El MPA supervisará las investigaciones de delitos sexuales del norte santafesino

La Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, resolvió iniciar un proceso de supervisión de las investigaciones sobre delitos sexuales que tramitan en el ámbito de la Fiscalía Regional 4. Así lo dispuso a través de la resolución número 170/2024 firmada este vierns.

La tarea fue asignada a la fiscal Alejandra Del Río Ayala, quien integra la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 1. Durante 90 días, deberá “abordar cada una de las investigaciones sobre casos de delitos contra la integridad sexual con perspectiva de género y perspectiva de víctimas (ley 14.181) y una proyección sobre la resolución de los mismos”.

Según establece la resolución, “Del Río Ayala deberá estudiar los legajos de investigación fiscal relacionados a la temática y efectuar una proyección de resolución sobre cada investigación y, en su caso, solicitar instrucciones particulares a la Fiscal General”.

También se indica que la fiscal contará con el apoyo de la Fiscalía General, a través de la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos, la Secretaría General y la Administración General.

Tal como indica la resolución, el inicio del proceso de supervisión fue dispuesto por Vranicich, más allá de las tareas de monitoreo que “la Auditoría General de Gestión se encuentra realizando desde su incumbencia legal”.

Lineamiento

De acuerdo con la resolución, Vranicich dispuso el inicio del proceso de supervisión en función de que “es de público conocimiento que en la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajo fiscales en relación a investigaciones de delitos contra la integridad sexual”.

En tal sentido, la resolución recuerda que “uno de los lineamientos de persecución penal priorizados por la Fiscalía General es el de los delitos relacionados a la situación de las víctimas: femicidios, violencias de género y sexuales, delitos que afecten a niños, niñas y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad y delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar”.