Contra la "desterritorialización"

Emerio Agretti
politica@ellitoral.com
NCN/EFE/DyN

La superficie de territorio argentino en manos de extranjeros se triplicó en los últimos diez años, hasta llegar a los 21 millones de hectáreas. Esto representa el 7 % de las tierras argentinas. Mientras se estima que otros 15 millones de hectáreas se encuentran ya en instancias previas a una posible adquisición, y se multiplican las ofertas a precios irrisorios a través de Internet, el Congreso aprovechará la voluntad expresada recientemente desde el gobierno nacional y emitiría en los próximos días un dictamen para poner límites y controles a la situación.

En rigor, el tema tiene estado parlamentario desde 2002, cuando Elisa Carrió (Coalición Cívica) impulsó un proyecto basado en un borrador de Federación Agraria. La iniciativa fue renovada cada dos años por su par de bancada, la santafesina Susana García, sin lograr que llegase al recinto. Pero desde entonces a esta parte se sumaron nuevos proyectos, hasta totalizar una decena.

La novedad es que el gobierno parece haber resuelto ocuparse del problema, y así lo expresó el mes pasado el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en el cierre de un seminario de Federación Agraria. “Tiene que haber una ley que defienda el derecho de que la tierra argentina quede en manos de los argentinos”, consideró, estipulando que se trata de “uno de los principales activos del país, que será muy demandado en el futuro”.

Impulso

Las declaraciones del funcionario dieron pie a Carrió para interpelar a los legisladores oficialistas e intimarlos a hacerse cargo. Carlos Kunkel tomó la posta y le pidió a la presidenta de la Comisión de Legislación General, Vilma Ibarra, que le diera prioridad a este proyecto. El resultado fue el compromiso de unificar las diez iniciativas existentes -que tienen importantes diferencias en su objeto específico y en los alcances de sus disposiciones- en un solo dictamen conjunto, en la reunión del próximo martes 16. Y algunos hasta sueñan con tratarlo antes de fin de año, aunque reconocen que el debate “es de una amplitud enorme”.

“La pelea por retenciones es una parte, pero en algún momento deberemos comenzar a mirar lo macro de la cuestión. Una mirada a futuro que abarque lo ambiental y la seguridad tanto alimentaria como en materia de defensa, ya que hay intereses que vienen por nuestros recursos naturales. Nos debemos entre todos una discusión en serio”, sostuvo Susana García, y mencionó que la ley “permitirá crear un registro de productores para conocer verdaderamente quiénes son, ya que muchas veces aparecen testaferros que nada tienen que ver con los dueños de la tierra”.

(Lea la nota completa en la Edición Impresa)