Reafirman el procesamiento de Eduardo Belliboni por fraude y extorsión

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento de Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, acusado de administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión en la causa por presuntas irregularidades en el manejo de planes sociales.

El máximo tribunal penal desestimó como "inadmisibles" las apelaciones presentadas por Belliboni y otros 14 imputados, dejando así en pie los procesamientos que ya habían sido confirmados por la Cámara Federal porteña.

Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky también ratificaron una resolución previa de la Sala I de la Cámara Federal que agravó la situación del dirigente y de María Dotti, otra referente del Polo Obrero, al considerar que existieron amenazas y extorsión a beneficiarios de planes sociales, forzándolos a participar de piquetes y movilizaciones.

El juez federal Sebastián Casanello ya inició los trámites para enviar la causa a juicio oral, y las partes fueron notificadas para avanzar en el proceso.

Pruebas que complican la situación

Entre las pruebas que pesan contra Belliboni, se destaca el hallazgo de cuadernos y planillas en comedores allanados. En esos registros se anotaba la asistencia de beneficiarios a movilizaciones políticas, incluyendo nombres, fechas y supervisores. La investigación también revela que quienes formaban parte del programa eran obligados a participar de estas actividades para mantener la ayuda estatal.

Además, la Cámara Federal pidió ampliar la mirada hacia posibles complicidades dentro del Estado. La resolución no solo apunta a Belliboni, sino también a otros miembros del Polo Obrero, como Mariano Centanni, ex tesorero de la organización. Ambos habrían direccionado los recursos hacia fines ajenos a los objetivos del programa, de acuerdo con la justicia.

Desde el Polo Obrero han negado las acusaciones y denunciado persecución judicial, mientras que la investigación sigue avanzando con el foco puesto en esclarecer el manejo de los fondos públicos.

Sentencia no definitiva

El tribunal subrayó que el procesamiento "no es una sentencia definitiva", pero remarcó que hay elementos suficientes para que Belliboni sea juzgado por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y "extorsión agravada".

La investigación señala desvíos de fondos del programa Potenciar Trabajo a través de convenios con el entonces Ministerio de Desarrollo Social. Según la acusación, el dinero se habría utilizado para financiar actividades políticas, alejándose del objetivo original de la política pública.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens sostuvieron que se "imponían exigencias indebidas a los beneficiarios" bajo amenaza de perder el subsidio, configurando un esquema de presión y desvío de recursos estatales.