El Senado empieza a discutir la ampliación de la Corte Suprema de la Nación

A casi dos meses de haber rechazado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado convocó a una reunión plenaria entre las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales para dar comienzo al debate respecto a ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, garantizar una mayor presencia de mujeres y "federalizar" la composición del Tribunal.

Será este miércoles 28 a las 13, y el debate contempla ocho proyectos, presentados por la neuquina Lucila Crexell; la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal); el catamarqueño Flavio Fama (UCR); la rionegrina Mónica Silva; Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez de Unión por la Patria; y el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal). Tal como informó El Litoral, éste último fue el texto más reciente impulsado desde las usinas oficiales, después de la caída de ficha limpia el pasado 7 de mayo.

Las propuestas van en la dirección de llevar el número de ministros de la Corte Suprema de cinco miembros -aunque actualmente funciona con tres- a siete, nueve o quince. También, con distintas modalidades, la mayor parte de las iniciativas apunta a garantizar la presencia de mujeres en el alto tribunal; cosa que no se produjo a lo largo de los 163 años de historia del Alto Tribunal, período en que el que tuvo 113 miembros, y solo tres fueron mujeres. Finalmente, se plantea que la elección de los ministros responda a un criterio de representatividad regional.

Qué dice cada proyecto

En cuanto a las iniciativas en discusión, el proyecto de Romero consta de un solo artículo que establece que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por siete (7) jueces, de los cuales no más de cinco (5) de sus integrantes serán del mismo sexo". Es decir que al menos debe haber dos mujeres.

El bloque de Unión por la Patria -que con 34 senadores ostenta la primera minoría, y una fuerza preponderante para impulsar o bloquear cualquier iniciativa - cuenta con tres proyectos propios: dos de la neuquina Silvia Sapag y otro de Nora del Valle Giménez.

Sapag tiene, por un lado, un texto integral que propone una Corte de 15 integrantes, en la que no puede haber más de 8 del mismo género. A su vez, divide al país en cinco zonas geográficas (Patagonia, Centro, NEA, NOA y Cuyo) y plantea que haya tres integrantes por cada región.

En forma paralela, promueve otro proyecto, centrado exclusivamente en la cuestión de género. El texto exige que cualquiera sea la cantidad de miembros de la Corte, debe "estar integrada por mujeres en una proporción mínima del 40 %". Como cláusula transitoria, establece que, hasta que se llegue a ese guarismo, "la totalidad de las vacantes que se produzcan deben ser cubiertas por mujeres".

En tanto, el proyecto Nora del Valle Giménez mantiene en 5 la cantidad de jueces, pero estipula que deben ser "no menos de dos mujeres".

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa del bloque federal Alejandra Vigo, también tiene un proyecto, que cuenta además con la firma de la santacruceña Natalia Gadano, el santiagueño de UxP Gerardo Montenegro, y el ex libertario Francisco Paoltroni. También mantienen la Corte con 5 jueces pero proponen "un mínimo de 30% de mujeres", tanto para el máximo tribunal como para cada tribunal federal colegiado.

En sus fundamentos el proyecto recuerda que "el ex presidente Néstor Kirchner fue el único mandatario en nuestro país que postuló dos mujeres como las juezas Elena Highton y Carmen Argibay. Ambas generaron impactantes transformaciones de género en todo el país", como la Oficina de Violencia Doméstica y la de la Mujer.

La rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck eleva a 9 el número de miembros, dispone que no debe haber más de 5 miembros del mismo género -con lo cual al menos 4 deberían ser mujeres- y plantea una selección "federal". Para ello divide el país en cinco regiones (CABA, Buenos Aires, Norte, Centro y Sur) y estipula que no pueda haber más de dos magistrados por cualquiera de ellas.

La neuquina Lucila Crexell tiene un proyecto que fija una Corte "compuesta por 9 jueces que acrediten imparcialidad partidaria o sectorial. En su composición no podrá haber menos de un tercio de jueces del género femenino, debiendo respetarse la representatividad regional del país".

Por último, el radical Flavio Fama tiene un texto propio junto a otros compañeros del bloque UCR, como Carolina Losada, que declara la paridad de genero para el Máximo Tribunal.

La Corte de 3

Desde el año pasado, el máximo tribunal de justicia funciona con su presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En diciembre, Juan Carlos Maqueda dejó la Corte tras cumplir 75 años, y el presidente Javier Milei nombró a García-Mansilla en comisión, pero el rechazo del Senado obligó la renuncia del catedrático.

De todos modos, la Corte Suprema de Justicia funciona con cuatro integrantes desde octubre del 2021 tras la salida de Elena Highton de Nolasco, quien también cumplió los 75 años, pero nunca tuvo reemplazante.

El número total de ministros llegó a ser de nueve desde 1989, cuando Carlos Menem impulsó el añadido de cuatro jueces a los cinco existentes. Con la renuncia de dos de ellos por efecto de la polémica suscitada, estuvo entonces en condiciones de nombrar a seis ministros (que llegaron a ser diez, con el correr de los años), y generar lo que durante todo su mandato se llamó la "mayoría automática", hasta la puesta en marcha de un proceso de juicio político que la desarticuló en 2004.

En 2006 se volvió a fijar en cinco el número de miembros, con la reducción paulatina de los siete ministros en ejercicio en ese momento (las dos últimas vacantes no habían sido cubiertas), hasta llegar a la cantidad estipulada y que rige hasta hoy.

Conforme ya se llevó a la práctica en otros períodos en que la Corte funcionó con integración menguada, para que se dicte un fallo es necesario que haya tres votos coincidentes; número que opera de esa manera sobre la base de que garantizaría la mayoría aún cuando estuviesen cubiertos los dos cargos vacantes. Pero si uno de los jueces no está de acuerdo, esa condición no se cumpliría. Entonces se debe convocar a un conjuez, sorteado entre todos los presidentes de las Cámaras Federales del país.

Precisamente, a finales del año pasado, a pocos días de que se jubilase Juan Carlos Maqueda (y el Tribunal funcionaba todavía con cuatro miembros), la Corte firmó una acordada para establecer un nuevo mecanismo, que permita acelerar el sorteo de conjueces y así aventar el riesgo de la paralización de expedientes por falta de mayorías.

Esa medida se dictó con la pretensión de evitar el bloqueo de causas y garantizar el acceso a la justicia en tiempo y forma. Pero además, se estableció que un mismo conjuez será designado para resolver casos análogos, asegurando coherencia en los fallos y evitando la atomización de la jurisprudencia que podría derivar en variaciones constantes en las sentencias de la Corte Suprema debido a la rotación de integrantes eventuales.

La paradoja es que aquella decisión se tomó por tres votos contra uno, con el concurso de Maqueda (que hoy ya no está) y la disidencia de uno de los tres actuales ministros en ejercicio, Ricardo Lorenzetti.