Rosatti: "Lo que se espera siempre de un país es que no cambie las reglas del juego"

El presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, participó del 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF); el mismo en el que Javier Milei anticipó que vetaría cualquier ley del Congreso que a su entender atente contra el equilibrio fiscal . En ese marco, señaló que el texto constitucional adhiere a un sistema capitalista "que tiene rostro humano" y agregó que "muchas veces la competencia no se regula sola".

Bajo el título "Argentina: una oportunidad diferente. Acuerdos imprescindibles para un futuro sostenible", la actividad, desarrollada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, contó ambién con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; la canciller, Diana Mondino; el diputado nacional José Luis Espert; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; el síndico general de la Nación, Miguel Blanco; el ex ministro Domingo Cavallo, y diversos empresarios y ejecutivos de empresas.

Ante más de 1000 personas, Rosatti comparó: la Corte Suprema de los Estados Unidos resuelve entre 100 y 120 casos anuales; la Corte argentina resuelve, en ese mismo período, entre 10 mil y 12 mil casos. "Yo llegué hace 8 años, y es la misma cantidad de personal", remarcó, y agregó que entonces "entraban 15 mil casos anuales; hoy está en alrededor de 32 mil".

"Aclaro porque después viene el ministro de Economía (por Luis Caputo, que fue quien lo sucedió en el escenario) y que no nos quiera recortar los cargos que tenemos", añadió irónicamente el jurista.

El rol de los tribunales

En ese marco, Rosatti reflexionó sobre los principios que derivan de la Constitución nacional y el rol de los tribunales. Asimismo, señaló que el texto constitucional adhiere a un sistema capitalista "que tiene rostro humano" y agregó que "muchas veces la competencia no se regula sola y la igualdad real de oportunidades no se completa por generación espontánea".

En cuanto a las diferencias entre la figura del político y la del juez, el presidente del Máximo Tribunal sostuvo que es casi natural que exista entre las dos funciones una tensión, pero que "si es llevada con inteligencia, debe ser una complementación". En ese sentido, sostuvo que "cuando los poderes representativos no resuelven, el tema se judicializa", y advirtió que cada vez más causas llegan a los tribunales.

"El juez no debe reemplazar al político, al representante del pueblo, pero si el representante del pueblo no actúa y el juez tiene un caso que debe resolver, pues entonces debe resolverlo. Lo deseable en un sistema democrático es que los poderes representativos puedan resolver esas cuestiones luego de un debate, de una participación amplia donde intervengan todos los sectores involucrados de la sociedad. Sino, es una mayoría de 3 personas en la Corte la que toma la decisión", dijo, y enfatizó: "No tenemos vocación por tomar decisiones trascendentes para la vida de un país cuando esto es el cometido de los poderes representativos".

Asimismo, destacó que el objetivo central del funcionamiento de la Corte Suprema en nuestro país es el de ser un tribunal de garantías constitucionales, decir la última palabra sobre la interpretación de las normas y poner fin a los conflictos con criterio ejemplificador hacia los tribunales inferiores.

"Cualquiera sea nuestra profesión, edad o condición social, debemos estar debajo del techo de la Constitución Nacional", dijo. "Si todos estamos por debajo de la Constitución, el progreso, el desarrollo, las inversiones van a ser mucho más fáciles, van a fluir, porque lo que se espera siempre de un país es que no cambie las reglas de juego, sino que respete la seguridad jurídica, para eso están los tribunales y para eso está la Corte Suprema de Justicia de la Nación", remarcó.

Después de los cruces

Rosatti y los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti sus colegas del máximo tribunal se volvieron a ver las caras este martes en el acuerdo semanal habitual, después del fuerte intercambio conocido el sábado pasado, a raíz de una modificación de tipo administrativo.

Tras el contrapunto que había generado dentro de la Corte Suprema, la mayoría de los ministros decidió este martes por Acordada designar a un abogado egresado de la UCA e integrante de un reconocido estudio a cargo de la Secretaría Penal del máximo Tribunal, y oficializar la creación de la Secretaría Penal Especial que estará enfocada a causas por delitos de lesa humanidad.

El elegido es Diego Seitún, que hasta ahora se venía desempeñando en el ámbito privado y como docente de la UCA y la Universidad Austral en materias de Derecho Penal.

En su voto de disidencia, Lorenzetti había dicho que a sus colegas los movían "oscuros intereses" para dividir en dos la Secretaría Penal, a cargo de Fernando Arnedo (designado oportunamente por él mismo) y cuestionó que la decisión se tome en vísperas de una modificación en la composición de la Corte. La mayoría le contestó también con fuertes imputaciones, poniendo en énfasis en medidas impulsadas por Lorenzetti durante el tiempo en que presidió el Alto Tribunal.

Luego de eso, este martes se reunieron durante una hora y media y firmaron mas de 250 sentencias, entre ellas una donde confirman las condiciones de detención de Ariel Cantero, el jefe de la banda Los Monos en aislamiento.

El caso del "narcoarroz"

Entre sus decisiones de esta semana, la Corte desestimó una serie de planteos de tres integrantes de una organización narcocriminal internacional que fue desbaratada en septiembre de 2015, cuando se le interceptaron casi 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz en el puerto de Rosario. Se trata de Williams Triana Peña, Carlos Olmedo Silva Cárdenas y Guillermo Adolfo Heisinger.

Los estupefacientes secuestrados en el puerto de Rosario tenían como destino Marruecos y las islas de Guinea Bissau. La pesquisa había comenzado en 2011 a partir de información brindada por la Policía Nacional de Colombia y la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que advirtió sobre el funcionamiento de una organización ligada a la narcocriminalidad conformada mayormente por ciudadanos colombianos.

El 8 de julio de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 condenó a Silva Cárdenas a 8 años de prisión, mientras que le impuso a Triana Peña 7 años de cárcel. En tanto, Heisinger fue absuelto. Esa decisión fue apelada por las defensas y la querella.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de los condenados y, además, anuló la absolución de Heisinger y reenvió la causa para que se dicte una nueva decisión a su respecto. La defensa apeló esa decisión.

Llegados los planteos hasta el Máximo Tribunal, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó los recursos de Triana Peña y Silva Cárdenas. De esta manera sus condenas quedaron firmes.