En la condena a Cristina Kirchner, los jueces desacreditaron el relato del “lawfare”

Los jueces del TOF que condenaron a Cristina Fernández en la causa Vialidad no se privaron, en los fundamentos del fallo conocidos este jueves, de aludir y desarticular la “teoría conspirativa” utilizada desde el kirchnerismo para oponerse a la acción de la Justicia.

“Ya resulta un cliché de todo ex o actual funcionario público imputado en una causa penal -de cualquier espacio político, por cierto- el vincular el devenir del proceso con la coyuntura política o el calendario electoral”, enunciaron, en el capítulo identificado como “Otras cuestiones”.

“Diríamos que es casi, permanentemente, una defensa anunciada tendiente a influir más en el ámbito de los medios de comunicación que en cualquier otro universo. Pensemos solamente que en nuestro país hay elecciones, como mínimo, cada dos años, y que en los años sin comicios de todos modos hay una constante actividad preelectoral, lo que implica que siempre una investigación o un juicio penal podrá ser maliciosamente vinculado con aquellos actos de la política con la finalidad de deslegitimarlos mediáticamente”.

“Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot, cacería judicial. Podríamos seguir con la larga lista de subterfugios habituales con los que se responde ante una investigación, proceso o sentencia judicial. Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”, añadió el fallo.