La defensa forma parte de la república. No es solo acusar y condenar. También es escuchar al acusado, ponderar las pruebas, proteger sus garantías.

Microtráfico y derribos

—A más de un año de la implementación de la Ley de Microtráfico, ¿qué balance hacen desde la Cámara?

—Sí, hemos recibido casos. Hubo un incremento, pero no una complicación. La Cámara Penal y los juzgados de primera instancia han dado respuestas adecuadas. La ley permite encuadrar el microtráfico en el ámbito provincial y fue producto de un trabajo entre los tres poderes. Forma parte de un proceso democrático de reformas penales.

—Algunos sostienen que hay jueces que todavía discuten la competencia en estos casos.

—Acá no hemos tenido mayores inconvenientes. Cada juez tiene derecho a plantear lo que considere, y si hay diferencias, se resuelven por los canales institucionales, hasta llegar a la Corte si es necesario. Pero, en general, se ha aceptado la competencia sin conflicto.

—La ley también incorporó la figura del derribo de búnkers. ¿Qué opina sobre esta práctica?

—Forma parte de una política criminal. Me parece una buena idea si se lo acompaña con la reconversión de esos espacios. Que el Estado esté presente con un dispensario, una sede policial, pavimentación, iluminación. No solo en barrios periféricos. El objetivo debe ser recuperar el territorio para la comunidad.

Perfil profesional

El juez Alejandro Tizón cuenta con una trayectoria profesional marcada por la academia, la política y la justicia. Nacido en Rosario en 1957, se radicó en Santa Fe en 1983, donde se graduó como abogado en la UNL en 1986. Su carrera incluye roles como diputado provincial, periodista, escritor y, finalmente, juez en el Poder Judicial de Santa Fe.

Profesor de Derecho Constitucional y Criminología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Ingresó al Poder Judicial como juez de Ejecución en la cárcel de Las Flores en diciembre de 1991, ascendiendo a camarista penal en 2016.

Fue diputado provincial por Unidad Socialista (MC) entre 1987 y 1991, fundador y director del periódico El Pueblo (1988-1991). Además es autor de libros de Derecho y tres novelas: "Síndrome de Estocolmo" (2005), "El Manto de la Infamia" (2013) y “Misterios de la Veracruz”