Agrotóxicos en frutas y verduras: comienzan controles y puede haber severas multas para puesteros

Juan Chiummiento | redaccion@ellitoral.com

A raíz de un fallo de la Justicia provincial, la Casa Gris comenzará a dar visibilidad a las inspecciones que realiza sobre frutas y verduras que se venden en los mercados mayoristas de Rosario y Santa Fe. Dichos controles ya comenzaron y plantean severas sanciones que pueden recaer sobre los propios puesteros. "Se pesca en la pecera, porque es lo más fácil, pero tienen que ir a auditar a la zona de producción, no acá", se quejaron desde el Mercado de Concentración de Fisherton.

Los antecedentes del proceso debes rastrearse hasta 2013, cuando el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate ingresó dos pedidos (uno en el fuero provincial y otro en el federal), para comprobar si el Ejecutivo santafesino o el nacional estaban realizando los controles "para garantizar que la ciudadanía no ingiera tóxicos, estando sobradamente probados los riesgos para la salud", según manifestó el letrado.

Luego de que los distintos estamentos gubernamentales se negaran a agregar los resultados de los supuestos controles al expediente, el propio Zárate y los funcionarios judiciales realizaron un rastreo, detectando la presencia de agroquímicos, algunos de marcada peligrosidad como el clorpirifos. Los análisis fueron realizados por la Bolsa de Comercio de Rosario.

La causa siguió avanzando y en octubre pasado, Verónica Gotlieb -titular del juzgado Civil y Comercial N° 14- logró que el Ministerio de Salud firmara un convenio en donde se obligó a realizar los controles e informar los resultados a través de la web. Tal es el proceso que se inició este año y que tendrá sus primeras conclusiones en febrero.

"Lo importante es que estos fallos se hagan conocer para que la gente tome razón de que se pueden exigir estas cosas. Muchos productos han triplicado el nivel de tóxicos permitidos. Es necesario que sepamos lo que estamos comiendo, y que saquemos los agrotóxicos de la comida", explicó Zárate en diálogo con El Litoral.

La Resolución establece que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) semanalmente deberá recabar los datos de frutas y verduras (4 muestras semanales de 4 productos, y un mínimo de 104 en el semestre), en los mercados de concentración y de productores de las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Desacuerdo

Desde el Mercado de Concentración de Fisherton -uno de los dos puntos mayoristas que posee Rosario-, su gerenta Marcela Sisino se mostró ofuscada por la decisión de la jueza: "El fallo es una muy linda expresión de deseos. Lo que lamento es que no hayan tenido en cuenta la expertise de los mercados mayoristas de la provincia para consultarnos", aseveró.

Sisino opinó que "no es al final de la cadena de comercialización donde se tiene que tomar la muestra", porque de esa forma "se pesca en la pecera, porque es lo más fácil". El enojo viene a cuenta de que la resolución judicial plantea la posibilidad de severas sanciones a los puesteros, en caso que se detecten agrotóxicos y no se pueda informar el origen de los productos. Las multas pueden ser superores a los 50 mil pesos.

"No nos vamos a oponer. Somos gente de derecho. Estamos para que nos fiscalicen, pero consideramos que tienen que ir a auditar a las quintas, a la zona de producción", continuó la ejecutiva, quien comparte la situación con el Mercado de Productores de Rosario y el Mercado de Abastecedores y Productores de Santa Fe.

Los análisis se realizarán con el asesoramiento de la facultad de Química de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con amplia experiencia en el tema.

Peligrosos

Desde el Taller Ecologista, ONG que milita hace años sobre la temática de los agrotóxicos, indicaron que los análisis incluidos en la causa mostraron la presencia de elementos como cipermetrina, clorpirifos, dimetoato, entre otros. "Algunos son plaguicidas altamente peligrosos según la propia identificación de la Organización Mundial de la Salud, siendo altamente tóxicos para las abejas, para los organismos acuáticos", afirmó Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos de la entidad.

Bianco agregó que "en relación al clorpirifos, su uso está prohibido en California (Estados Unidos) y a partir de este año lo harán los países de la Unión Europea, por afectar el desarrollo del cerebro, estar vinculado al autismo, déficit de atención, y disminución del coeficiente intelectual".

A la espera de un fallo de la corte nacional

En el fuero federal, el abogado ambientalista Enrique Zárate también consiguió algunos avances, pero ahora la causa está a la espera de un fallo de la Corte Suprema. En 2018, la jueza Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario ordenó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que realice al menos 6 inspecciones y 24 monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas que se comercializan en la ciudad, y que -aún más importante- diera publicidad a las inspecciones.

La decisión, que llegó después de los estudios encargados por el propio Zárate detectaran hasta 11 agroquímicos en el 75% de las muestras, generó la reacción del Estado nacional, se amparó en las disposiciones de la ley de acceso a la información pública.

En su fallo, la magistrada tildó esa conducta omisiva del organismo nacional -que se negó anteriormente a mostrar los resultados de sus inspecciones- como "reprochable", ya que no brinda un "acabado y veraz cumplimiento a su deber de control y fiscalización de los vegetales provenientes del tráfico federal en forma regular, oportuna y continua para evitar la producción y comercialización de vegetales contaminados por plaguicidas en valores por encima de los límites máximos permitidos, y evitar el riesgo a la salud del consumidor".

La medida fue ratificada por la sala B de la Cámara, pero luego fue apelada por el Estado nacional, encontrandose ahora en la órbita del máximo tribunal.