El Tribunal de Cuentas castiga al Órgano de Control de la autopista

Ivana Fux
ifux@ellitoral.com

Por resolución Nº 24 del pasado 13 de marzo, el Tribunal de Cuentas de la provincia decidió castigar al Órgano de Control de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario a raíz de los incumplimientos de la empresa Arssa que, como se sabe, derivaron en una rescisión consensuada y en una finalización anticipada del contrato.

Por “unanimidad”, el Tribunal decidió solicitar al Ministerio de Infraestructura que “instruya un juicio de responsabilidad” al Órgano de Control, al tiempo que comunica la resolución a dicha cartera y a los presidentes de ambas cámaras legislativas. El Órgano de Control se creó por decreto en 2010 en el marco de la licitación pública para concesionar la autopista, con el objetivo de verificar el cumplimiento del contrato. En sus inicios dependía de la Administración de Vialidad, pero con las sucesivas reformas a la Ley Orgánica de Ministerios, pasó en 2011 a la órbita del Ministerio de Aguas y Medio Ambiente; y en 2015, a Infraestructura.

Sin embargo, con los años y en la medida en la que avanzaba la concesión, la estructura del organismo de control se fue debilitando hasta llegar a un punto prácticamente de desmantelamiento. Así lo advertía ya en 2016 Rubén Belmonte, delegado gremial de UPCN, y lo ratificó hoy consultado por El Litoral. “El organismo de control no tiene prácticamente inspectores asignados; son siete personas en total y no tienen movilidad para recorrer 150 kilómetros de autopista. Está prácticamente desmantelado”, aseguró.

Aun así, el Tribunal de Cuentas entendió que la repartición habría sido responsable de no advertir los incumplimientos de Arssa -entre ellos, la no repavimentación de la traza completa del corredor-, y sobre esa base solicitó los sumarios.

Auditoría

Para sustentar su decisión, el Tribunal citó el Informe Final de Auditoría Permanente de la autopista Santa Fe-Rosario, que elaboró el propio organismo. Dicho procedimiento de “auditoría permanente” quedó establecido mediante disposición de mayo de 2011, para que el propio Tribunal controlara a la adjudicataria “durante toda la vigencia de la concesión”. Pese a ello, cuando durante la actual gestión se decidió rescindir el contrato, el Ministerio de Infraestructura contrató a un tercero -el Instituto de Transporte de la ciudad de Rosario- para buscar asesoramiento en la materia.

En los considerandos de la resolución 24 del Tribunal de Cuentas, se advierte que “entre las funciones de la Dirección Provincial del Órgano de Control se encuentra la de asegurar el cumplimiento del contrato de concesión en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes, tomando las medidas correctivas y sancionatorias cuando así correspondan (...); y asegurar el control de la ejecución de la obra pública realizada en la Jurisdicción del contrato de concesión”.

A la luz del informe final de la auditoría permanente -según se cita-, el Tribunal consideró pertinente iniciar un sumario “con el fin de determinar la existencia de perjuicio económico y su extensión, como también individualizar a sus responsables”, con el objeto de “deslindar responsabilidades administrativas y patrimoniales que pudieran derivar de actos, hechos u omisiones de agentes o funcionarios de la administración pública provincial, que pudieran ocasionar perjuicio al patrimonio estatal, en el marco de la concesión”.

Informes

El escandaloso final de la concesión detonó severos cuestionamientos en la Cámara de Diputados, que solicitó al Tribunal de Cuentas los resultados de la auditoría permanente, y los informes del Organismo de Control. Según la resolución del propio Tribunal, el informe final de dicha auditoría se emitió el 2 de noviembre de 2016, y en su plenario del 9 de marzo último, el cuerpo decidió remitirlo al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Infraestructura. El Organo de Control también hizo un informe final sobre la concesión de la autopista a pedido del Tribunal. El expediente -de más de tres mil fojas, según pudo saber este diario- fue elevado al Tribunal de Cuentas, pero aunque lo solicitaron, el informe no llegó aún a manos de los legisladores.

Consultado por este diario, el diputado justicialista Roberto Mirabella, cuestionó la resolución del Tribunal. A su criterio, “le arman un juicio por responsabilidad a la persona que estaba a cargo del Órgano de Control de la autopista y lo van a hacer renunciar, cuando en realidad, es un área que depende del ministro (de Infraestructura, José) Garibay”. Esta concesión -aseveró- es uno de los bochornos más grandes de la provincia; le dieron una concesión a una empresa que tenía que hacer 313 kilómetros de pavimentación e hizo 75. Hubo una estafa de mil millones de pesos y esto no lo digo yo, sino los propios estudios que contrató la provincia. Le sacaron la concesión (a Arssa), pero no la multaron ni se cobró el derecho de caución. No hicieron nada”, sentenció.

El escandaloso final de la concesión detonó severos cuestionamientos en la Cámara de Diputados, que solicitó al Tribunal de Cuentas los resultados de la auditoría permanente, y los informes del Organismo de Control.

“El organismo de control no tiene prácticamente inspectores asignados; son siete personas en total y no tienen movilidad para recorrer 150 kilómetros de autopista. Está prácticamente desmantelado”, aseguró Rubén Belmonte, delegado gremial de UPCN.