La historia enseña que la guillotina no es un instrumento para la política

La guillotina fue utilizada en el Reinado del Terror (1793-1794) para ejecutar opositores -y traidores- a la revolución francesa. Promovida por los jacobinos, se cobró -entre muchas- las cabezas del rey Luis XVI y de María Antonieta.

El 9 de termidor (27 de julio de 1794) la Convención Nacional -el órgano legislativo- se volvió contra Maximilien Robespierre por exceso de violencia; el propio líder jacobino fue guillotinado sin juicio; se disolvió el Tribunal Revolucionario, pero incluso un nuevo gobierno más moderado, no pudo impedir el golpe de Estado de Napoleón en 1799.

La metáfora de la guillotina como método de construcción política por Karina Milei, bien puede analizarse como farsa -no inocua- de aquella historia. Los diputados Oscar Zago, Marcela Pagano y Rocío Bonacci fueron víctimas de la tajante acción de la hermana del presidente; surgidos de las listas libertarias, estuvieron a punto de darle al kirchnerismo los votos que necesitaba en diputados el pasado miércoles, para aprobar la propuesta de Victoria Tolosa Paz de quitarle facultades delegadas al presidente y avanzar en un juicio político por el caso de la criptomoneda Libra.

Fiel al jefe de Estado, el diputado correntino Lisandro Almirón insultó durante la sesión a Zago hasta “sacarlo”. No sólo en el sentido emocional, sino literalmente para levantarlo de la silla. Fue en ese preciso instante pugilístico que la Cámara se quedó sin quórum y Martín Menem aprovechó para levantar la sesión, desatando una andanada de duros reclamos de Máximo Kirchner y del presidente del bloque de Unión Por las Patria, Germán Martínez. El peronismo huele… y acecha.

El pasaje de debilidad política del mileísmo no terminó allí. Las disputas internas obligaron a postergar la reunión de la bicameral de revisión de los decretos de Necesidad y Urgencia, en la que los libertarios se apresuraban a aprobar el futuro acuerdo con el FMI.

El gobierno nacional estuvo al filo de quedarse casi sin capacidad de gobierno. La Argentina de Milei no puede prescindir -en sus términos- ni de las facultades delegadas ni del financiamiento del organismo internacional, sin el cual el país no podría postergar el pago de intereses y de capital de su deuda externa tomada por el macrismo, ni de sanear las cuentas del BCRA que se vaciaron en unos US$77 mil millones por los gobiernos “Nac&Pop”.

Afuera, más violencia

El uso criminal por parte de un gendarme, de un dispositivo “no letal” para reprimir la acción violenta contra el Congreso por parte de opositores, tiene a un joven de 35 años, Pablo Grillo, al borde de la muerte. La Argentina es un país que no debe ignorar que la violencia inicia en la palabra, se expande en el agravio gratuito en público (redes) y desata tempestades impredecibles. Es, por definición, la antítesis de la política.

No es casual que Juan Grabois quiera el gobierno popular alegando que el de Milei no es democracia, o que el criminal ex jefe montonero Mario Firmenich alentara a los barras a marchar por los jubilados junto a la izquierda y la UTEP del amigo de Bergoglio. En el margen, escarban la oportunidad mientras el peronismo ensaya un “helicóptero institucional”.

Lo hacen aprovechando los errores no forzados con los que el gobierno de un economista desnuda su debilidad política.

El discurso en Davos emparentando como pedófilos a padres de un mismo género; la promoción por decreto de Ariel Lijo (fallida) y de Manuel García Mansilla (consumada) a jueces de la Corte; el fracaso en la licitación de la hidrovía, la promoción de una moneda cripto que es investigada por supuesta estafa y la llegada de un avión sospechado de haber transportado valijas no declaradas desde Miami por una conocida del presidente, son disparos en los pies.

Si se demuestra que son más que errores, escalarán su costo político e institucional. Mientras tanto, los nombres de Karina Milei, Santiago Caputo y Javier Milei ya están en expedientes de Comodoro Py, e incluso en investigaciones del FBI. El enemigo íntimo, Mauricio Macri, viene reclamando institucionalidad y advirtiendo que el hierro no es triángulo sino mochila.

Está claro que las reformas estructurales que la administración libertaria propone a la Argentina necesitan acuerdos políticos de calidad y leyes que surjan de ello. Milei no logra alinear a su propia tropa y debe ordenar el tránsito del año electoral. Acaso por eso no viaja a España e Israel para actos no institucionales de autopromoción internacional, que de nada sirven puertas adentro.

Esperando el acuerdo

El presidente no necesita hacer aprobar el DNU del acuerdo con el fondo en la bicameral; Julie Kozack, jefa del departamento de comunicaciones del organismo, ha dejado en claro que los eventuales desembolsos no dependen de una norma. Pero también sugirió que los acuerdos sociales y políticos facilitan el proceso.

El staff level agreement (acuerdo técnico) debería anunciarse antes de la asamblea de primavera del FMI, entre el 21 y el 26 de abril en Washington, en la que el directorio daría la puntada final al entendimiento. Pero incluso con él, el mundo financiero y el de la economía real, miran el clima institucional y político del país. Lo que ven por ahora es un patrullero incendiado a las puertas del Congreso.

Techint, YPF, Chevron, Shell, Tecpetrol y una larga lista de petroleras y mineras tienen sus inversiones en marcha; el Comité Evaluador del RIGI aprobó el segundo proyecto, esta vez para Vaca Muerta Sur, con una inversión de US$2.900 millones.

Las reservas del BCRA podrían recomponerse, la inflación está en baja, el superávit fiscal se sostiene incluso cuando la administración Milei ha empezado a incrementar el gasto: la erogación de AUH crece y los $200 mil millones para Bahía Blanca son un ejemplo de “Estado presente” en un año electoral.

La macro funciona, haberes jubilatorios y salarios formales se recuperan (aún por debajo de niveles previos a la crisis), la cosecha de soja y maíz aportará dólares con retenciones rebajadas hasta el 30 de junio. Pero el cambio de régimen -si se consolida- dejará Pymes en el camino en un país donde 45% de la capacidad fabril está ociosa y la presión fiscal -si no el tipo de cambio- impiden la competitividad internacional o la sostenibilidad de costos internos.

Rebajar aranceles a ropa y calzados para bajar precios, especular que la carne no vuelva a subir, confirmar que la salida de dólares del turismo se reducirá estacionalmente y no convalidar paritarias por fuera del esquema (mientras la CGT apura un nuevo paro) son reflejos de ataque y defensa en un ring que tiene muchos rounds por delante. Uno que exige imperativamente repudiar la violencia y ejercer la política.