Capital Humano "retruca" en la antesala de la marcha: cruce con gremios y dardo a rectores

La disputa entre el gobierno y las universidades se agudizó en cercanía de la nueva marcha federal, convocada para este miércoles en rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso para recomponer fondos para la educación pública superior en la Argentina, frente a la política de ajuste fiscal que implementa la administración libertaria que comanda Javier Milei.

Ante la proximidad de la movilización, el gobierno presentó una oferta de aumento salarial a docentes y no docentes de las Universidades Nacionales. Sin embargo, los gremios rechazaron de forma tajante la propuesta y ratificaron la participación en la marcha federal de este 2 de octubre en todo el país.

La oferta consistió en un 6,8% de incremento para el mes de octubre, equiparando un punto por encima el aumento de los empleados de la administración central enrolados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Fue presentada a los gremios por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con la intención de aplacar la intensidad de la manifestación y el nivel de adhesión a una movilización que se prevé alto como lo fue la del pasado mes de abril.

Sin embargo, la convocatoria provocó el efecto contrario en los gremios, que expresaron que fue "un intento de manipulación frente a una marcha que va a ser grande", con una oferta "insuficiente" y que no hay "garantías" a la demanda de restitución que ubican en torno al 50% desde diciembre a esta parte.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano apuntó duramente contra los gremios y afirmó que el rechazo "va en detrimento del propio sector que dicen representar". Y agregó que la negativa "muestra la resistencia a aceptar las mejoras que surgen del diálogo y el consenso, apostando en cambio por la confrontación".

A través de un comunicado, la cartera de la que depende la secretaría de Educación y la subsecretaría de Políticas Universitarias, calificó el ofrecimiento de "histórico" y dijo que el rechazo "deja en evidencia los verdaderos intereses de quienes se oponen a una mejora concreta de los ingresos".

Críticas a los rectores por los fondos

Las críticas del gobierno no solo involucraron a los gremios, sino que los funcionarios también apuntaron contra los rectores de las casas de altos estudios.

La ministra Sandra Pettovello ya había agitado las aguas del conflicto con las Universidades previo al cruce con los docentes a través de un comunicado en el que hizo un cuestionamiento sobre la situación presupuestaria de las Universidades Nacionales.

En el escrito que la funcionaria compartió en sus redes sociales, había expresado que el Ejecutivo realizó "un incremento de un 270 por ciento en los gastos de funcionamiento", con “especial atención” a los hospitales universitarios, remarcando que el monto mayoritario fue destinado a la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyo rector y vicerrector, Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, encabezan los reclamos contra las políticas educativas libertarias.

A su vez, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, criticó la dependencia en el financiamiento que tienen las Universidades Nacionales al disertar en un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires: "Las universidades tienen que tener sus propios recursos para tener dinámicas de libertad. La universidad se vuelve esclava cuando depende de pedir recursos al Congreso", señaló.

Asimismo, durante este fin de semana, acusó de "inventar alumnos" a las universidades para cobrar fondos de parte del gobierno nacional: “Todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos cuyo promedio es 38% que no sabemos si están cursando alguna materia. Es el efecto de una larga tradición de desinformación y opacidad. Hacemos investigaciones y carreras de primera, pero resulta que no podemos contar los alumnos que tenemos. Y luego los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas”, manifestó en una entrevista radial que no cayó nada bien entre los rectores de las casas de altos estudios.

"No existen estudiantes inventados"

Ante la acusación, quien recogió el guante fue el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, salió a rechazar estas acusaciones y arremetió contra el funcionario por su "desconocimiento" del sistema universitario.

"La verdad que se hace un poco difícil opinar sobre conceptos que al menos tienen confusión, imprecisión, error. Yo creo que a diez meses de gestión del secretario de Educación ya es grave el desconocimiento que tienen sobre el sistema universitario público de educación superior", sostuvo Moriñigo entrevistado por Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Para explicar por qué no se pueden "inventar alumnos", el presidente del CIN indicó que "las universidades reciben su presupuesto por una inercia histórica de hace 40 años, en donde la cantidad de alumnos no manda a la hora de la situación económico-financiera por parte del Estado".

Detalló además que la controversia surgió a partir de una modificación en la ley de educación en 2015, cuando se cambió la consideración sobre el concepto de "alumno regular". Dijo que, hasta entonces, un alumno era considerado regular si aprobaba al menos dos materias al año. Tras la reforma, se otorgó a cada universidad la potestad de definir sus propios criterios.

"Lo que dice el gobierno es que, analizando la base de datos, surge que hay un 38% de alumnos que no registran actividad alguna con la universidad", expresó el rector. Sin embargo, aclaró que esto puede deberse a múltiples factores: "Los chicos por cuestiones de vocación ingresan, rinden mal, no les va bien, tienen problemas con la secundaria; son un montón de problemas que seguramente tenemos que mejorar".

También salió a rebatir esa acusación la diputada y ex secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, explicando cómo se contabilizan los estudiantes en el sistema universitario: "La información está en el Ministerio de Capital Humano. Es producida por el SIU Guaraní", señaló en sus redes sociales.

De esta manera, la legisladora radical y ex funcionaria durante el gobierno de Mauricio Macri, le respondió al secretario de Educación, Carlos Torrendel: "Desde el Gobierno de Cambiemos es nominal (con nombre y apellido). ¿Las declaraciones de casi 800.000 son inventadas?", se preguntó, y agregó: "Este mismo sistema recoge las materias rendidas y lo publica la Secretaría de Educación en su anuario estadístico".