Allanaron el Ministerio de Salud en el marco de la causa por la demora de las vacunas de AstraZeneca

Allanaron este jueves las sedes de Astrazeneca y el Ministerio de Salud en el marco de la causa que investiga si se cometió algún delito en el incumplimiento de la entrega de las dosis del laboratorio. El procedimiento estaba a cargo de las fuerzas policiales.

El fiscal Marijuan, a cargo de la causa, quiere conocer los detalles las negociaciones entre el Gobierno de Alberto Fernández y los responsables del laboratorio mexicano. Es por eso que quiere secuestrar los mails y las computadoras que podrían tener esa información, sobre todo teniendo en cuenta el cronograma preliminar de entrega de vacunas y cuantas efectivamente se concretaron. El año pasado se habían firmado contratos para la provisión de 22,4 millones de vacunas contra el COVID-19.

Estos procedimientos se activaron después de un fallo firmado el jueves por la Cámara Federal. Es que Marijuan, que tenía delegada la investigación, había solicitado estos procedimientos al juez Julián Ercolini, que consideró que había otras alternativas para hacerse de ese material. Fue por eso que el fiscal apeló y ayer, al evaluar la cuestión, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi anularon la resolución de Ercolini.

En ese contexto, el juez hizo lugar el jueves a los procedimientos pedidos delegados en el fiscal. Y al mismo tiempo dispuso el secreto de sumario de la causa.

El contrato fue firmado entre el Ministerio de Salud y el laboratorio AstraZeneca para la provisión de más de 22,4 millones de vacunas contra el Covid-19 por un monto aproximado de USD 90 millones. En marzo tenían que llegar al país 2.382.000 de dosis y a partir de mes, sucesivamente, 4.040.000 vacunas hasta cubrir con la totalidad pactada.

Para eso, el Estado ya había pagado en 12 de noviembre un total de 17.943.873,60 dólares; y el 8 de febrero de 2021 se concretó el pago de 35.887.747,20. Sin embargo, esas dosis no llegaron en este tiempo. El 11 de mayo, cuando la causa judicial ya estaba iniciada, la ministra Carla Vizzotti anunció que recién entonces Argentina comenzaría a recibir las primeras dosis.

En sus dictámenes, el fiscal Marijuan hablaba de “la gravedad de los hechos denunciados y por los cuales se habría visto perjudicado patrimonialmente el Estado y como consecuencia de ello, demorado el proceso de vacunación dirigido a los habitantes y aumentando el riesgo de propagación de la pandemia en el territorio nacional”.

Y resaltó que “la hipótesis introducida también contempla que el Estado Nacional se encontró obligado a comenzar negociaciones con otros laboratorios, y emplear nuevas sumas de dinero para cubrir tales gastos”.

Para Marijuan, el silencio que mantuvo el laboratorio en los meses en que la vacuna no fue entregada “refuerza la hipótesis delictiva introducida en lo referente a una posible maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado Nacional”. En ese contexto, Marijuan pidió una serie de diligencias para avanzar con la investigación.

Según la explicación oficial, hubo problemas en México con el laboratorio Liomont, quien formula fracciona y envasa el principio activo que mAbxience produce en Argentina y que determinó una demora en el inicio de la producción. Aunque Sigman destacó que “mAbxience ha cumplido con los objetivos, tanto en tiempo como en cantidad, y así lo seguirá haciendo”, reconoció que en todo el mundo “el problema es la oferta de vacunas. Salvo Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña, todos los países experimentan retrasos en la llegada de las dosis comprometidas”.