La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria, con que el Gobierno busca castigar la evasión fiscal y por el cual se actualizan los montos a partir de cuales se considera ese tipo de delito.
El proyecto, que deberá ser tratado ahora por el Senado, fue aprobado por unanimidad, en general, con 217 votos afirmativos y ninguno negativo.
El presidente de la comisión de Legislación Penal, el kirchnerista Oscar Albrieu, defendió el proyecto al indicar que con la iniciativa se toma en cuenta el transcurso del tiempo "desde la sanción de la ley que lleva catorce años".
También expresó que se basa en "razones de política criminal y tributaria", por lo cual "se multiplican por cuatro los montos a partir de los cuales se considera como delito de evasión fiscal".
Según Albrieu, la norma además incluye la eliminación de "la probation", la posibilidad de toda suspensión del juicio a prueba por los delitos tributarios, e incorpora penas de 1 a 4 años para quienes adulteren "los sistemas informáticos o electrónicos" en manos de la AFIP con la intención de evadir las obligaciones fiscales.
El lunes, el oficialismo consiguió emitir dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto de la Cámara Baja, donde además obtuvo el respaldo, con disidencias parciales, de diputados del radicalismo y del peronismo disidente.
En líneas generales, el proyecto actualiza los montos a considerar evasión (en la práctica los lleva a valor dólar), aumenta las penas para ese tipo de delito e incorpora la penalización de "las personas jurídicas".
Además, agrava las penas para los casos de utilización de facturas falsas, no permite la suspensión del juicio a prueba y crea la figura de adulteración informática (es decir, cambios mediante maniobras informáticas de la información acopiado por la AFIP), y pena también la evasión a nivel provincial y municipal.
Las principales quejas fueron por la eliminación de la "probation" -que para algunos opositores provoca desigualdad jurídica dado que otros delitos como defraudación al Estado por montos superiores, de cuatro millones de pesos tienen la posibilidad de contar con ese beneficio- y contra la penalización de la evasión provincial -dado que consideran que es una intervención en la jurisdicción de las provincias e implica una violación del federalismo-.
Fuente: DyN































