"Hay mucha transferencia de dinero, pero poco acompañamiento del Estado"

Nancy Balza

nbalza@ellitoral.com

Daniel Arroyo es Lic. en Ciencia Política y, entre otras funciones públicas y privadas de gran trascendencia, fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación entre 2003 y 2007. Hoy es el precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, acompañando a Felipe Solá. En el marco de la polémica por las exiguas cifras de pobreza (menos del 5 %) e indigencia (1,27 %) que la presidente Cristina Fernández presentó ante la Oficina para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO), asegura que hoy el dato más certero es el que difundió la Universidad Católica Argentina que arroja un 27 % de pobreza. Luego de recorrer brevemente la situación social del país desde 2001, afirma que empeoró en los últimos 4 años en que el Estado se convirtió en el principal empleador y, si bien se multiplicó el monto de los recursos asignados a política social, falta acompañamiento y por eso ha perdido territorio.

—¿Qué porcentaje de pobreza se manejaba cuando estaba en Desarrollo Social de la Nación?

—Fui viceministro de Desarrollo Social desde 2003 a 2007. El Indec fue intervenido en 2007, pero hasta ese momento seguía con la metodología tradicional. Para hacer un poco de historia, en 2001 había un 57 % de pobreza y 28 % de desocupación: fue el momento más crítico. La situación mejora hasta 2008 cuando llegamos a aproximadamente el 27 % de pobreza y 35 % de trabajo informal; empeora en 2008 y 2009 producto de la crisis internacional, vuelve a mejorar hasta 2011 y en los últimos cuatro años otra vez empeora, producto de la inflación, del parate de las changas de la construcción y, sobre todo, por el fenómeno del sobre endeudamiento que tiene a un montón de gente tomando créditos al 150 ó 200 % anual con fotocopia del DNI. El dato más certero que tenemos hoy en la Argentina es el 27 % de pobreza que mide el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En segundo lugar, hay un 34 % de trabajo informal: una de cada 3 personas que trabaja está en situación precaria, y en tercer lugar y para mí el dato más crítico es que hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.

El último dato que dio el Indec, de 4,7 % de pobreza y 1 % de indigencia es del primer trimestre de 2013. Era un dato mentiroso porque la pobreza se mide en función de una canasta de alimentos y una serie de datos que establecen cuánto necesita una familia para vivir. Si digo que los tomates valen 10 centavos, baja esa línea y hago como que no hay pobres. Creo que es eso lo que presentó la presidente porque como la FAO es un organismo supranacional, sólo puede tomar datos oficiales y el último dato oficial en la Argentina es ése.

—Cuando dice que hasta 2008 la situación mejora, ¿a qué lo atribuye?

—Hasta 2008, mejora porque durante ese período se crean 5 millones de puestos de trabajo, crece la economía al 8 % anual cada año y hay más política social. Pero la explicación es básicamente el crecimiento económico. Las empresas, que estaban trabajando muy por debajo de su capacidad y sin invertir mucho, rápidamente pudieron ocupar gente y producir más. Fue la etapa de recuperación más simple; después vino la crisis y más tarde se inició la etapa más compleja. En los últimos 4 años, el único empleador ha sido el Estado, y hoy uno tiene 27 % de pobreza con 8 millones de personas que reciben dinero por planes sociales.

—No son beneficiarios únicamente de la Asignación Universal por Hijo.

—No, por la Asignación Universal son 3,4 millones, más las pensiones (no jubilaciones) más los distintos programas al estilo del plan Progresar para jóvenes, Más y Mejor Empleo, y el dinero que reciben las personas para comprar alimentos (tickets o tarjetas).

El efecto de la asistencia social

—¿Podemos decir que la situación no desbarrancó más por la asistencia del Estado, porque emplea o entrega planes?

