La Legislatura rechazó el fallo que le impide controlar fiscales

Con la unanimidad como signo distintivo, todos los bloques de los partidos políticos y sus corrientes internas con representación parlamentaria rechazaron un fallo que se opone a los controles legislativos sobre los fiscales y defensores del sistema penal santafesino.

Lo hicieron mediante una declaración, acordada entre todos los sectores políticos que conforman el Legislativo, que tanto procura no apartarse del fallo como fijar una posición política clara.

La Sesión Especial Conjunta de ambas Cámaras -que se llevó a cabo este jueves 1ro de octubre- se abstuvo de suspender por 90 días, con afectación de sus haberes, al fiscal Adrián Spelta, jefe de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación, en Rosario.

Sin embargo, al mismo tiempo, decidió suspender los plazos para proteger el proceso contra Spelta, y –mediante una breve declaración que fue aprobada por unanimidad- se expresó que no se comparten los fundamentos del fallo que recorta sus potestades.

Discusiones

Hasta unos minutos antes de la sesión conjunta, los legisladores discutieron la chance de votar un documento extenso y particularmente duro con el fallo.

Las diferencias no giraron en torno alfondo de lo que resolvieron los jueces Lucía María Aseff, Adriana María Mana y Fernando Raúl Marchionatti. Nadie en la Legislatura entiende como los magistrados que sea inconstitucional que los fiscales y los defensores no tengan controles fuera del MPA y de la Defensa.

No hubo acuerdo por diferencias tanto en la estrategia a seguir, como en la chance de producir cambios en la ley vigente: la 13.807 de 2018 que modificó a la 13.695 de 2017, en ambos casos -cabe destacar- votadas por unanimidad en ambas Cámaras.

Fue un recurso presentado por Spelta el que desató el fallo de Cámara, del fuero laboral, también de esa ciudad, que considera inconstitucional la Ley 13.807 de 2018 (que modificó a la Ley 13.695 de 2017) y extendió la facultad de los diputados y senadores provinciales de controlar de manera directa, además de las conducciones de los órganos de la Acusación y la Defensa (ya previstas en las leyes con que fueron creados), la de juzgar el desempeño de sus integrantes.

Spelta había ejercido el derecho a defensa ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa luego de un proceso en el que el senador Lisandro Enrico actuó como acusador. Ese cuerpo formado por 8 diputados y 4 senadores elaboró un dictamen -también por unanimidad- que iba a dar un fuerte gesto político a todos los fiscales, además de Spelta: pensarlo dos veces antes de aceptar una prisión domiciliaria para los acusados de delitos graves o con antecedentes de peligrosidad.

Revisión a fondo

Al cierre de esta edición, los jefes de los distintos bloques que funcionan en sendas Cámaras exponían las razones que cada sector ve en torno a la necesidad de respaldar los controles directos sobre la actuación de los integrantes del MPA y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, luego de una exposición general del tema, a cargo del presidente de la Comisión de Acuerdos, senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), que fue central en las conversaciones previas, lo mismo que el vicepresidente de ese cuerpo, el diputado del Frente Progresista, Pablo Farías.

Con los matices de esos discursos, se completó esta semana un trabajo de consenso –desde Acuerdos- para que no haya votos por la negativa ni disidencias, y se discutió hasta unas pocas horas antes de la sesión conjunta, pero finalmente no hubo el consenso necesario para llevar el documento al pleno, en el recinto virtual.

Quienes lo revisaron con varias lupas fueron los diputados justicialistas, en minoría en la Cámara baja, que están al tanto de las intenciones –en parte ya públicas- del gobierno de Omar Perotti de producir algún "perfeccionamiento" del procedimiento vigente, tal como expresó -en declaraciones a El Litoral- el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. Leandro Busatto, el jefe de esa bancada del oficialismo en la Cámara baja, no quería levantar la mano para aprobar algo que luego se las atara a los funcionarios.

En términos legales –pero no menos políticos- es relevante la decisión adoptada por el conjunto de la Legislatura de suspender los plazos procesales del caso en cuestión. Implica cuidar el proceso, frente al paso del tiempo que pudiera agotar los plazos legales. Se trata de un asunto a resolver en la Justicia.