La Cámara de Diputados abre el debate del proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 13 años

Finalizado el receso invernal, la Cámara de Diputados de la Nación dará paso este miércoles al debate en comisiones del proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, a través de una reunión informativa donde expondrán dos funcionarios de los ministerios de Seguridad y Justicia.

La iniciativa será puesta a consideración en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), respectivamente.

La reunión fue convocada para las 12.30 en el edificio Anexo C. En la jornada también se debatirán los proyectos sobre trata de personas y de ley antimafia, con lo cual el Gobierno tener nuevas herramientas para combatir el crimen organizado.

En la primera reunión informativa sobre la ley de reforma del Régimen Penal Juvenil están invitados a exponer el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; en tanto, en la segunda se espera la palabra de los autores de diferentes proyectos que se encuentran en la Cámara baja.

Más allá de las pretensiones del Gobierno se espera que no sea un tratamiento sencillo como cada vez que se instaló este debate, al ser un tema que divide las aguas en forma transversal en los bloques, más allá de que coinciden en la necesidad de un cambio del sistema penal para los menores.

Fundamentos de la iniciativa

El proyecto fue ingresado por el Gobierno en la Cámara baja el pasado 16 de julio. La norma establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; este tope se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.

Los impulsores de la iniciativa fueron los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich. En la presentación del proyecto habían puntualizado que la reforma se fundamenta en que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes".

"Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones", habían expresado los ministros en aquella presentación.

En los fundamentos, se señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”

“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.

En ese sentido, el oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social"

Proyectos propios

Además, en las comisiones hay proyectos presentados por el presidente del bloque del Pro, Cristian Ritondo; por el libertario Álvaro Martínez; por el legislador de Hacemos Ricardo López Murphy y otro impulsado desde Unión por la Patria (UxP) por María Eugenia Alianiello.

La iniciativa de UxP no avanza en la baja de la edad para ser detenido por un delito, que actualmente está en los 16 años, contempla un mecanismo de sanciones menores y otro mecanismo para reinsertarse en la sociedad, y establece como tope una pena de diez años.

En cambio, en el proyecto propiciado por Ritondo se baja la edad de imputabilidad a los 14 años y el joven estará en un centro especializado para menores hasta que cumpla la mayoría de edad, cuando tendrá que cumplir la misma pena que les corresponde a los mayores de acuerdo a la gravedad del delito.

El proyecto más duro sobre la baja de la imputabilidad fue presentado por Álvaro Martínez, de LLA, que propone prisión de hasta 10 años a los menores entre 12 y 16 años, mientras que aquellos que superan esa edad se le podrá imponer hasta quince años de prisión.