La Corte analiza ampliar la condena a Cristina en la Causa Vialidad

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema que se agrave la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, pasando de seis a doce años de prisión. El pedido incluye también la condena por asociación ilícita y el decomiso de más de $5.300 millones.

Casal presentó un dictamen de 13 páginas en el que respalda la apelación del fiscal Mario Villar, quien había solicitado la revisión del fallo que absolvió a la ex presidenta por asociación ilícita. El procurador argumenta que la adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz constituye una organización delictiva.

Una condena con impacto político

El Tribunal Oral Federal N° 2 había condenado a Fernández de Kirchner en diciembre de 2022 a seis años de prisión por administración fraudulenta, pena confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024. Sin embargo, ambas instancias descartaron el delito de asociación ilícita.

Casal también solicitó que se revoquen las absoluciones de otros ex funcionarios, incluyendo al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y al ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro. El procurador sostiene que De Vido fue uno de los principales organizadores del esquema de corrupción.

Qué puede decidir la Corte Suprema

El dictamen de Casal pone a la Corte Suprema en condiciones de resolver la causa. La decisión del máximo tribunal es especialmente relevante en un año electoral, ya que la condena incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que podría afectar las aspiraciones políticas de Fernández de Kirchner.

La defensa de la ex presidenta, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, ha solicitado su absolución, argumentando violaciones a garantías constitucionales y arbitrariedad en la condena. Además, han anunciado que, de confirmarse la condena, acudirán a organismos internacionales y han recusado al juez Ricardo Lorenzetti, cuestión que también deberá resolver la Corte.

La causa Vialidad se originó en 2016 a partir de una denuncia de la Dirección Nacional de Vialidad por irregularidades en la adjudicación de obras públicas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz. El juicio oral se llevó a cabo entre 2019 y 2022, y concluyó con la condena de varios ex funcionarios y empresarios por fraude al Estado Nacional.

La Corte Suprema ahora debe decidir si confirma la condena actual, la agrava como solicita el procurador Casal, o acepta los argumentos de la defensa y absuelve a los acusados. La resolución del máximo tribunal tendrá un impacto significativo en el panorama político argentino.