Subsidios: desechan la idea de "canasta energética" y se mira la línea de pobreza

Al cabo de un año de gestión, el gobierno nacional estudia un nuevo instrumento para recortar los subsidios a la energía mayorista en materia de gas natural y electricidad, cuya meta es -como desde que comenzó la actual gestión- solo prestar ayudas a los hogares más pobres y no a quienes se considera que pueden pagar por ambos servicios.

Junto con el cambio de funcionarios en la Secretaría de Energía de la Nación, en esa oficina dependiente del Ministerio de Economía, se comenzó a desechar en octubre de 2024 la idea de aplicar a los usuarios residenciales lo que el ex titular, Eduardo Rodríguez Chirillo denominó una "canasta energética".

Ese concepto pretendía que sobre cada hogar, según su situación económica, social, de salud y hasta climática, se establezca que proporción de los consumos de metros cúbicos y kilovatios se cubran con la ayuda del Estado nacional al subsidiarse (en el nivel mayorista) su precio.

Nuevo esquema

Ahora, la idea es que un nuevo esquema -bastante más sencillo que el actual- divida a los pobres de quienes no lo son según los indicadores que determinan la llamada línea de pobreza establecida por la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadías y Censos.

El método que utiliza el Indec para marcar una línea de pobreza (y también de indigencia) refiere a la capacidad de los hogares para la satisfacción de las necesidades alimentarias y no alimentarias de sus miembros.

En materia de gas natural se supone que no hay indigentes con ese servicio; y en el sector de la energía eléctrica, rara vez corresponden al segmento de prestaciones regulares y con tarifas, ya que están en general colgados o enganchados a las redes.

El problema es que en todo el sistema estadístico argentino la base de la información es el anonimato: el Estado no debe saber quiénes sino cuántos pobres hay en el país; eso sí, dispone de su ubicación geográfica.

Con la definición de la secretaria de Energía María Tettamanti de que el alcance de las ayudas estatales debe parecerse a la línea de pobreza del Indec, está claro que lo que se busca es subsidiar solo al 40% de la demanda. Hoy, dos de cada tres familias reciben asistencia para afrontar las boletas.

¿Fin de la segmentación?

En esos términos se busca superar la aún vigente "Segmentación de la Demanda", que comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández y dividió en tres categorías a los usuarios residenciales: Nivel 1, de altos ingresos y con escasos o ningún subsidio mayorista a la energía; Nivel 2, de bajos recursos, con los más altos subsidios; y Nivel 3, de ingresos medios y moderadas ayudas estatales.

Luego de medio año en el que se hicieron esfuerzos desde las empresas distribuidoras para que los hogares pobres se anoten en los subsidios (muchos habían sido subsidiados sin esa declaración jurada), la segmentación muestra que en todo el país los N1 son unos 5 millones de usuarios; los N2, 8; y los N3, 3.

Si en el último trimestre de 2025 (seguramente después de las elecciones nacionales para renovar el Congreso) solo 4 de cada 10 hogares recibirán ayudas estatales, es obvio que la letra "N" a convertir en minúscula es la de la clase media.

Sólo una parte de esa franja que no se percibe pobre contará con una tarifa social. Habrá, finalmente, dos tipos de usuarios regulares: con o sin tarifas sociales, tal como el macrismo se había propuesto avanzar sin demasiadas posibilidades durante 2015 y que debió desistir al año siguiente.

Dos hechos limitaron esa política clave para el gobierno de Mauricio Macri: una fuerte movilización social en su contra apuntalada por la militancia kirchnerista, pero con penetración más allá de esa fuerza política, y un fallo de la Corte que -sin dudas- volverá a ser citado en 2025 si el gobierno liberal-libertario logra estos nuevos recortes.

Aquel pronunciamiento del máximo tribunal argentino fijó la obligación del Estado de cobrar tarifas bajo el "criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad", así como que los servicios públicos deben respetar los principios de "continuidad, universalidad y accesibilidad".

En rigor, la gestión actual de Javier Milei ya pudo bajar en términos reales en -38% los subsidios según el Reporte de Tarifas y Subsidios N°21, que elabora el Observatorio De Tarifas Y Subsidios Iiep, de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Uba-Conicet).

Y de ese porcentaje 25 puntos se explican por el aumento de las tarifas de gas natural por redes y energía eléctrica a los usuarios de los niveles N1 y en mucho menor medida, N3 y N2, en ese orden. Lo demás es mérito de los tibios recortes de subsidios al transporte público de pasajeros del Amba y de los drásticos ajustes a las provincias en esa materia.