El Gobierno avanza con la privatización de AySA

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes su firme decisión de privatizar el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) S.A., la empresa pública encargada de proveer agua potable y servicios cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

La medida busca replicar el modelo de reformas y desestatización impulsado en la década de 1990, generando un intenso debate sobre el futuro de un servicio esencial.

AySA, cuyos accionistas son el Estado Nacional en un 90% y sus propios empleados con el 10% restante, fue creada en 2006 tras la estatización de Aguas Argentinas, que estaba en manos de un consorcio liderado por la francesa Suez.

La rescisión de aquel contrato derivó en un fallo del Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial) que en 2017 condenó a Argentina a pagar 384 millones de dólares, una suma que fue saldada durante la administración de Mauricio Macri.

De Obras Sanitarias a la privatización menemista

La historia del servicio de agua y cloacas en Argentina ha estado marcada por idas y vueltas entre la gestión estatal y la privada. Antes de AySA, el servicio era prestado por Obras Sanitarias de la Nación. En 1993, en el marco de la profunda reforma del Estado y la ola de privatizaciones impulsadas por el gobierno de Carlos Menem, este servicio fue concesionado al grupo francés Lyonnaise des Eaux (Suez), que luego se convertiría en Aguas Argentinas.

La lógica detrás de aquellas privatizaciones, y que ahora retoma el gobierno de Milei, se centraba en la búsqueda de la eficiencia, la reducción del gasto público y los subsidios, y la captación de inversiones extranjeras. Se pretendía un Estado con menor injerencia en la gestión de servicios públicos y un mayor protagonismo del sector privado.

Una década y media después, y en un contexto de cambios políticos y económicos, el gobierno de Néstor Kirchner revirtió varias de las privatizaciones realizadas en los '90, entre ellas la de Aguas Argentinas, dando origen a AySA.

Durante años, AySA, como otras empresas estatales, operó con déficits permanentes entre 2008 y 2023, debido a políticas tarifarias que no reflejaban los costos del servicio, buscando controlar la inflación y distribuir ingresos. Sin embargo, en los últimos años, esta tendencia comenzó a revertirse.

A partir de septiembre de 2022, se inició un proceso de aumento de tarifas y recorte de subsidios que se profundizó significativamente con la llegada de la administración actual.

El camino hacia el superávit y las inversiones en debate

El año pasado, AySA implementó un aumento tarifario del 317%, lo que le permitió cerrar el 2024 con un superávit operativo de $48.288 millones, equivalentes a unos 50 millones de dólares. Según fuentes externas a la empresa, este resultado positivo también se explica por un ahorro de $650.000 millones en inversiones en obras no realizadas, además de recortes de personal y gastos operativos.

En el primer trimestre de 2025, AySA reportó un superávit económico de $51.745,3 millones, aunque este se transformó en un déficit financiero de $10.420,6 millones al considerar los gastos de capital.

AySA es uno de los principales consumidores industriales de energía eléctrica y su proveedor principal de cloro es Transclor, empresa de Mauricio Filiberti. La empresa atiende a más de 11 millones de personas en una superficie de concesión de 3.363 kilómetros cuadrados.

La privatización propuesta por el gobierno reabre el interrogante sobre el impacto en las tarifas, la calidad del servicio y la inversión en infraestructura a largo plazo.