La huelga de trabajadores aceiteros en los puertos de San Lorenzo y zona sigue sin resolverse y complica grandemente a este sector económico que tiene una incidencia fundamental en la economía argentina. Desde el sindicato, hablaron de que no hay avances. Preocupación por la extensión de la medida de fuerza que permanecerá, como mínimo, todo este fin de semana.
El conflicto de los trabajadores aceiteros de la zona del Gran Rosario se agrava y no se ve ningún viso de solución. La huelga de los empleados de las grandes plantas a la vera del río Paraná lleva 9 días. Hasta el momento, la salida del conflicto sigue sin aparecer. El paro es por tiempo indeterminado y se extenderá como mínimo a este fin de semana previo a Navidad.
Este cese de trabajo afecta no sólo a las empresas que operan en los puertos de San Lorenzo y zona, sino también a los barcos que esperan varados para cargar y pierden miles de dólares por día al no poder cargar. Se estima en alrededor de U$ S 25.000 por jornada de pérdida para cada buque que no opera. Desde la zona ribereña de esta última ciudad se puede observar la fila extensa de embarcaciones ancladas que aguardan su turno para poder transportar los productos agropecuarios que tanta incidencia tienen en la macroeconomía argentina. El conflicto complica las arcas del Estado nacional que se ven gravemente perjudicadas por este parate. Pese a que las negociaciones ya comenzaron entre los dueños de las empresas y los representantes del gobierno de Alberto Fernández, la salida no aparece.
Una de las firmas que está sólo con actividad mínima es Vicentin. A metros de la entrada, un grupo de unos 60 gremialistas está acampando día y noche a la espera de la solución para volver al lugar de trabajo. A pocos metros de la entrada del complejo, un patrullero custodia la entrada.
“Está pasado el octavo día de paro reclamando la mejora salarial”, le dijo a El Litoral, Gerardo Gómez, representante de SOEA (Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros) en Renova Bio, firma del grupo Vicentin. Los trabajadores de esta empresa cobran un salario mínimo de 65.000 pesos y pretenden un aumento ajustado a la inflación. Unas 500 personas trabajan en la planta de Vicentin y unos 80 en lo que es Renova. “El salario mínimo no garantiza los derechos básicos para las personas. El derecho a la vivienda, derecho a vacaciones, a educación digna, a salud. No se están garantizando”, dijo Gómez. Según el sindicalista, recibieron un 25% de incremento de manera tardía que cobraron en mayo y reclaman un 10% adicional teniendo en cuenta que la inflación anual está estimada en un 35%. “La propuesta de las empresas es muy baja. Ellos dicen que con eso alcanza y la verdad es que no alcanza”, acotó.
“En la reunión pasada fuimos bastante esperanzados, pensamos que iban a cambiar la postura, de que se habían dado cuenta que la situación no dada para más, pero parece que la patronal no da el brazo a torcer”, expresó Gerardo Gómez. Aseguró que para ir a una conciliación obligatoria necesitan tener un avance en las negociaciones. “Ellos ofrecen algo muy bajo”, concluyó el representante sindical.