—Claro, pero en realidad lo que está explicando esto es que no está funcionando la economía. No se le puede negar al gobierno su vocación por transferir más recursos: la política social en 2003 era de 4.100 millones; hoy son 102 mil millones. Pero la inflación, el parate de changas y el sobreendeudamiento hacen que aún con tanta gente que recibe subsidios tengamos más pobreza. Le agregaría un dato que está fuera de las estadísticas pero que es importante, y es que ha surgido un nuevo sujeto que es el vendedor de drogas, que más allá del narcotráfico y el lavado de activos, gana más que el que trabaja. Está instalado en el barrio, no es alguien que va a vender y sale, y es un nuevo modelo de movilidad social. Eso fue construyendo un mecanismo paralelo de ascenso social por fuera del estudio y el trabajo.

—¿Cómo se sale de esta situación?

—Sobre esta base, hay que encarar políticas sociales nuevas: la primera es crear el derecho al primer empleo con un mecanismo donde el joven cobra en blanco el salario que le corresponde y el Estado compensa a la empresa.

En segundo lugar, hay que armar una red de 20 mil tutores que son el cura, el pastor, el técnico del club del barrio, la maestra, el profesor de educación física, la gente que tiene legitimidad para ir casa por casa a acompañar a la gente. El Estado ha perdido la capacidad de vínculo con la gente: transfiere dinero, entrega netbook pero no acompaña y por eso ha perdido el territorio. En tercer lugar, hay que ir a un sistema dual en la escuela secundaria, donde hay un 40 % de deserción, de manera que los chicos en los dos últimos años puedan hacer pasantías para generar un vínculo directo con el mundo del trabajo y que sirva a los chicos para no desertar a medida que avanzan en la escuela.

En cuarto lugar, la propuesta es generar un esquema masivo de crédito para el sector informal (el gasista, el plomero, el carpintero, la señora que cose ropa en la casa), a tasas bajas, subsidiadas por el Estado fuera del sector bancario y de acceso fácil para que una persona que quiere poner un taller mecánico en su casa pueda comprarse las máquinas para trabajar. Además, debería existir un empalme entre programas sociales y trabajo: una persona que tiene un plan social hoy no va a tomar un trabajo formal porque tiene miedo de quedarse sin lo que considera seguro que es lo del Estado: hay que romper esa incompatibilidad.

Medidas

• Arroyo explica que, entre los problemas acuciantes, “existe un serio problema de atención de las adicciones: un chico sin obra social o prepaga no tiene dónde ser atendido y la mamá termina dejándolo en la comisaría. Planteamos que hay que crear 200 centros de atención de adicciones, y en la Argentina estamos -10; el narcotráfico es un partido que venimos perdiendo 10 a 0 y el tema de las adicciones también. Además, para cortar la venta de drogas, creemos que es necesario crear una fuerza especial para las ciudades con más de 100 mil habitantes.

Migraciones —Días atrás, se conoció un informe sobre la cantidad de gente que por falta de trabajo o de servicios, migra a la ciudad y termina hacinada por falta de viviendas. —Es que, además, el hacinamiento es la causa de otro problema. En Santa Fe, en Rosario, en el Conurbano bonaerense, en Córdoba, el ciclo es el mismo: un chico está hacinado, no tiene lugar en su casa y se va a la esquina; en la esquina consume paco u otra sustancia porque si no lo hace no se integra al barrio; cuando consume tiene un problema de adicción pero también se endeuda y cuando eso ocurre hay un vivo que se le acerca para plantearle cualquier idea para cancelar esa deuda. Por eso, para una persona tener una casa de material es mejor que un rancho, pero si tiene la misma cantidad de metros cuadrados no va a resolver el problema del hacinamiento. Hay que contar con un mecanismo en el que puedan extender su casa. —¿Mantendría la Asignación Universal por Hijo? —Estamos de acuerdo con la idea de que sea ley y que dos veces por año se actualice. Lo ha planteado permanentemente Sergio Massa y hoy vemos que parte del problema de los ingresos tiene que ver con eso: hoy la mamá compra menos con el monto actual de asignación que con los $ 180 de 2009. Pero tiene que ser la base de arranque, tiene que ser un derecho.